José Molina Garrido
Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Molina Garrido
Actuaciones
- Principal
----se declara que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos del presente juicio, la diligencia actuarial suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa ********************, el proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, por los motivos allí expuestos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, para los efectos legales procedentes, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal finalidad. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de veinticuatro de febrero del presente año... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Molina Garrido, por propio derecho, contra actos del Fiscal Primero en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 126/2021. ACTO RECLAMADO. El acto que se combate consiste en: la omisión por parte de la autoridad responsable de observar las formalidades de la investigación de los delitos, ello al negarle el acceso a la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia que interpusiera en contra de Francisco Martínez Molina, por la probable comisión del delito de secuestro o privación de libertad personal de su hija, con el fin de conocer su número, así como abstenerse a realizar las diligencias pertinentes a fin lograr su integración.. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se JOEL HERNANDEZ JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4d.6c 05/11/23 16:17:46 intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la negativa de acceder y verificar el número de carpeta de investigación que diera inicio con motivo de la denuncia que interpusiera contra de Francisco Martínez Molina, por la probable comisión del delito de secuestro o privación de libertad personal de su hija, así como también, de abstenerse a realizar las diligencias pertinentes a fin de integrar la carpeta correspondiente. Expresiones las anteriores, que para la suscrita adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En ese tenor, no resulta posible la admisión de la demanda planteada, al existir jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía el catálogo de actos impugnables del Ministerio Público en la etapa de investigación ante el Juez de Control, a que se refiere el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como que dicho recurso debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el Juicio de Amparo. Precisado lo anterior, es de advertirse que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, por los motivos que a continuación se expondrán. El referido precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo2, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Asimismo, del numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal3, se aprecia la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. En ese sentido, los numerales 1094, fracciones XXI y XXII y el 258 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento, ello, a través del medio de defensa innominado. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Entonces, si en la especie la parte quejosa reclama en esencia la omisión por parte de la autoridad responsable de observar las formalidades de la investigación de los delitos, ello al negarle el acceso a la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia que interpusiera en contra de Francisco Martínez Molina, por la probable comisión del delito de secuestro o privación de libertad personal de su hija, con el fin de conocer su número, así como abstenerse a realizar las diligencias pertinentes a fin lograr su integración, debió interponer, antes de acudir al juicio de amparo, el medio de defensa, ante el juez de control correspondiente, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penal, ello, a fin de agotar el principio de definitividad, máxime si se toma en cuenta que no se actualiza algún caso de excepción al citado principio. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima acudiría al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Son aplicables al caso las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas a las diez horas con veinticinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, Décima Época, Ubicadas en la publicación semanal, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON JOEL HERNANDEZ JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4d.6c 05/11/23 16:17:46 Juicio de Amparo 126/2021 IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a JOEL HERNANDEZ JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4d.6c 05/11/23 16:17:46 través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". En razón de lo anterior, no ha lugar a duda que la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa ante el órgano jurisdiccional competente, para combatir la abstención de la autoridad ministerial a integrar la carpeta de investigación que diera origen su denuncia de mérito, por medio del recurso previsto en el citado precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues no se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Máxime, que dicha circunstancia fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existiendo jurisprudencialmente el reconocimiento de un recurso ordinario contra actos como el planteado en el caso concreto, sin que haya lugar a diversa interpretación ni mucho menos la inaplicación de la misma por un órgano de menor grado, dada su obligatoriedad de conformidad con el artículo 217 de la ley de la materia. Resulta aplicable, por las razones jurídicas que informa, la tesis jurisprudencial 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017808, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla". De lo anterior se desprende que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debe agotar los recursos ordinarios necesarios para combatir la negativa del Ministerio Público de acceder, verificar la carpeta de investigación y abstenerse a realizar las diligencias pertinentes a fin de integrar la carpeta correspondiente. Una vez hecho lo anterior, si es confirmada dicha negativa, acudir a este medio extraordinario. En consecuencia, al no haberlo hecho así, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se JOEL HERNANDEZ JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4d.6c 05/11/23 16:17:46 DESECHA la presente demanda de amparo por su notoria improcedencia, pues se actualizó la causa a que se hizo referencia, esto es, la que resulta de vincular los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracciones XXI y XXII, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el precisado en el proemio de su demanda; y por autorizados de su parte, con las restricciones que establece el artículo 12 de la ley de la materia, a Víctor Manuel Galicia Franco, Adglae Cuetlaxochitl Galicia Álvarez y Rafael Reyes Rivera, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden a los actuarios adscritos a este juzgado, durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo JOEL HERNANDEZ JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4d.6c 05/11/23 16:17:46 Juicio de Amparo 126/2021 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes
- Jose Miguel Rodriguez Castro1306/2010
- José Miguel Sol Tlaxcalteco1041/2022
- José Miguel Torres Serna318/2018
- José Miguel Zayas Oyarzabal1725/2014
- José Modesto Castro Amaya118/2017
- José Moises Chávez González277/2016
- José Nabor Nava Holguin255/2018
- José Nabor Nava Holguín912/2019
- José Nassar Tenorio1006/2018
- José Nazario Sánchez Báez436/2018
- José Nicolás Fernández Ramírez1649/2014
- José Noé Vásquez Zavaleta105/2018