Jose Morales Fuentes

Expediente 683/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
683/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Jose Morales Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: SE DECLARA QUE EL AUTO QUE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO HA CAUSADO ESTADO. ARCHÍVESE EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN TRES AÑOS. REQUIERASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE COMPAREZCA EN EL TÉRMINO DE 90 DÍAS A RECOGER DOCUMENTO(S) SUSCEPTIBLE(S) DE DEVOLUCIÓN APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE PROCEDERÁ A SU DESTRUCCIÓN.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado y anexo(s) de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Como lo solicita el Presidente de la Junta responsable, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de la materia, téngase como delegada de su parte a la persona que menciona. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la Junta responsable la documental que anexó a su informe de mérito. Ahora bien, visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por el Presidente de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el cual se señala el trece de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución en el expediente laboral 771/2019. Ahora bien, del anexo que acompañó el Presidente de la Junta responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada del acuerdo dictado el veintiséis de octubre del año en curso, en el juicio laboral 771/2019, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído veintiuno de septiembre del presente año, y señaló como nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución las diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1291, 1972 y 2023 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones4. En ese contexto, en opinión del suscrito, respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. La Junta responsable demostró haber dictado un acuerdo en el que expresamente dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído de veintiuno de septiembre del año actual, fijando para la celebración de la audiencia inicial de conciliación, demanda y 1 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes". 2 "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo". 3 "Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal". 4 Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". excepciones, pruebas y resolución las diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio laboral de origen; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Lo anterior máxime porque los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, pues se ha modificado el entorno en el cual se emitió el acto reclamado, consistente en el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 771/2019, a través del cual se señaló el trece de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, ya que a través del diverso de veintiséis de octubre del año en curso, se fijó una nueva para llevar a cabo dicha audiencia, en fecha previa a la que fue inicialmente señalada y que además, se celebrará dentro de los quince días hábiles siguientes. Esto es, la nueva fecha y hora señalada para la celebración de la multicitada audiencia se actualizará a los quince días hábiles5 de la data en que se emitió el nuevo acuerdo, generando con ello el fin buscado por la parte quejosa a través de su demanda de amparo, pues ésta pretendía que se analizara si la data fijada a través del acuerdo reclamado se encontraba dentro del término marcado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y en caso de no ser así, se ordenara señalar una nueva dentro del plazo previsto por dicha norma. Lo que ya ha ocurrido en el presente caso, por lo que en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, dada la imposibilidad de que los efectos del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se realicen o se continúen realizando, en la parte relativa al señalamiento de la fecha en que se iba a celebrar la audiencia aludida, pues ya se encuentra surtiendo efectos la nueva que se fijó a través del ulterior acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso. 5 Sin contar siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós de marzo de dos mil veinte, por ser inhábiles para la autoridad responsable de conformidad con el artículo 715, de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, personalmente a la parte quejosa; así como mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Se sobresee este juicio fuera de audiencia constitucional.

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