José Moreno Romos

Expediente 4/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
4/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
  • José Moreno Romos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental, así como el original del incidente, pues se negó y se concedió la medida cautelar, por ende glósese. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Ahora, devuélvanse a la autoridad responsable el anexo que remitió en autos, sin que sea necesario que acuse por su recibo por tratarse de copias certificadas.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO MARÍA GUADALUPE CIENFUEGO VILLANUEVA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO POR MEDIO DE LISTA: "Visto lo de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: 1. Dejar insubsistente la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la revocación promovida contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, derivado del expediente 1321/2013, relativo al procedimiento de divorcio, en consecuencia, la audiencia celebrada el trece de diciembre de dos mil diecisiete; y, 2. Dictara una nueva determinación, en la que no determinara el porcentaje para la partición de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, ya que ello será materia de la junta de partición que deberá verificarse. Inconforme con lo anterior, la tercero interesada interpuso recurso de revisión que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien lo registró con el número 80/2018, y por ejecutoria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho resolvió: "PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión Ampara y Protege a José Moreno Ramos, en los términos de la sentencia que se revisa." El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se requirió su cumplimiento (foja 86). Mediante oficio 1430/2018 recibido el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada de la resolución de treinta y uno de enero del mismo año, en la que ordenó dejar insubsistente la diversa se ocho de diciembre de dos mil diecisiete y resolvió el recurso planteado en el que declaró procendente el recurso de revocación interpuesto por José Moreno Ramos y dictó el proveído de diecisiete de noviembre del mismo año. Por auto de once del presente mes y año, se determinó que la responsable no había acatado la sentencia de amparo, lo que generó le fuera solicitado el debido cumplimiento a la misma, atendiendo los lineamientos establecidos. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 1714, recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de mayo del año en curso, la responsable remitió copia certificada de la resolución de quince del mismo mes y año, en el expediente 1321/2013, en la que atendiendo los lineamientos de la sentencia amparadora, resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y señaló día y hora para llevar a cabo la junta prevista por el artículo 2.175 del Código adjetivo civil (foja 118 a 125). Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que fueron atendidos los efectos del fallo protector, dado que el quince de mayo de dos mil dieciocho, la responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, donde sin hacer pronunciamiento respecto al porcentaje a repartir, citó a las partes a ponerse de acuerdo para la partición de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos."

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio suscrito por la autoridad responsable, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta y atento a lo manifestado por la parte quejosa, se procede a calificar el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: 1. Dejar insubsistente la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la revocación promovida contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, derivado del expediente 1321/2013, relativo al procedimiento de divorcio, en consecuencia, la audiencia celebrada el trece de diciembre de dos mil diecisiete; y, 2. Dictara una nueva determinación, en la que no determinara el porcentaje para la partición de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, ya que ello será materia de la junta de partición que deberá verificarse. Inconforme con lo anterior, la tercero interesada interpuso recurso de revisión que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien lo registró con el número 80/2018, y por ejecutoria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho resolvió: "PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión Ampara y Protege a José Moreno Ramos, en los términos de la sentencia que se revisa." El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se requirió su cumplimiento (foja 86). Mediante oficio 1430/2018 recibido el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada de la resolución de treinta y uno de enero del mismo año, en la que ordenó dejar insubsistente la diversa se ocho de diciembre de dos mil diecisiete y resolvió el recurso planteado en el que declaró procendente el recurso de revocación interpuesto por José Moreno Ramos y dictó el proveído de diecisiete de noviembre del mismo año, que dice: ".La autoridad decide: Que los agravios formulados por el recurrente son acertados, ya que no se puede señalar fecha y hora para que los ex cónyuges se pongan de acuerdo en la forma de la repartición, pues primero se debe llevar a cabo el avalúo correspondiente de los que fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio y después dar cumplimiento a los que establece el artículo 2.175 del Código Adjetivo Civil y va a ser el momento preciso en que se pongan de acuerdo en la forma y porcentajes de su partición o en su caso designen perito partidos y si no hay consenso, entonces el juzgador lo nombrará. Como resultado de todo ello y de acuerdo a los principios de debido proceso, equidad y justicia, se declara procedente el recurso de revocación interpuesto por JOSÉ MORENO RAMOS, de ahí que ese proveído debe quedar en los términos siguientes: AUTO. Toluca, México, diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). A sus autos el escrito de cuenta, una vez analizado y estudiado su contenido, se tiene por reproducida la parte de la sentencia dictada el veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014), en donde se le reconoce el derecho que tiene al haber patrimonial que se generó durante la vigencia del matrimonio. Sin embargo, no se puede tomar como válido el argumento que indica en el sentido de que la declarar procedente su pretensión (repartición de bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio) esto debe ser en proporción al cincuenta por ciento (50%), pues en la definitiva nunca se estableció esa forma de partición, si no más bien, se asentó que ya se sabía cuáles eran los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal (al haberse acreditado la propiedad) y lo procedente era llevar a cabo el avalúo correspondiente y dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.175 del Código Adjetivo Civil, a fin de que los ex cónyuges establezcan las bases para su partición o en su defecto se nombre perito en la materia. Entonces para estar en la posibilidad de dar cumplimiento al resolutivo TERCERO de la sentencia definitiva, lo que implica señalar fecha y hora para que los contendientes establezcan las bases de su partición o en su defecto se nombren perito, primero es necesario llevar a cabo el avalúo correspondiente. Reiterando que en la sentencia definitiva al resolver lo referente a la pretensión de repartición de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, nunca se estableció que sería a razón del cincuenta por ciento (50%), ya que en caso de hacerse de esa manera se dejaría en estado de indefensión a JOSÉ MORENO RAMOS ya que se le resta la posibilidad de llegar a un consenso con la promovente o en su caso no podrá exponer su propuesta de la forma en que debería hacerse la partición de los bienes, pues la junta de partición no se contrae en decidir sobre qué bienes debe hacerse, sino precisamente en establecer las bases para su partición.." Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, así como lo manifestado por el solicitante del amparo, se desprende que no fueron atendidos los efectos del fallo protector, por lo que no se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Ello es así, pues como se indicó con anterioridad los efectos de la sentencia amparadora fueron dejar insubsistente la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la revocación promovida contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, derivado del expediente 1321/2013, relativo al procedimiento de divorcio, en consecuencia, la audiencia celebrada el trece de diciembre de dos mil diecisiete; lo que sucedió de manera parcial, pues dejó insubsistente la primera resolución, no así como consecuencia la audiencia de trece de diciembre de dos mil diecisiete, tal como le fue indicado. Luego, el segundo de los efectos fue para que dictara una nueva determinación, en la que no determinara el porcentaje para la partición de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, ya que ello será materia de la junta de partición que deberá verificarse. Cuestión que como indica el solicitante del amparo resultó excesiva, atendiendo a que el numeral 2.175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que cuando la sentencia condene a dividir un bien común, y no se den las bases de la partición, se celebrará una junta para que se determinen o designen partidor y si no se pusieren de acuerdo el Juez designará al partidor, señalándole plazo para presentar proyecto de partición; no obstante, la responsable condicionó la celebración de dicha junta a llevar a cabo el avalúo correspondiente de los que fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Determinación que quien acuerda determina incorrecta, toda vez que la responsable debe constreñirse a ordenar se lleve a cabo la junta para determinar la partición, donde en caso de no ponerse de acuerdo las partes designe un partidor que presente proyecto respectivo, sin que para que ello condicione a las partes a un previo avalúo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, para que en el término de tres días, computados a partir de su legal notificación dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa, en los términos precisados en la misma; de igual manera, adjunte la totalidad de constancias certificadas que acrediten su dicho. En el entendido de que, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá, a la persona física que ostente dicho cargo, una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando dejen su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que haya permanecido en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignada en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Norma María Cantinca Hernández, que da fe.

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