José Molina Zambrano
Expediente 369/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Molina Zambrano
- Fiscal General del Estado
Actuaciones
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Molina Zambrano, contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en la ciudad, por lo que, provéase como a continuación se indica. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que aquélla es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se tiene que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso José Molina Zambrano, interpuso la demanda contra actos del Fiscal General del estado, con residencia en esta ciudad y diversas autoridades, en la que hace consistir el acto reclamado en: ".IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A QUIEN A CADA AUTORIDAD MENCIONADA EN EL CAPITULO ANTERIOR QUE SEÑALO COMO RESPONSABLE LE RECLAMO EL MISMO ACTO DE FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO QUE TRANSCURRE. En contra del acto de molestia DE FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2022, ejecutado por la OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ZONA NORTE DE ESTA CIUDAD donde al suscrito me es notificado que NO PASE LOS EXAMENES DE CONFIABILIDAD, EL SUSCRITO AL CUESTIONAR QUE EXAMENES NO ACREDITE SE ME DIO POR EL JEFE DE ASUNTOS INTERNOS QUE PORQUE MI EXAMEN TOXICOLOGICO HABIA SALIDO POSITIVO A DIFERENTES SUSTANCIAS ILICITAS, TAMBIEN ME DIJO QUE TENIA NEXOS CON EL NARCOTRAFICO, QUE OCULTO INFORMACION, QUE USO MI CARGO PARA OTRAS CORPORACIONES NO ME DETENGAN, QUE TENGO TRASTORNO DE PERSONALIDAD Y QUE NO ACATO ORDENES DIRECAS, en lo cual argumento su señoría el suscrito no consumo ningún tipo de drogas, no tengo nexos con el narcotráfico tan es así que jamás se ha iniciado una investigación en mi contra mucho menos he sido condenado por tal delito, jamás he ocultado información a mis superiores toda vez siempre me he conducido con orden y respeto a mis superiores, jamás he aprovechado mi cargo para evitar conflictos, najo protesta de decir verdad el suscrito jamás he cometido un ilícito, y respecto a las ultimas infundadas acusaciones el suscrito tengo casi 8 años laborando como agente estatal de investigación y jamás me ha sucedido algo al respecto esto fue por algunos conflictos internos y que en 9 días recibirías el cese de mis funciones únicamente me pusieron a firmar la notificación mas no me permitieron quedarme con la copia." En efecto en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del dispositivo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del accionante constitucional; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien, en el segundo, por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, el quejoso debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la jurisprudencia 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Asimismo, la jurisprudencia 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". De tal afirmación, se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , del rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN". Ello es así, del análisis integral de lo expuesto por el quejoso en su libelo de garantías, este juzgador estima que los actos reclamados, por el momento, de ninguna manera revelan por sí, afectación alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que aún no está incoado el procedimiento administrativo de separación en contra de José Molina Zambrano, pues a la fecha sólo está su manifestación relativa a que el trece de marzo del dos mil veintidós, se le practicaron diversos exámenes de evaluación de control y confianza, los cuales una semana después se los volvieron a realizar y que el veintidós de abril del año en curso, fue informado que no pasó los exámenes que le practicaron, sin que obre documento que corrobore su dicho. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 312/2015, emitió el criterio relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, con motivo de las violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto. Lo anterior, toda vez que dicho supuesto constituye un acto de imposible reparación, en virtud de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición expresa de reinstalar a los miembros de instituciones policiales, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento instaurado en su contra. Dicha resolución dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Por lo tanto, si hasta el momento de la presentación de la demanda, no se ha emitido el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación en contra de José Molina Zambrano, es inconcuso que por el momento los actos destacados y que son materia de reclamo en la demanda de amparo, no causa afectación a la esfera jurídica del quejoso, ya que será cuando se emita el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación, donde podrá impugnar las violaciones cometidas en el proceso de evaluación del que se obtuvo el resultado de "no aprobado", incluyendo la notificación reclamada. Cobra relevancia a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo." Por tanto, se sostiene la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que no puede estimarse que la sola aplicación de exámenes de confianza al quejoso José Molina Zambrano, afecte su interés jurídico. Por todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues el acto materia de reclamo no produce una afectación real y actual a la esfera de derechos del accionante constitucional, se reitera, que de la demanda de amparo se desprende que se trata de una aplicación de examen de confianza, lo cual constituye un procedimiento de control interno en dicha institución, más no así, se tiene la certeza de que el resultado del mismo tenga como consecuencia el cese de labores, una falta administrativa o la realización nuevamente de dicho examen. En esa tesitura, al no existir dato alguno que haga evidente la emisión de una orden de cese de labores, falta administrativa o cualquier otro acto que vulnere el derecho a la libertad personal del inconforme, es claro que no se actualiza ningún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Cabe concluir entonces que la demanda de amparo interpuesta por José Molina Zambrano, es notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 145 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio procesal el indicado para tal efecto; y se tiene por autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que propone. A fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; debiendo la Secretaria con quien se actúa, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente al promovente.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
promovente: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Molina Zambrano, contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en la ciudad, por lo que, provéase como a continuación se indica. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que aquélla es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se tiene que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso José Molina Zambrano, interpuso la demanda contra actos del Fiscal General del estado, con residencia en esta ciudad y diversas autoridades, en la que hace consistir el acto reclamado en: ".IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A QUIEN A CADA AUTORIDAD MENCIONADA EN EL CAPITULO ANTERIOR QUE SEÑALO COMO RESPONSABLE LE RECLAMO EL MISMO ACTO DE FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO QUE TRANSCURRE. En contra del acto de molestia DE FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2022, ejecutado por la OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ZONA NORTE DE ESTA CIUDAD donde al suscrito me es notificado que NO PASE LOS EXAMENES DE CONFIABILIDAD, EL SUSCRITO AL CUESTIONAR QUE EXAMENES NO ACREDITE SE ME DIO POR EL JEFE DE ASUNTOS INTERNOS QUE PORQUE MI EXAMEN TOXICOLOGICO HABIA SALIDO POSITIVO A DIFERENTES SUSTANCIAS ILICITAS, TAMBIEN ME DIJO QUE TENIA NEXOS CON EL NARCOTRAFICO, QUE OCULTO INFORMACION, QUE USO MI CARGO PARA OTRAS CORPORACIONES NO ME DETENGAN, QUE TENGO TRASTORNO DE PERSONALIDAD Y QUE NO ACATO ORDENES DIRECAS, en lo cual argumento su señoría el suscrito no consumo ningún tipo de drogas, no tengo nexos con el narcotráfico tan es así que jamás se ha iniciado una investigación en mi contra mucho menos he sido condenado por tal delito, jamás he ocultado información a mis superiores toda vez siempre me he conducido con orden y respeto a mis superiores, jamás he aprovechado mi cargo para evitar conflictos, najo protesta de decir verdad el suscrito jamás he cometido un ilícito, y respecto a las ultimas infundadas acusaciones el suscrito tengo casi 8 años laborando como agente estatal de investigación y jamás me ha sucedido algo al respecto esto fue por algunos conflictos internos y que en 9 días recibirías el cese de mis funciones únicamente me pusieron a firmar la notificación mas no me permitieron quedarme con la copia." En efecto en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del dispositivo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del accionante constitucional; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien, en el segundo, por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, el quejoso debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la jurisprudencia 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Asimismo, la jurisprudencia 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". De tal afirmación, se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , del rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN". Ello es así, del análisis integral de lo expuesto por el quejoso en su libelo de garantías, este juzgador estima que los actos reclamados, por el momento, de ninguna manera revelan por sí, afectación alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que aún no está incoado el procedimiento administrativo de separación en contra de José Molina Zambrano, pues a la fecha sólo está su manifestación relativa a que el trece de marzo del dos mil veintidós, se le practicaron diversos exámenes de evaluación de control y confianza, los cuales una semana después se los volvieron a realizar y que el veintidós de abril del año en curso, fue informado que no pasó los exámenes que le practicaron, sin que obre documento que corrobore su dicho. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 312/2015, emitió el criterio relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, con motivo de las violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto. Lo anterior, toda vez que dicho supuesto constituye un acto de imposible reparación, en virtud de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición expresa de reinstalar a los miembros de instituciones policiales, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento instaurado en su contra. Dicha resolución dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Por lo tanto, si hasta el momento de la presentación de la demanda, no se ha emitido el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación en contra de José Molina Zambrano, es inconcuso que por el momento los actos destacados y que son materia de reclamo en la demanda de amparo, no causa afectación a la esfera jurídica del quejoso, ya que será cuando se emita el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación, donde podrá impugnar las violaciones cometidas en el proceso de evaluación del que se obtuvo el resultado de "no aprobado", incluyendo la notificación reclamada. Cobra relevancia a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo." Por tanto, se sostiene la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que no puede estimarse que la sola aplicación de exámenes de confianza al quejoso José Molina Zambrano, afecte su interés jurídico. Por todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues el acto materia de reclamo no produce una afectación real y actual a la esfera de derechos del accionante constitucional, se reitera, que de la demanda de amparo se desprende que se trata de una aplicación de examen de confianza, lo cual constituye un procedimiento de control interno en dicha institución, más no así, se tiene la certeza de que el resultado del mismo tenga como consecuencia el cese de labores, una falta administrativa o la realización nuevamente de dicho examen. En esa tesitura, al no existir dato alguno que haga evidente la emisión de una orden de cese de labores, falta administrativa o cualquier otro acto que vulnere el derecho a la libertad personal del inconforme, es claro que no se actualiza ningún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Cabe concluir entonces que la demanda de amparo interpuesta por José Molina Zambrano, es notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 145 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio procesal el indicado para tal efecto; y se tiene por autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que propone. A fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; debiendo la Secretaria con quien se actúa, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente al promovente.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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