José Monsiváis Villar
Expediente 440/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Monsiváis Villar
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de mayo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el quince de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la razón actuarial de veinticinco de mayo pasado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito, para notificar a la parte quejosa José Monsiváis Villar, el proveído de trece de mayo del año en curso, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado ante este órgano jurisdiccional, no le fue posible hallar el inmueble marcado con el número 1963 y al preguntar a los transeúntes tanto por el número del inmueble como por la parte quejosa o sus autorizados, fueron coincidentes en manifestar que no saben de la existencia del número, ni conocen a las personas buscadas; de lo que el suscrito toma conocimiento. En razón de lo anterior, toda vez que el quejoso no señaló diverso domicilio en donde pueda ser notificado, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíqueseles el presente proveído por lista de acuerdos a José Monsiváis Villar, así como el diverso de trece de mayo del año en curso y los subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista de acuerdos a José Monsiváis Villar... en cumplimiento a lo ordenado se notifica a la parte quejosa José Monsiváis Villar, el proveído de trece de mayo del año en curso... Boca del Río, Veracruz, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por José Monsiváis Villar; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 440/2022-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no se formaría una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Una vez establecido lo anterior, es dable indicar que la parte quejosa reclama: Asimismo en su capítulo de antecedentes, en específico en el punto número 7.- señala que el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, que revoca parcialmente la admisión de la "planilla de alimentos provisionales" promovida por la acreedora alimentaria dentro de los autos del juicio ordinario civil 1056/2020-X del índice Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, reconociendo el juez responsable que no puede aplicar en instrucción el artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, sin embargo, refiere que sigue de manera indebida pretendiendo liquidar y hacer exigible dicha medida provisional. Entonces, en el particular, el que suscribe estima que en el caso se colma el supuesto de inviabilidad que establece la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción V, de la ley en cita, debido a que la resolución reclamada es de carácter intraprocesal que no afecta materialmente los derechos sustantivos de la promovente. Tales numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no tengan efectos de imposible reparación; en la inteligencia de que la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, define lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, al establecer con toda precisión que son aquellos que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. En otras palabras, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento judicial, únicamente cuando ocasionan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no tratándose de derechos adjetivos o procesales. Ahora bien, la causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: Actos intraprocesales de imposible reparación. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. El acto reclamado es intraprocesal y no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo derechos procesales o adjetivos; porque solo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva. Ciertamente, el acto reclamado consiste en la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, que a decir del quejoso, "revocó parcialmente" la admisión de la "planilla de alimentos provisionales" promovida por la acreedora alimentaria dentro de los autos del juicio ordinario civil 1056/2020-X del índice Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, dado que el juez responsable sostuvo que a pesar de que no podía aplicar en instrucción el artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, sin embargo, sí procedía admitir a trámite la planilla de liquidación para hacer exigible (cuantificar el monto) dicha medida provisional. En ese sentido, el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella no se afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo como el patrimonio; pues no se trata de la resolución que dirime en definitiva o establece el quantum que debe cubrir el promovente de la acción constitucional, sino solo se admite a trámite una solicitud que, en su caso, ameritará pronunciamiento de fondo por parte del juez, en cuanto a determinar si existen o no adeudos con motivo de los alimentos provisionales decretados en el juicio natural. De esta manera, la mera admisión de la planilla no causa un perjuicio o afectación cierta e inmediata a un derecho sustantivo del quejoso; y, en su caso, una vez que se emita la resolución que decida de fondo lo solicitado por quien presentó la planilla, se podrá estar en posibilidad de evaluar si esa determinación afecta o no un derecho sustantivo del promovente. Así, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas a quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente una causa de sobreseimiento. Por lo tanto, al colmarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la ley de la materia, con apoyo en el diverso artículo 113 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Roberto Cevallos Torres y José Luis Camaño González, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho mediante el registro de su cédula en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas, ya que no se encuentra registrado en el sistema en comento y tampoco indicó número de cédula profesional para que se pueda consultar en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública... Notifíquese personalmente a la parte promovente...
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