Jose Monterrosas Chavez
Expediente 539/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Monterrosas Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de junio de dos mil veintidós. SOBRES DEVUELTOSAgréguense a los autos las piezas postales que devuelve el Servicio Postal Mexicano, las cuales contienen los oficios 20949/2022, 20950/2022, 20951/2022 y 20955/2022 dirigidos a las autoridades foráneas: 20949/2022 FISCAL DE INVESTIGACION REGIONAL CON SEDE EN TEHUACAN, ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 20950/2022 FISCAL DE INVESTIGACION REGIONAL CON SEDE EN TECAMACHALCO, ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 20951/2022 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION TEHUACAN, DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 20955/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO ADSCRITO A LA FISCALIA REGIONAL DE INVESTIGACION DE TEHUACAN. (AUTORIDAD RESPONSABLE) Los cuales fueron devueltos, en virtud de que no se precisa a que titular van dirigidos o la denominación es errónea; en tales condiciones téngase por inexistentes a las mencionadas autoridades responsables, suspendiéndose toda comunicación con éstas, por lo que continúa el presente asunto únicamente respecto de las autoridades existentes. No se realiza mayor proveído en virtud de que por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo que Eva Acela Chávez Ramírez promovió en favor de José Monterrosas Chávez. CAUSA ESTADO Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DICHO AUTO CAUSA ESTADO. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: - Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. - Es DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general citado, porque se concedió la suspensión de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto procede conservarse durante un plazo de tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIÓN EN CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérsele hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. EXPEDICIÓN DE COPIA AUTORIZADA Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado por auto de seis de junio de dos mil veintidós, mediante oficio que al efecto se gire, remítase copia autorizada del presente proveído, al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo 547/2022-VI-11, de su índice.
- Principal
Puebla, Puebla, a primero de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el original del despacho número 399/2022 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó la notificación de la parte quejosa Eva Acela Chávez Ramírez. Hágase la precisión que por un error mecanográfico se capturó como despacho 339/2022, con número de orden 520/2022, siendo el número correcto el despacho 399/2022, sin variar el número de orden. En consecuencia, acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja el despacho 399/2022 en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, y tomando en consideración que la citada parte quejosa Eva Acela Chávez Ramírez, a la fecha no ha señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la referida parte el presente proveído, así como los subsecuentes aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, se ordenó reservar la notificación de la parte quejosa, hasta en tanto se tuviera conocimiento del resultado de la diligencia ordenada mediante despacho de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, lo cual ya aconteció; en tales condiciones, notifíquese mediante lista a la parte quejosa el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós.
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EN CUMPLIMIENTO AL PROVEIDO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido al quejoso José Monterrosas Chavez, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para que en caso de que ratificara la demanda de amparo, precisara en qué consistieron los actos de incomunicación, los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, los palos y golpes de los que dice ha sido objeto, a los que se alude al señalar los actos reclamados, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de dieciocho de mayo de esta anualidad y se procede a acordar la demanda con los datos que obran en la misma. DESECHAMIENTO Este Juzgador advierte que la demanda de amparo que nos ocupa, respecto de los actos de incomunicación, es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es el cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada. En la especie, se observa que Eva Acela Chavez Ramírez promovió la demanda en estudio, en favor de José Monterrosas Chavez, y reclamó del FISCAL GENERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades, lo siguiente: ".La incomunicación, los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, los palos y golpes de que han sido objetos y la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial que se aplican al quejoso." Así mismo, al relatar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado Ofelia Suárez Ramírez, medularmente, refiere que: "3.- LUGAR DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LOS QUEJOSOS.- El quejoso JOSE MONTERROSAS CHAVEZ, lo están cambiando de un lugar a otro, el registro nacional de detenciones establece que se encuentran en traslado sin señalar en donde o en que lugar, los policías municipales dicen que se encuentra en las instalaciones de la FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio conocido en 5 de mayo y 31 oriente de la colonia ladrillera de Benítez o si no dicen que ya se lo llevaron a la FISCAL ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, mismas que se encuentra a un costado de las instalaciones de la casa de Justicia Centro del Poder Judicial del Estado de Puebla, en calle 11 sur esquina prolongación 121 poniente, colonia ex hacienda mayorazgo y por último que se lo llevaron a la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 1 con domicilio conocido en las instalaciones del complejo metropolitano de seguridad publica C5, ubicadas en anillo periférico ecológico km. 4.5, San Jose Vista Hermosa, 72190 Puebla, Puebla y que si no se lo pudieron llevar a la Fiscalía de Investigación Regional de Tehuacán en el Estado de Puebla o a la Fiscalía de Investigación Regional de Tecamachalco en el Estado de Puebla." Esto es, el acto al que alude y los hechos que relata Eva Acela Chavez Ramírez en favor de José Monterrosas Chavez, se refieren a la incomunicación, el cual se encuentra previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal, en cuyo supuesto cualquier persona puede promover en nombre del quejoso directo en caso de estar imposibilitado para ello, lo que en el caso, de momento se infirió, en razón de los antecedentes relatados. No obstante, las autoridades responsables, específicamente el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA y el JEFE DE GRUPO MINISTERIAL, ADSCRITO A LA U.A.P. FIM CUAUTLANCINGO ÁREA DE SEGURIDAD COMPLEJO METROPOLITANO C-5, al dar cumplimiento a lo ordenado por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, señalaron que José Monterrosas Chavez, no se encontraba incomunicado. Para sustentar lo anterior, el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA remitió en apoyo a su informe, entre otras documentales, la constancia de llamada telefónica del indiciado, es decir de José Monterrosas Chavez, de donde se desprende que a las cinco horas con veinte minutos del dieciocho de mayo del presente año, se le hizo saber que al tener el carácter de indiciado, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRTANCIA-I/008455/2022, tenía derecho a una llamada telefónica, manifestando el quejoso que por el momento no era su deseo realizar llamada telefónica, firmando dicha diligencia el referido quejoso. Asimismo, al no contar con defensor particular que lo asistiera se le designó un defensor público. Así mismo, el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA remitió el acuerdo de retención dictado el dieciocho de mayo de la presenta anualidad, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRTANCIA-I/008455/2022, de donde se advierte: ".POR LO QUE SIENDO LAS 01:22 HORAS EL SUSCRITO ANDRES LUCIO CANO LES HICE SABER DE MANERA CONJUNTA A QUIENES REFIRIERON LLAMARSE JOSÉ MONTERROSAS CHAVEZ Y JESÚS SÁNCHEZ ZAMORA QUE QUEDABAN EN CALIDAD DE PERSONAS DETENIDAS." Por su parte, el JEFE DE GRUPO MINISTERIAL, ADSCRITO A LA U.A.P. FIM CUAUTLANCINGO ÁREA DE SEGURIDAD COMPLEJO METROPOLITANO C-5 manifestó, mediante oficio acordado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, que: ".el abogado Oscar Antonio Moctezuma solicito el ingreso al área de seguridad del Cuartel Metropolitano de Seguridad C-5 del quejoso de garantías, en virtud de que se encuentran a su disposición por el delito de Robo Agravado, (protocolo de linchamiento) persona que fue conducida al área de seguridad por elementos de la Policía Estatal, el día 18 de mayo de 2022, a las 11:45 horas." Documentales públicas valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales hacen prueba plena. Por lo que no obstante, que al describir el acto reclamado, la promovente Eva Acela Chavez Ramírez fue omisa en señalar el espacio de tiempo en el que presuntamente se encontró incomunicado José Monterrosas Chavez, dicha omisión se subsana, tomando en consideración que de las constancias remitidas por las autoridades responsables aludidas, se advierte el momento de la detención y puesta a disposición del quejoso directo José Monterrosas Chavez, y que por otra parte, de la demanda de amparo se desprende que fue presentada vía electrónica, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós , donde la quejosa manifestó: "lo están cambiando de un lugar a otro"; de lo anterior, podemos concluir que el lapso en el que presuntamente estuvo incomunicado el quejoso, es el que abarca de la una con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós (momento de la detención) a las diez horas con veinte minutos del mismo día (momento de la presentación de la demanda de amparo). Conforme a lo anterior, no se observa algún hecho que permita concluir que el quejoso José Monterrosas Chavez estuviera ciertamente incomunicado al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues como se dijo la promovente refirió que al quejoso lo estaban cambiando de un lugar a otro; máxime que como se advierte de la diligencia de notificacion suscrita por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el quejoso manifestó: "no estoy incomunicado". Sin que obste a lo anterior, que la demanda haya sido ratificada por el quejoso en cita, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós a las diecisiete horas con quince minutos, pues ello no conlleva a satisfacer el requisito de instancia de parte agraviada, atinente a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior, porque al momento de la presentación de la demanda no consta que se encontrara incomunicado, sino que por el contrario, de las constancias remitidas antes mencionadas, se advierte que a las cinco horas con veinte minutos del dieciocho de mayo del presente año, se le hizo saber al quejoso que al tener el carácter de indiciado, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRTANCIA-I/008455/2022, tenía derecho a una llamada telefónica, manifestando el quejoso que por el momento no era su deseo realizar llamada telefónica, firmando dicha diligencia el referido quejoso. Además, porque al no contar con abogado defensor, se le designó un defensor de oficio. QUEJOSO NO MANIFESTÓ EN QUE CONSISTIERON LOS ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, LOS ACTOS DE TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS, LOS PALOS Y GOLPES DE LOS QUE DICE HA SIDO OBJETO A LOS QUE SE ALUDE AL SEÑALAR LOS ACTOS RECLAMADOS Por otra parte, el quejoso no señaló en qué consistieron los actos de incomunicación, a los que se alude al señalar los actos reclamados, pues en dicho ocurso de uno de dieciocho de mayo la presente anualidad, por lo que únicamente se resuelve sobre la admisión de la demanda de garantías con las constancias que obran en el sumario; además de que tampoco se ofrece probanza que lleve a determinar que el quejoso se encontraba incomunicado a la fecha y hora de la presentación de la demanda y por ende, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Eva Acela Chavez Ramírez estuviera en aptitud de promover en nombre de José Monterrosas Chavez, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que no se acredita que el aquí quejoso se encontrara real y efectivamente incomunicado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dentro del lapso de tiempo que comprendió de la una con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, (momento de la detención) a las diez horas con veinte minutos del mismo día (momento de la presentación de la demanda de amparo). En ese sentido, si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; sin embargo, dicho numeral impone un requisito sine quanon a fin de que cualquier otra persona pueda promover el amparo a favor del quejoso, en su nombre. Lo anterior es así, pues en el citado numeral se pueden leer las siguientes frases: "Cuando traten de actos que importen. incomunicación." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.." Conforme a lo cual, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda pueda ser promovida por cualquier extraño distinto al quejoso, sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además, debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación. Por otra parte, respecto a los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, los palos y golpes de los que dice ha sido objeto a los que se alude al señalar los actos reclamados, se advierte que dichos actos son inexistentes, pues del dictamen médico 438, de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, derivado de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRTANCIA-I/008455/2022, se desprende que después de haber revisado clínicamente al quejoso José Monterrosas Chavez, éste no presentaba huella de lesión visible reciente, lo que se corrobora con lo asentado por el actuario judicial adscrito en la diligencia de notificación de dieciocho de mayo de dos mil veintidós a las diecisiete horas con quince minutos, de donde se advierte que el quejoso de referencia "no presenta lesiones visibles". Con relación al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, al haber cesado los efectos del mismo, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues si bien es cierto el aquí quejoso fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable intervención en la comisión del ilícito de robo agravado (protocolo de linchamiento), también lo es que se tiene constancia consistente en el oficio 008455-11/2021 suscrito por el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, que el dieciocho de mayo de la presente anualidad se decretó libertad en favor del quejoso José Monterrosas Chavez. De ahí que resulta indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable resolvió la situación jurídica del quejoso y ordenó su inmediata libertad, con lo que se destruyeron los efectos del acto reclamado, dado que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, en contrario sentido, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo conforme al diverso 113 del mismo cuerpo normativo respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación. Por lo anterior, resulta innecesario ordenar dar vista al quejoso respecto a la inexistencia de las autoridades responsables: 20952/2022 TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, 20953/2022 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 1; y 20954/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. JUZGADO SOLICITA COPIAS Y SE LE INFORME ESTADO PROCESAL DEL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS Agréguese a los autos el oficio 24159/2022, suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como lo solicita el homologo federal, remítanse las constancias que indica, haciéndosele saber que en esta data se resolvió desechar de plano la demanda de garantías por los motivos expuestos.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido al quejoso José Monterrosas Chavez, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para que en caso de que ratificara la demanda de amparo, precisara en qué consistieron los actos de incomunicación, los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, los palos y golpes de los que dice ha sido objeto, a los que se alude al señalar los actos reclamados, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de dieciocho de mayo de esta anualidad y se procede a acordar la demanda con los datos que obran en la misma. DESECHAMIENTO Este Juzgador advierte que la demanda de amparo que nos ocupa, respecto de los actos de incomunicación, es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es el cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada. En la especie, se observa que Eva Acela Chavez Ramírez promovió la demanda en estudio, en favor de José Monterrosas Chavez, y reclamó del FISCAL GENERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades, lo siguiente: ".La incomunicación, los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, los palos y golpes de que han sido objetos y la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial que se aplican al quejoso." Así mismo, al relatar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado Ofelia Suárez Ramírez, medularmente, refiere que: "3.- LUGAR DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LOS QUEJOSOS.- El quejoso JOSE MONTERROSAS CHAVEZ, lo están cambiando de un lugar a otro, el registro nacional de detenciones establece que se encuentran en traslado sin señalar en donde o en que lugar, los policías municipales dicen que se encuentra en las instalaciones de la FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio conocido en 5 de mayo y 31 oriente de la colonia ladrillera de Benítez o si no dicen que ya se lo llevaron a la FISCAL ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, mismas que se encuentra a un costado de las instalaciones de la casa de Justicia Centro del Poder Judicial del Estado de Puebla, en calle 11 sur esquina prolongación 121 poniente, colonia ex hacienda mayorazgo y por último que se lo llevaron a la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 1 con domicilio conocido en las instalaciones del complejo metropolitano de seguridad publica C5, ubicadas en anillo periférico ecológico km. 4.5, San Jose Vista Hermosa, 72190 Puebla, Puebla y que si no se lo pudieron llevar a la Fiscalía de Investigación Regional de Tehuacán en el Estado de Puebla o a la Fiscalía de Investigación Regional de Tecamachalco en el Estado de Puebla." Esto es, el acto al que alude y los hechos que relata Eva Acela Chavez Ramírez en favor de José Monterrosas Chavez, se refieren a la incomunicación, el cual se encuentra previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal, en cuyo supuesto cualquier persona puede promover en nombre del quejoso directo en caso de estar imposibilitado para ello, lo que en el caso, de momento se infirió, en razón de los antecedentes relatados. No obstante, las autoridades responsables, específicamente el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA y el JEFE DE GRUPO MINISTERIAL, ADSCRITO A LA U.A.P. FIM CUAUTLANCINGO ÁREA DE SEGURIDAD COMPLEJO METROPOLITANO C-5, al dar cumplimiento a lo ordenado por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, señalaron que José Monterrosas Chavez, no se encontraba incomunicado. Para sustentar lo anterior, el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA remitió en apoyo a su informe, entre otras documentales, la constancia de llamada telefónica del indiciado, es decir de José Monterrosas Chavez, de donde se desprende que a las cinco horas con veinte minutos del dieciocho de mayo del presente año, se le hizo saber que al tener el carácter de indiciado, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRTANCIA-I/008455/2022, tenía derecho a una llamada telefónica, manifestando el quejoso que por el momento no era su deseo realizar llamada telefónica, firmando dicha diligencia el referido quejoso. Asimismo, al no contar con defensor particular que lo asistiera se le designó un defensor público. Así mismo, el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA remitió el acuerdo de retención dictado el dieciocho de mayo de la presenta anualidad, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRTANCIA-I/008455/2022, de donde se advierte: ".POR LO QUE SIENDO LAS 01:22 HORAS EL SUSCRITO ANDRES LUCIO CANO LES HICE SABER DE MANERA CONJUNTA A QUIENES REFIRIERON LLAMARSE JOSÉ MONTERROSAS CHAVEZ Y JESÚS SÁNCHEZ ZAMORA QUE QUEDABAN EN CALIDAD DE PERSONAS DETENIDAS." Por su parte, el JEFE DE GRUPO MINISTERIAL, ADSCRITO A LA U.A.P. FIM CUAUTLANCINGO ÁREA DE SEGURIDAD COMPLEJO METROPOLITANO C-5 manifestó, mediante oficio acordado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, que: ".el abogado Oscar Antonio Moctezuma solicito el ingreso al área de seguridad del Cuartel Metropolitano de Seguridad C-5 del quejoso de garantías, en virtud de que se encuentran a su disposición por el delito de Robo Agravado, (protocolo de linchamiento) persona que fue conducida al área de seguridad por elementos de la Policía Estatal, el día 18 de mayo de 2022, a las 11:45 horas." Documentales públicas valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales hacen prueba plena. Por lo que no obstante, que al describir el acto reclamado, la promovente Eva Acela Chavez Ramírez fue omisa en señalar el espacio de tiempo en el que presuntamente se encontró incomunicado José Monterrosas Chavez, dicha omisión se subsana, tomando en consideración que de las constancias remitidas por las autoridades responsables aludidas, se advierte el momento de la detención y puesta a disposición del quejoso directo José Monterrosas Chavez, y que por otra parte, de la demanda de amparo se desprende que fue presentada vía electrónica, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós , donde la quejosa manifestó: "lo están cambiando de un lugar a otro"; de lo anterior, podemos concluir que el lapso en el que presuntamente estuvo incomunicado el quejoso, es el que abarca de la una con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós (momento de la detención) a las diez horas con veinte minutos del mismo día (momento de la presentación de la demanda de amparo). Conforme a lo anterior, no se observa algún hecho que permita concluir que el quejoso José Monterrosas Chavez estuviera ciertamente incomunicado al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues como se dijo la promovente refirió que al quejoso lo estaban cambiando de un lugar a otro; máxime que como se advierte de la diligencia de notificacion suscrita por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el quejoso manifestó: "no estoy incomunicado". Sin que obste a lo anterior, que la demanda haya sido ratificada por el quejoso en cita, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós a las diecisiete horas con quince minutos, pues ello no conlleva a satisfacer el requisito de instancia de parte agraviada, atinente a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior, porque al momento de la presentación de la demanda no consta que se encontrara incomunicado, sino que por el contrario, de las constancias remitidas antes mencionadas, se advierte que a las cinco horas con veinte minutos del dieciocho de mayo del presente año, se le hizo saber al quejoso que al tener el carácter de indiciado, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRTANCIA-I/008455/2022, tenía derecho a una llamada telefónica, manifestando el quejoso que por el momento no era su deseo realizar llamada telefónica, firmando dicha diligencia el referido quejoso. Además, porque al no contar con abogado defensor, se le designó un defensor de oficio. QUEJOSO NO MANIFESTÓ EN QUE CONSISTIERON LOS ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, LOS ACTOS DE TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS, LOS PALOS Y GOLPES DE LOS QUE DICE HA SIDO OBJETO A LOS QUE SE ALUDE AL SEÑALAR LOS ACTOS RECLAMADOS Por otra parte, el quejoso no señaló en qué consistieron los actos de incomunicación, a los que se alude al señalar los actos reclamados, pues en dicho ocurso de uno de dieciocho de mayo la presente anualidad, por lo que únicamente se resuelve sobre la admisión de la demanda de garantías con las constancias que obran en el sumario; además de que tampoco se ofrece probanza que lleve a determinar que el quejoso se encontraba incomunicado a la fecha y hora de la presentación de la demanda y por ende, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Eva Acela Chavez Ramírez estuviera en aptitud de promover en nombre de José Monterrosas Chavez, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que no se acredita que el aquí quejoso se encontrara real y efectivamente incomunicado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dentro del lapso de tiempo que comprendió de la una con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, (momento de la detención) a las diez horas con veinte minutos del mismo día (momento de la presentación de la demanda de amparo). En ese sentido, si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; sin embargo, dicho numeral impone un requisito sine quanon a fin de que cualquier otra persona pueda promover el amparo a favor del quejoso, en su nombre. Lo anterior es así, pues en el citado numeral se pueden leer las siguientes frases: "Cuando traten de actos que importen. incomunicación." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.." Conforme a lo cual, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda pueda ser promovida por cualquier extraño distinto al quejoso, sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además, debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación. Por otra parte, respecto a los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, los palos y golpes de los que dice ha sido objeto a los que se alude al señalar los actos reclamados, se advierte que dichos actos son inexistentes, pues del dictamen médico 438, de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, derivado de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRTANCIA-I/008455/2022, se desprende que después de haber revisado clínicamente al quejoso José Monterrosas Chavez, éste no presentaba huella de lesión visible reciente, lo que se corrobora con lo asentado por el actuario judicial adscrito en la diligencia de notificación de dieciocho de mayo de dos mil veintidós a las diecisiete horas con quince minutos, de donde se advierte que el quejoso de referencia "no presenta lesiones visibles". Con relación al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, al haber cesado los efectos del mismo, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues si bien es cierto el aquí quejoso fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable intervención en la comisión del ilícito de robo agravado (protocolo de linchamiento), también lo es que se tiene constancia consistente en el oficio 008455-11/2021 suscrito por el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, que el dieciocho de mayo de la presente anualidad se decretó libertad en favor del quejoso José Monterrosas Chavez. De ahí que resulta indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable resolvió la situación jurídica del quejoso y ordenó su inmediata libertad, con lo que se destruyeron los efectos del acto reclamado, dado que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, en contrario sentido, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo conforme al diverso 113 del mismo cuerpo normativo respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación. Por lo anterior, resulta innecesario ordenar dar vista al quejoso respecto a la inexistencia de las autoridades responsables: 20952/2022 TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, 20953/2022 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 1; y 20954/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. JUZGADO SOLICITA COPIAS Y SE LE INFORME ESTADO PROCESAL DEL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS Agréguese a los autos el oficio 24159/2022, suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como lo solicita el homologo federal, remítanse las constancias que indica, haciéndosele saber que en esta data se resolvió desechar de plano la demanda de garantías por los motivos expuestos.
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