José Moisés Ortega Langurén

Expediente 85/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
85/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • José Moisés Ortega Langurén

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Vista, la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa conservación de las actuaciones a que se refiere el citado artículo 22. Por otra parte, obra por separado un legajo de prueba formado con las copias certificadas relativas al expediente 503/2018, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Nezahualcóyotl, Estado de México; constancias que resultan innecesaria su retención, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen para los efectos correspondientes. Sin necesidad de confirmar su recepción, toda vez que de la constancia de notificación correspondiente deberá advertirse su entrega. Asimismo, del sumario se advierte que la parte quejosa exhibido pruebas documentales; por lo anterior, tales constancias resultan innecesarias su retención; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlo, en el entendido que de no hacerlo, se destruirá junto con el expediente.??????????????? En otro orden de ideas, agréguese a los autos el escrito signado por la tercero interesada y de conformidad con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias que solicita, previa identificación y toma de razón que por su recibo se deje en autos. Finalmente, respecto a la depuración y destrucción de los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, provéase lo que corresponde en los mismos.

  2. Incidental

    En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en razón que en esta propia fecha en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, la medida suspensional se negó, por consiguiente, en cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su destrucción, sin requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar estos en autos, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  3. Principal

    Aviso. Se notifica por medio de lista a la parte quejosa y a la tercero interesada el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, en el que se ordenó glosar la sentencia emitida el veinticuatro de diciembre del mismo año; ello en virtud de haber dejado aviso para que el solicitante del amparo compareciera al local del juzgado a darse por notificado de dicho proveído, sin que lo haya hecho, en términos de lo previsto por el inciso c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista, la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre del año en curso, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", que se determinó que durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se suspenderán plazos y términos con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que, derivado de ello se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, la suscrita considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Bajo ese contexto, vista la certificación de cuenta, de la que se desprende, que el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el engrose de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; sin embargo, no fue posible que se firmara electrónicamente dadas las fallas que presentó el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con motivo de la ventana de mantenimiento levantada en los sistemas informáticos del Consejo de la Judicatura Federal, circunstancia que nos fue informada hasta el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, por lo que tampoco se pudo llevar a cabo su publicación; en consecuencia, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y a fin de no violentar el principio de la seguridad jurídica en perjuicio de las partes, se ordena agregar al expediente físico y electrónico, la resolución de veinticuatro de diciembre del año en curso, en su integridad y que es del tenor siguiente: ".V I S T O S para resolver los presentes autos del juicio de amparo número 85/2020-V; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Nezahualcóyotl, Estado de México, José Moisés Ortega Langurén por derecho propio y en representación el menor de iniciales L.E.O.S. solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. Autoridades responsables. Juez Segundo de lo Familiar con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. Notificadora en funciones de ejecutor del Juzgado Segundo de lo Familiar con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. IV. Acto Reclamado. El acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte en que se ordena la presentación en el Juzgado Segundo Familiar y haga entrega del menor a su progenitora. La audiencia celebrada el diez de enero de dos mil veinte... El auto de once de enero de dos mil veinte en que se autoriza el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras por conducto de la notificadora adscrita, a fin de hacer la entrega del menor a su progenitora. El auto de trece de enero de dos mil veinte en que se gira oficio a la Dirección de Seguridad ciudadana de Nezahualcóyotl y Director de Policía Ministerial en Nezahualcóyotl a fin de que se aboquen a la búsqueda del menor y se ponga a disposición de su progenitora; así mismo se gira exhorto al Juez Familiar competente en Atizapán de Zaragoza, Estado de México a fin de que se dé cumplimiento al requerimiento de la entrega del menor. El auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, en que se gira exhorto al Juez Familiar competente en Ecatepec de Morelos, Estado de México a efecto de dé cumplimiento al requerimiento de la entrega del menor. Todos dictados en los autos del expediente 503/2018 del índice de la responsable." Segundo. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se registró con el número 85/2020-V, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por auto de diez de febrero de este año, se tuvo por recibido el comunicado del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el que desechó de plano la recusación planteada por el quejoso contra este juzgador, ello en el exediente de impedimento 1/2020. En acuerdos de veintisiete de febrero y cinco de marzo de la presente anualidad, se dio vista al quejoso con el informe justificado de las responsables toda vez que se adviertía la participación de diversa autoridad no señalada por aquél (Juez Tercero Familiar de Nezahualcóyotl), para que si era su deseo, la señalara con ese carácter y se emplazara a juicio, así como para que aclarara si era su deseo ampliar la demanda respecto al acto reclamado consistente en la orden de búsqueda y localización, lo cual no hizo. También se ordenó emplazar a la tercero interesada María Fernanda Solís Morales, a quien se le tuvo por apersonada en proveído de cuatro de marzo del año en curso, y por último, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. Por lo que no habiendo cuestión pendiente de acordar, se procede a emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48, y 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque el acto reclamado tendría ejecución dentro del hábito territorial asignado a este juzgado federal. Segundo. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Notificadora adscritas al Juzgado Segundo Familiar de Nezahualcóyotl, Estado de México, ya que al rendir su informe justificado aceptaron el acto que se les reclama. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." En apoyo a dicho informe, remitieron copia certificada de las actuaciones que integran el expediente 503/2018 y que obra como anexo al cuaderno principal; documental con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, como dispone el artículo 2º, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; suficientes para resolver en términos del artículo 75, párrafo tercero, del mismo ordenamiento. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO". Tercero. Antecedentes del acto reclamado. Para un mejor entendimiento del acto reclamado, de las constancias que conforman el expediente 503/2018 cuyo valor probatorio ha sido otorgado, se desprenden los siguientes antecedentes: María Fernanda Solís Morales, por propio derecho, promovió solicitud de divorcio incausado contra José Moisés Ortega Languren, en la que demandó la guarda y custodia de su menor hijo Levi Emmanuel Ortega Solis, así como el pago de una pensión alimenticia provisional y en su caso, la definitiva (fojas 2 a 5, tomo I de pruebas). Por auto del cuatro de abril de dos mil dieciocho el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, radicó la demanda con el número 503/2018 y la admitió a trámite en sus términos, ordenó emplazar al demandado y tomando en cuenta la edad del menor decretó de manera provisional la guarda y custodia a favor de su progenitora (fojas 22 a 25, ídem). Una vez emplazado José Moisés Ortega Languren, por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho contestó la demanda, además reconvino sobre la reintegración de su menor hijo (fojas 39 a 51, ídem). Seguido el procedimiento y en atención a que ambos consortes solicitaron la guarda y custodia del menor, en audiencia de veintidós de junio de dos mil dieciocho, se previno a José Moisés Ortega Languren para que presentara al menor a las 11:30 horas de veintinueve de junio del mismo año, a efecto de que la juez del conocimiento diera fe de su estado de salud, y en su caso, se realizare la entrega del infante a su progenitora, asimismo, poder decretar las medidas provisionales solicitadas (fojas 149 y 150, ídem) En audiencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las partes manifestaron su deseo de celebrar un convenio, en el que en lo medular, se pactó que la guarda y custodia definitiva del infante Levi Emmanuel Ortega Solís, quedaría a cargo de su madre; asimismo, se acordó que José Moisés Ortega Languren tendría un régimen de visitas y convivencias con el menor de cada quince días los viernes de las 18:00 horas, reintegrándolo en domingo a las 18:00 horas, las cuales podrían ser modificadas en atención al interés superior del menor; además, las partes se obligaron a comunicar inmediatamente cualquier cambio de domicilio (fojas 151 a 153, ídem). Por resolución de la misma fecha, la juez natural resolvió la disolución del vínculo matrimonial; aprobó el convenio celebrado entre las partes; declaró terminado el régimen de sociedad conyugal, cuya liquidación se verificaría en ejecución de sentencia; se concedió un plazo de cinco días a las partes para que ofrecieran pruebas, respecto de los puntos que no fueron objeto de consenso en relación a la propuesta de convenio, por lo que apercibió a los divorciados que de no formular pretensiones, precluiría su derecho para hacerlo y se fijaría fecha para audiencia inicial, en la que de inasistir, mediante sentencia definitiva, se determinaría en su caso que las medidas provisionales decretadas y se convertirían en definitivas (fojas 153 a 155, ídem). Por auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la juez familiar hizo efectivo el apercibimiento y señaló las 12:00 horas del dos de octubre siguiente, para que tuviera lugar la audiencia inicial (foja 184, ídem) En audiencia inicial de dos de octubre de dos mil dieciocho, no fue deseo de las partes celebrar convenio, por lo que en la misma fecha se dictó sentencia definitiva, en la que la juez del conocimiento, en lo conducente, resolvió: «PRIMERO: Ha sido procedente la tramitación del procedimiento en Vía de Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, en la que los señores MARÍA FERNANDA SOLÍS MORALES y JOSÉ MOISES ORTEGA LANGUREN no formularon pretensiones. SEGUNDO. Se hace efectivo el apercibimiento realizado en el resolutivo octavo de la sentencia emitida el veintinueve 29 de junio de dos mil dieciocho 2018, y se determinan como definitivas las medidas provisionales que se contemplaron en auto de fecha siete (sic) de mayo de dos mil dieciocho. TERCERO. Por lo que hace al PAGO DE ALIMENTOS a favor del menor LEVI EMMANUEL ORTEGA SOLIS, se decreta en definitiva y a cargo del señor JOSÉ MOISES ORTEGA LANGUREN la cantidad equivalente de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), misma que tendrá que depositarla dentro de los primeros cinco días de cada mes y en billete de depósito ante esta autoridad jurisdiccional, para que sea entregada de manera directa a la señora MARÍA FERNANANDA SOLÍS MORALES en representación del menor LEVI EMMANUEL ORTEGA SOLIS... (Fojas 227 a 232, ídem)» Cabe precisar que como medidas definitivas, se establecieron las aprobadas en el convenio celebrado entre las partes, dentro de las que se pactó que la guardia y custodia definitiva del menor quedaría a cargo de su madre. Por escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, María Fernanda Solís Morales, hizo del conocimiento a la juez natural, sobre el cambio de su domicilio donde ejercería la guarda y custodia de su hijo; asimismo, manifestó que desde hace siete días el padre del menor se negaba a entregárselo, por lo que solicitó dar vista al agente del Ministerio Público adscrito para que le hicieran la devolución de Levi Emmanuel Ortega Solís (foja 272, ídem). Con lo anterior, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la actora proporcionando el nuevo domicilio de residencia y se dio vista al agente del Ministerio Público adscrito, para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera (foja 273, ídem) Luego, por escrito presentado en la misma fecha, José Moisés Ortega Languren solicitó la apertura del incidente de revocación de medidas definitivas a favor del menor, por hechos delictuosos; sin embargo, por auto del día siguiente, la juez natural dejó a salvo sus derechos para que los hiciera valer mediante un nuevo juicio, en términos del artículo 1.213 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (foja 286, ídem). Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el demandado solicitó nuevamente audiencia para que la juez del conocimiento pudiera apreciar el estado de salud del menor; no obstante, por auto de la misma fecha acordó que el asunto se encontraba concluido, por lo que debería estarse a lo ordenado en proveído de veintidós de noviembre anterior (foja 301, ídem). Mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil diecinueve, María Fernanda Solís Morales, promovió incidente de ejecución de sentencia en vía de apremio, en contra de José Moisés Ortega Languren; así, en proveído de la misma fecha, la juez natural requirió al demandado para que en el plazo de ocho días indicara si el infante Levi Emmanuel Ortega Solís se encontraba bajo su cuidado (foja 312, ídem). Por auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la juez del conocimiento tuvo recibido el escrito del demandado, sin mayor trámite, atendiendo a que no se había dado trámite al incidente promovido, pues consideró que el juicio estaba concluido (foja 352, ídem). En proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a María Fernanda Solís Morales proporcionando el domicilio del demandado, a efecto de que se le requiriera la entrega del menor con la finalidad de dar cumplimiento a lo pactado en la segunda audiencia de avenencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 367, ídem). Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil diecinueve, el demandado, solicitó a la juez natural dejar bajo su cuidado a su hijo, en atención al bienestar físico, psicológico y emocional del menor; con lo anterior, por auto de la misma fecha, se ordenó dar vista a la quejosa por el plazo de tres días para que manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 374, ídem). En diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia para verificar el estado físico del infante, sin la presencia de María Fernanda Solís Morales; por lo que en uso de la voz el progenitor, en esencia, manifestó que su menor hijo se encontraba bajo su guarda, sin que tuviera conocimiento del domicilio de su contraria, ya que no había tenido comunicación con la misma desde noviembre de dos mil dieciocho; por tanto, la juez natural ordenó que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban en ese momento, es decir, que el menor debería permanecer bajo la guarda de su progenitor, hasta en tanto se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la modificación de guarda y custodia solicitada (fojas 375 a 377 ídem). Mediante escritos presentados el diecinueve y veintinueve de marzo, y dos de abril, todos de dos mil diecinueve, María Fernanda Solís Morales ofreció diversos medios de prueba y solicitó se diera vista al agente del Ministerio Público de la adscripción, por la probable comisión del delito de retención de menores cometido por José Moisés Ortega Languren; sin embargo, por auto de tres de abril de dos mil dieciocho, la juez familiar no atendió a sus peticiones, pues consideró que el expediente se encontraba concluido por sentencia de dos de octubre de dos mil dieciocho, por lo que acordó que sus manifestaciones las dirigiera al expediente 2095/2018 de su índice (fojas 378, 380 a 409, ídem). María Fernanda Solís Morales promovió juicio de amparo 497/2019 del índice de este juzgado, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a efecto de que la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, Estado de México emitiera las medidas legales que considere pertinentes, a fin de que se cumpla con la sentencia definitiva de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juico 503/2018. Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable: Por acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte, requirió, mediante notificación personal, a José Moisés Ortega Languran, a fin de que haga entrega del menor a su progenitora María Fernanda Solis Morales en las instalaciones de dicho juzgado, a las doce horas del día diez de enero de dos mil veinte, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una medida de cuarenta unidades de medida y actualización. El nueve de enero siguiente, el notificador adscrito al Juzgado Segundo Familiar de Nezahualcóyotl, al constituirse en el domicilio respectivo a fin de notificar a José Moisés Ortega Languran, entendió la diligencia con Irene Velásquez Pineda quien refirió que el buscado vive en ese domicilio, y al no encontrarlo presente, se dejó en su poder el instructivo de mérito. Mediante diligencia de diez de enero de dos mil veinte se hizo constar la inasistencia de José Moisés Ortega Languran y del infante Levi Emmanuel Ortega Solís, por lo que se turnaron al notificador adscrito en funciones de ejecutor a efecto de que se constituya en el domicilio del primero de los mencionados, y requiera la entrega del menor a su progenitora, con autorización del uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, para en caso de oposición del demandado a la diligencia de mérito. En virtud de lo anterior giró oficio 64 al Director General de Seguridad Ciudadana del municipio de Nezahualcóyotl, a efecto de que proporcione los elementos necesarios para el acompañamiento respectivo. El once de enero de dos mil veinte, el notificador adscrito al Juzgado Segundo Familiar de Nezahualcóyotl, al constituirse en el domicilio de José Moisés Ortega Languran en compañía de los elementos de seguridad pública, se entendió con el demandado (aquí quejoso) quien refirió que el menor no se encuentra en el domicilio, permitiendo el acceso al mismo, observando el notificador la ausencia del mismo. Mediante proveído de trece de enero de dos mil veinte, se previno a José Moisés Ortega Languran proporcione domicilio en el cual se encuentra el menor, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de veinticinco unidades de medida y de actualización, girando los oficios 317 y 316 a la Dirección de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl y al Director de la Policía Ministerial en Nezahualcóyotl, para que se avoquen a la búsqueda del infante, y en caso de que sea encontrado, se resguarde en las instalaciones del Sistema Integral del Menor y la Familia de dicho municipio. En la misma fecha se ordenó exhorto al Juez Familiar Competente en Atizapan de Zaragoza, Estado de México a efecto de que en auxilio, se diera cumplimiento al requerimiento de la entrega del menor ordenada el ocho de enero del mismo año. En diverso proveído de diecisiete de enero de dos mil veinte se recibió escrito signado por María Fernanda Solís Morales, y en su atención señaló domicilio en el que habita el menor; razón por la que se giró exhorto al Juez Familiar competente en Ecatepec de Morelos, Estado de México, para que en auxilio se dé cumplimiento al requerimiento de la entrega del menor ordenada el diez del mismo mes y año. -foja 173 a 182. Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, debe analizarse si el caso se actualiza alguna de las hipótesis de improcedencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, con relación a los actos reclamados, se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." Como puede observarse, dicho numeral prevé la improcedencia del juicio de amparo en dos hipótesis: a) cuando se promueve en contra de sentencias dictadas en juicios de amparo; y b) cuando se impugnan resoluciones dictadas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En el presente asunto importa la segunda, que a su vez debe analizarse desde dos supuestos: El primero, cuando se deja libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para pronunciarse, bajo su libre arbitrio judicial, respecto a los tópicos establecidos en la sentencia de amparo. En estos casos, lo que se resuelve en cumplimiento al amparo constituye un acto totalmente diferente al primero que fue señalado como reclamado, y esa nueva resolución es susceptible de combatirse a través de un nuevo juicio constitucional. En cambio, el otro supuesto se configura cuando el juzgador de amparo deja ceñidos los efectos de la sentencia de amparo y señala los fundamentos que debe observar la autoridad responsable para emitir su determinación, de manera que no pueda brindar una fundamentación y motivación distinta a la ya establecida por el órgano de control constitucional. De este modo, cuando la responsable no cumple puntualmente los efectos, resultan procedentes los medios de defensa establecidos en la ley para combatir el desacato a la sentencia, pero no procede un nuevo juicio de amparo. En ese orden de ideas, la Primera Sala del Máximo Tribunal al resolver el Amparo Directo en Revisión 7235/2016, puntualizó que la disposición en cita, al establecer que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas emitidas por la responsable en las que no tiene libertad de jurisdicción. De forma que la improcedencia se justifica por el hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Al efecto se cita la Jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), de contenido y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." (énfasis añadido) Ahora bien, atendiendo a los antecedentes del acto reclamado que han sido citados en el considerando que antecede, se puede apreciar que en la sentencia de amparo 497/2019 del índice de este juzgado, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la ahora tercero interesada, para el efecto de que la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, Estado de México, emita las medidas legales que considere pertinentes, a fin de que se cumpla con la sentencia definitiva de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juico 503/2018. Lo anterior bajo la consideración de que mediante sentencia definitiva de dos de octubre de dos mil dieciocho, se decretó a favor de la progenitora la guardia y custodia del menor de iniciales L.E.O.S. En dicha ejecutoria, se determinó que el juez natural contravino el interés superior del citado menor, al no haber agotado todas y cada una de las medidas cautelares a las que por ley está obligado adaptar con el fin de lograr que se cumplan las medidas definitivas convenidas y elevadas a categoría de cosa juzgada. Para mejor claridad, se transcribe la consideración toral de esa concesión de amparo: "Por ende, si de las actuaciones del sumario natural se advierte que la guarda y custodia ha sido decretada por sentencia definitiva a favor de la madre, no se ha realizado en los términos referidos en el juicio de origen, por lo que corresponde a la autoridad responsable -en el ámbito de sus atribuciones- observar el debido cumplimiento de la ejecución de la sentencia en aras de proteger el desarrollo integral de la menor, máxime que las partes están obligadas a acatar en la forma y términos que se ordenó en el sumario natural, pues no puede quedar al arbitrio de una de las partes, su satisfacción, por ser de orden público la tutela de los derechos de la niñez. Además, el cumplimiento de la sentencia es de interés social, y en atención al interés superior del menor, al procurarle la estabilidad que genera el hecho de encontrarse definida judicialmente su situación, sin que se advierta la existencia de algún riesgo real para la integridad del menor el estar bajo la guarda y custodia de la madre, aquí quejosa. Por otro lado, resulta incorrecta la determinación decretada en audiencia de 19.03.2019, a través de la cual la juez responsable ordenó que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban en ese momento, es decir, que el menor debería permanecer bajo la guarda y custodia de su progenitor, hasta en tanto se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la modificación de guarda y custodia solicitada por el progenitor, pues incorrectamente determinó conceder la custodia al padre, lo cual resulta ilegal porque la demandada ahora quejosa no fue emplazada a juicio, quedando en estado de indefensión, al no haber podido recurrir dicha determinación. En ese sentido, la pretensión del cambio de la guarda y custodia de un menor decretada previamente en una sentencia definitiva, basada en que existe una modificación de las circunstancias en que aquélla se resolvió, el juzgador debe exigir no sólo la demostración plena de las circunstancias fundamentales que sustentaron lo decidido en la sentencia firme preexistente, sino también que ese cambio esencial redunde en el interés superior del menor, de manera que el cambio de esta medida definitiva concedida, en lo relativo a la persona que en lo sucesivo la ejerza, concrete un beneficio real y efectivo que incida en el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos del menor, considerando que la responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus deberes hacia sus hijos, comprende no sólo el apoyo económico, sino también la formación espiritual, emocional y social que propicie el desarrollo armónico e integral del menor, lo que puede lograrse si el medio ambiente en el que se desenvuelva es benéfico para éste. Es por ello que, resulta inconstitucional que la juez responsable determinara que el expediente en el que se resolvió la guarda y custodia a favor de la aquí quejosa se encuentra concluido, para no acordar de conformidad sus peticiones en requerir al progenitor la devolución del menor bajo su guardia y custodia, soslayando hacer uso de los demás medios de apremio que tiene a su alcance para dar cumplimiento a la sentencia definitiva de 02.10.2018, en que se decretó la guarda y custodia a favor de la madre aquí quejosa, quien goza de la guarda y custodia definitiva del menor-, pues no debe perderse de vista por una parte que ello retrasa las interacciones que deben darse entre el menor y su madre, lo anterior en aras de proteger el interés superior del primero, pues en caso de que alguno de los progenitores obstaculice o impida que se lleve a cabo la convivencia de una madre con su menor hijo, el juzgador debe resolver lo conducente en atención al interés superlativo de aquel. En las relatadas circunstancias, procede conceder el amparo y protección constitucional a María Fernanda Solís Morales, para que la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, Estado de México, lleve a cabo lo siguiente: En términos del considerando quinto deberá emitir las medidas legales que considere pertinentes, a fin de que se cumpla con la sentencia definitiva de 02.10.2018, dictada en los autos del juico 503/2018. En relación al juicio 2095/2018, deje insubsistente todo lo actuado en la audiencia de 19.03.2019 y emplace a juicio a la demandada en el domicilio que para tal efecto señaló, a efecto de resolver lo que en derecho corresponda, lo que se hace extensivo al notificador adscrito. Así, se estableció que debía agotar todos y cada uno de los medios de apremio que al efecto prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que a continuación se trasncriben. Medios de apremio Arti´culo 1.124.- Los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones, siempre que no existan otros especi´ficos determinados por la Ley, pueden emplear indistintamente, los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacio´n vigente, que podra´ duplicarse en caso de reincidencia. II. Uso de la fuerza pu´blica; III. Rompimiento de cerraduras; IV. Cateo por orden escrita; V. Arresto hasta por treinta y seis horas. Impuesta la medida de apremio y de no ser cumplimentada la determinacio´n judicial, previo apercibimiento, se procedera´ contra el rebelde por el delito de desobediencia. Como se advierte de esa disposicón normativa, dichos medios de apremio pueden ser multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacio´n vigente, que podrá duplicarse en caso de reincidencia; uso de la fuerza pública; rompimiento de cerraduras; cateo por orden escrita; y, arresto por hasta treinta y seis horas. Así, en el caso, la autoridad responsable emitió los actos que en esta vía se reclama, consistentes en: proveído de ocho de enero de dos mil veinte, por el que señala día y hora para que se presente José Moisés Ortega Languren, ante ese juzgado y en audiencia pública haga entrega del menor de iniciales L.E.O.S a su progenitora, con apercibimiento de multa; diligencia de diez de enero de dos mil veinte, día y hora que tendría verificativo lo ordenado, sin contar con la presencia del requerido ni el menor, en la misma fecha se ordenó turnar los autos al notificador en funciones de ejecutor adscrito, para que se constituya en el domicilio del padre del menor y requiera la entrega del mismo a la progenitora, autorizando para ello, el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, por lo que ordenó se girara oficio al Director General de Seguridad Ciudadana del Municipio de Nezahualcóyotl, a efecto de que proporcione el auxilio de elementos de esa corporación para el desahogo de la misma; diligencia de once de enero de dos mil veinte, en la que el notificador en funciones de ejecutor acompañado de elementos de seguridad pública, requirió a José Moisés Ortega Languren hiciera entrega del menor en ese acto a su progenitora, quien les informó que el menor no se encontraba en ese momento, permitiendo el acceso al personal actuante para que verificara dicha circunstancia, hecho ello, se retiraron de la vivienda sin lograr el objetivo; exhortos con los insertos necesarios, al Juez Familiar competente en Atizapan de Zaragoza, Estado de México y al Juez competente en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a efecto de que se avoquen a la búsqueda y localización del menor de iniciales L.E.O.S.. Por tanto, es claro que la responsable emitió esas medidas en cumplimiento a la ejecutria emitida en el diverso amparo 497/2019, en la cual no se otorgó libertad de jurisdicción en la emisión de dichos actos, pues fueron precisados los efectos de la sentencia de amparo, constriñendo a la juez responsable a emitir las medidas legales que considere pertinentes, a fin de que se cumpla con la sentencia definitiva de 02.10.2018, dictada en los autos del juico 503/2018. De manera que, como se adlentó, en el presente amparo se actualiza la segunda hipótesis a la que se hizo referencia al inicio del presente considerando, esto es, que el amparo resulta improcedente porque se impugnan resoluciones dictadas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, con lo cual la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a los efectos establecidos en una sentencia de amparo anterior. Por ende, se arriba a la conclusión de que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Moisés Ortega Langurén, contra la autoridad y acto reclamado, señalados en el resultando primero, por las razones precisadas en el último punto considerativo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Óscar García Vega, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hasta el día de hoy veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, ante la Secretario Silvia Leticia Ortega Rodríguez, que autoriza y da fe." Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano