José Miguel Vázquez Valdovinos
Expediente 389/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Miguel Vázquez Valdovinos
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve ..; contra los actos y autoridad que se cita a continuación. Autoridad Acto reclamado GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX EN TECOMÁN, COLIMA La inmovilización y congelamiento de la cuenta bancaria .... Formación de expediente físico y electrónico. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 389/2022-IV-M. Análisis de la demanda Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Bajo esa tesitura, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA1.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Grupo Financiero Citibanamex en Tecomán, Colima, la inmovilización y congelamiento de la cuenta bancaria 5204 1657 1942 0790, de la que dice es titular. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". 1 Página 730, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Los artículos en cita textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, ycuyas funciones estén determinadas por una norma general ." De los numerales transcritos destaca como uno de los objetos del juicio de amparo la resolución de controversias generadas por normas generales, actos u omisiones de autoridades que vulneren los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, en razón de lo cual tal medio de control constitucional únicamente resulta procedente cuando el ente a quien se atribuye la calidad de autoridad goza de los rasgos distintivos contemplados en el normativo 5, fracción II, trascrito, con independencia de su naturaleza formal. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra actos de quien reviste el carácter de autoridad, y en el presente asunto Grupo Financiero Citibanamex, no tiene tal calidad frente al solicitante de amparo, dado que no ha dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar acto alguno en su contra, de forma unilateral a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del quejoso. Sirve de apoyo a lo que antecede, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por tanto, la institución bancaria referida no tiene el carácter de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, porque no cumple con la totalidad de los requisitos citados en la jurisprudencia invocada, ya que, en todo caso, únicamente se limitaría a acatar órdenes en relación con la retención de los recursos existentes en la cuenta bancaria del promovente de amparo. Así, el actuar desplegado por el banco mencionado, en su caso, obedecerá a la formalidad que establece la ley para la realización del tipo de actos y por la autoridad que lo solicitó, pues así se señala en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocada, es decir, en su actuar no se verifica una relación de supra a subordinación respecto al gobernado, aquí quejoso, sino que, en todo caso, atendería solicitudes realizadas por otras autoridades, pero no se establece una relación directa sobre la persona, porque su proceder se circunscribe en razón de lo requerido por la autoridad. De ahí que el cumplimiento o no de los actos de la institución referida generarían, en su caso, responsabilidad de tipo administrativa hacia ellos o a sus servidores públicos, sin trascender a la esfera jurídica del solicitante de amparo; motivo por el que tampoco puede determinarse sobre la existencia de actos unilaterales emitidos por dicha persona jurídica a través de los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la quejosa. Al respecto es aplicable, por analogía e identidad jurídica, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 510, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010018, de la literalidad siguiente: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo". Asimismo, se invoca la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3513, Libro 71, octubre de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020847, que establece: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN CUENTAS EN AUXILIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR RESOLUCIÓN JUDICIAL. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de las instituciones bancarias al inmovilizar cuentas, no les otorga la calidad de autoridades responsables en el juicio de amparo porque no dictan, ni ordenan un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que dichos actos no provienen de la voluntad de las instituciones financieras, sino en auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de una resolución judicial. Esto es así, porque aun cuando dichos actos atribuidos a las instituciones financieras relacionadas están dirigidos a tener efectos en la esfera jurídica de los quejosos de amparo, no debe perderse de vista que esos efectos no son impuestos por aquéllas, sino por una autoridad jurisdiccional, razón por la cual esa imposición unilateral y obligatoria de dichos efectos no es propia de las instituciones financieras, lo que impide conferirles el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo pues, desde el momento mismo en que sus actos carecen de esos atributos, no es dable sostener que sean equivalentes a los de autoridad. En esas condiciones, si bien es cierto que el artículo y fracción citados establecen que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción invocada y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que las instituciones bancarias no se encuentran en ese supuesto, pues lo que se reclama de éstas es la inmovilización de cuentas, ordenadas por una autoridad judicial y son sólo auxiliares de la administración de justicia". En el entendido de que el análisis del carácter de autoridad responsable, por cuestión de técnica, se lleva a cabo previo a la existencia o inexistencia de los actos reclamados por tratarse de un presupuesto de orden preferente. Sirve de apoyo a la consideración anterior la jurisprudencia VI.1o.A.52 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito publicada en la página 1065 del Libro 44, Julio de 2017, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la décima época, número de registro 2014793 que dice: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal". Consecuentemente, como se anticipó, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se DESECHA de plano la demanda de amparo en estudio.
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