José Miguel Zavala Herrera
Expediente 1255/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Miguel Zavala Herrera
- La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en Zamora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, en virtud de que por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, virtud a que resulta innecesario su retención, devuélvase al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, las copias certificadas del juicio ordinario laboral J-VI-427/2015, de su índice. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que, por proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable, Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en Zamora, por remitidas diversas constancias relacionadas con el juicio ordinario laboral J-VI-427/2015, de su índice, del cual deriva el acto reclamado en el presente juicio Constitucional, de las cuales, en lo que interesa, se aprecia que el cinco de noviembre de dos mil veinte, en el juicio laboral de origen, se verificó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Atento a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Lo anterior es así, virtud a que, a fin de que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de autos se colige que mediante auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió a trámite la demanda promovida por José Manuel Zavala Herrera, en contra de los actos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en Zamora, consistentes en: .IV.-ACTO RECLAMADO.- La dilación por parte de la autoridad que es señalada como responsable, de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio ordinario laboral número J-VI-427/2015, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, lo anterior en razón a que se tiene señalado como fecha de audiencia de Ofrecimiento y Admisión de pruebas el día 29 veintinueve de junio de 2020 dos mil veinte." Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas, recibidas por proveído de veinticuatro de noviembre próximo pasado, relacionadas con el juicio ordinario laboral J-VI-427/2015, de su índice, consistentes en la audiencia de cinco de noviembre de dos mil veinte, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Lo anterior es así, pues, si bien, en el presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado el señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, es decir, fuera de los plazos previstos por la legislación laboral aplicable al caso concreto. Sin embargo, al surgir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como se dijo, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que con motivo de la Circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, así como los Acuerdos Generales 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se suspendieron las labores ordinarias en los órganos del Poder Judicial de la Federación por el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; motivo por el cual, quedó suspendido el trámite del presente expediente, por lo cual no fue posible la celebración de la audiencia de ley en el mismo. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los diversos 25/2020 y 37/2020, respecto de su vigencia, se ordenó restablecer la actividad judicial en los términos ahí precisados, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con apoyo en el artículo 2 del referido acuerdo plenario, se ordena levantar la suspensión del procedimiento del presente asunto, esto es, los términos y plazos en el expediente en que se actúa y continuar con el trámite del mismo. En la inteligencia de que los plazos y términos no se reinician, sino continúan en su curso, los cuáles se computarán a partir de los días transcurridos antes de la suspensión del procedimiento. De igual forma, se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia Constitucional en el presente asunto. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos 25/2020 y 37/2020, respecto de su vigencia, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En ese sentido, el presente acuerdo se ordena notificarlo a las partes por medio de lista, ya que no existe ningún precepto legal de la Ley de Amparo que imponga el deber al juzgador de comunicar personalmente el nuevo día y hora que se fija para que tenga verificativo la audiencia de ley. Lo anterior, en razón a que el procedimiento se suspendió y reanudó en cumplimiento y en concordancia a lo que se ordenó por la Circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, así como los Acuerdos Generales 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, y la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los diversos 25/2020 y 37/2020, respecto de su vigencia, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte, acuerdos cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haber sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, sin que correspondiera a una decisión emanada del quehacer jurisdiccional derivada del planteamiento de la problemática surgida entre las partes. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACIÓN DE LA. NO EXISTE OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE. Conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo que se tramiten en Juzgados de Distrito, se harán a los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista. Así, si en el caso particular, el quejoso no se encuentra privado de su libertad, conforme al artículo mencionado las notificaciones que se le practiquen serán por lista, salvo que se tratase de un requerimiento o de algún acuerdo que, por sus características especiales, deba notificársele en forma personal. En consecuencia, tratándose del auto en el que se determina el día y hora de celebración de la audiencia constitucional, debe estarse a la regla general contemplada por el citado precepto, por lo que resulta correcto notificarlo por lista, correspondiendo al agraviado estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento y que se hacen del conocimiento de las partes por medio de lista, sin que exista razón lógica o jurídica para que, en estos casos, el citado proveído se tenga que notificar en forma personal, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Amparo". También se cita la diversa tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Volumen 139-144, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACIÓN POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA. Ni el artículo 219, ni ningún otro precepto de la Ley de Amparo, impone a los Jueces de Distrito la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo en que se señala nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional cuando ésta ha sido diferida de oficio en atención a que la parte tercera perjudicada no había sido emplazada, de tal manera que es obligación del quejoso cerciorarse de la fecha en cuestión a través de la notificación que se le haga del acuerdo mencionado, por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado; por consiguiente, no se deja en estado de indefensión al quejoso por no notificársele personalmente dicho acuerdo". Además, el anterior criterio que se adopta no es por voluntad caprichosa de quien resuelve, sino en términos de los dictados de la razón de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar, así como con la trascendencia del acto a que la notificación se refiere, cuenta habida que este órgano jurisdiccional no soslaya que se debe cumplir con la finalidad que persiguió el Consejo de la Judicatura Federal en los diversos acuerdos generales y circulares mencionadas párrafos precedentes, a efecto de velar por la salud de las personas -actuarios y justiciables- que pudieran interactuar al momento de llevar a cabo una notificación personal. Aunado a que considerarlo de otro modo, retrasaría seriamente la impartición de justicia, con transgresión del contenido del artículo 17 Constitucional, pues implicaría hacer notificaciones personales en todos los asuntos de este juzgado, que como ya se vio, resulta innecesario, dada la publicidad que específicamente se le dio a la reanudación de las labores que quedó puesta de relieve en la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación con el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los diversos 25/2020 y 37/2020, respecto de su vigencia. Máxime, que el presente asunto no se suspendió por más de seis meses, en términos del artículo 309, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Verónica García Campos, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, Encargada del Despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio J-VI-284/2020, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual, remite copia certificada de las actuaciones que está realizando dentro del juicio natural del que deriva el amparo en que se actúa, mismas que se tienen como pruebas de la citada autoridad, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-
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