José Miguel Soto Zúñiga
Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Miguel Soto Zúñiga
- JOSUÉ DANIEL PÉREZ PÉREZ y Otros.
- Josué Daniel Pérez Pérez
Actuaciones
- Principal
Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de tres de mayo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de tres de mayo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINITUNO. León, Guanajuato, tres de mayo de dos mil veintiuno. I. Expediente y registro. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 340/2021-V. II. Parte quejosa. Josué Daniel Pérez Pérez, José Miguel Soto Zúñiga, Sergio Murillo Hernández, Rigoberto Andrade Segoviano, Víctor Enrique Valderrama, Víctor Abraham Esquivel Razo y Carlos Jesús Hernández Torres. III. Autoridad responsable. Juez de Control de esta ciudad y otra autoridad. IV. Precisión del acto reclamado. Ahora, de una lectura integral a la demanda de amparo que aquí se provee, se advierte que la parte quejosa reclama medularmente lo siguiente: La resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno, emitida en autos de la causa penal 1P2019-1131, emitida por el juez responsable, en el que se determinó negar el beneficio del juicio abreviado en favor de los aquí quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." V. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porque esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora bien, como se acotó con antelación, el acto reclamado ante esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno, emitida en autos de la causa penal 1P2019-1131, emitida por el juez responsable, en el que se determinó negar el beneficio del juicio abreviado en favor de los aquí quejosos. Por su parte, de las manifestaciones vertidas por los promoventes en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, afirman que el tres de marzo de dos mil veintiuno, tuvieron conocimiento del acto que aquí combaten, pues en dicha data tuvo verificativo la audiencia intermedia en la causa penal de la que emanan los actos combatidos. Por tanto de la fecha en que los peticionarios tuvieron conocimiento del acto reclamado, a la data en que promovieron el presente juicio constitucional (veintinueve de abril de dos mil veintiuno), ya había transcurrido el plazo legalmente previsto para impugnar mediante juicio de amparo el acto que reclama. Ello es así, debido a que el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del cinco al veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del acto, se le notificó a los quejosos el acto reclamado. Esto es, la parte quejosa fue sabedora de la determinación que se tilda de inconstitucional mediante audiencia intermedia celebrada el tres de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 82, del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió efectos al día siguiente hábil; por tanto el término para presentar la demanda comenzó el cinco de marzo del mismo año; y II. Fueron inhábiles los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno, todos de marzo del año en curso, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo; así como el día quince del mismo mes y año, en términos del arábigo 74 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que si presentó la demanda que se analiza hasta el veintinueve de abril de dos mil veintiuno en la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; debido a que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así también, se estima que se actualiza también la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos (aparte de los previstos en las XXII fracciones anteriores) en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la misma Ley de la Materia. En el caso interesa la fracción V de su artículo 107 de la Ley de Amparo, la cual señala que el amparo indirecto procede: "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; lo cual, aplicado en sentido contrario, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 antes señalado, configura la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, cuya ejecución no sea de imposible reparación. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el juez de control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio. Es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el juez de control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora bien, los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que actualmente no pueden seguir aplicándose los criterios que admitían la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que todos ellos se generaron bajo la Ley de Amparo abrogada que, a diferencia de la vigente, no definía qué debía entenderse por actos de imposible reparación; de modo que en los juicios tramitados con la Ley de Amparo vigente debe prescindirse la aplicación de los criterios emitidos conforme la norma abrogada, a ser incompatible con el texto legal actual, para así evitar incurrir en desacato. Ello, porque la actual Ley de Amparo fue construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos que permite al gobernado controvertir, en la vía indirecta, violaciones a derechos sustantivos, dejando para la vía directa los actos que impliquen violaciones procesales, con el fin de evitar el abuso de su promoción, con el consecuente retraso en el dictado de la resolución de fondo. Ahora, para justificar la improcedencia del presente amparo, también resulta necesario dilucidar la naturaleza del procedimiento abreviado en contexto del acto reclamado y si acontece dentro de juicio o no. Para ello, es necesario contar con un marco jurídico de referencia. Así, el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: (.) VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad." El precepto constitucional transcrito constituye el fundamento de las formas anticipadas de conclusión del proceso, entre las que se ubica el procedimiento especial abreviado, el cual procede bajo los supuestos y bajo las modalidades establecidas en las leyes secundarias; en el caso y entre otros, en los preceptos 185, 201 y 202, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 185. Formas de terminación anticipada del proceso El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso." [.] "PROCEDIMIENTO ABREVIADO Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: - - - I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; - - - II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y - - - III. Que el imputado: - - - a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; - - - b) Expresamente renuncie al juicio oral; - - - c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; - - - d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; - - - e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación." "Artículo 202. Oportunidad El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. (.)". La interpretación sedes materiae de las normas reproducidas permite comprender que el procedimiento abreviado constituye un principio general del sistema penal acusatorio, el cual es regulable y revisable por el juez a partir de que el implicado no se oponga a él y el Ministerio Público cuente con elementos suficientes para corroborar la imputación, que debe ser aceptada por aquel, desde luego, bajo determinadas reglas jurídicas adicionales. La posición del juzgador en el procedimiento abreviado no es otra que figurar como un ente intermedio, que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes. Su teleología o finalidad resulta en una vía procesal que permite acceder a una forma de terminación anticipada del proceso, con el objeto de que el imputado alcance algún beneficio, de forma destacada, la reducción de penas; adicionalmente, en obtener una rápida solución al conflicto, con la consecuente y eventual reparación del daño a la víctima. En contexto de la oportunidad, el procedimiento abreviado se puede solicitar después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, es decir, hasta la etapa intermedia, antes de finalizar la audiencia. Lo anterior permite comprender que sí es un acto que ocurre dentro de juicio, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que acontece después de la audiencia inicial. A partir de lo relatado se puede concluir, como se anunció, que el acto reclamado no es de imposible reparación, en razón que concurre en un plano procesal sin afectar derechos sustantivos -vida, libertad, integridad personal, libertad de tránsito, propiedad, o cualquier otro-. Incluso, tampoco podría considerarse que aspirar a conseguir un beneficio como la reducción de la pena sea un derecho sustantivo que se vincule con la libertad de la persona, en razón que privar del acceso al procedimiento abreviado no materializa una afectación actual, real y directa sobre la libertad, ya que no se tiene la certeza de que, necesariamente, por más alto que sea el grado de probabilidad, el proceso deba concluir con una condena en perjuicio del imputado, sino que únicamente se refiere a una determinación de trámite de aperturar o no el procedimiento por una vía especial. Esto se robustece a partir del hecho de que la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desarrollada en contexto del sistema tradicional penal, ha sido conteste en sostener que los beneficios no constituyen derechos para las personas, ya que son una facultad y no una obligación para el juzgador, siempre que la negativa a la concesión del beneficio no importe alguna afectación a algún derecho sustantivo, lo que, se reitera, en el caso no acontece. Además, está lógica de beneficios y derechos es retomable para el sistema de justicia penal acusatorio, debido a que el juzgador, con independencia de que se le pueda concebir como un simple intermediario, está en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento abreviado si no se cumplen con los requisitos de su procedencia y efectividad, a partir de su reflexión y convicción. Apoya lo expuesto, la tesis 1a. CCXII/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2012313, que dice: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CONNOTACIÓN Y ALCANCES DEL PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE "EXISTEN MEDIOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA CORROBORAR LA IMPUTACIÓN", PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el precepto constitucional citado se establecen, entre otras cuestiones, que puede decretarse la terminación anticipada del proceso penal, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, y si "existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación". Ahora bien, la locución "medios de convicción suficientes" no puede confundirse, interpretarse o asignarle como sentido, que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte del juzgador para tener por demostrada la acusación formulada por el Ministerio Público, porque la labor del Juez de Control se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, y es quien debe determinar si la acusación contra el imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que existan suficientes medios de convicción que la sustenten; es decir, que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que está relacionada con otros que le dan congruencia a las razones de la acusación. De no considerarse así, no tendría sentido contar con un procedimiento abreviado, pues éste se convertiría en un juicio oral un tanto simplificado, otorgándole la misma carga al juzgador de valorar los datos de prueba para comprobar la acusación y premiando al imputado con el beneficio de penas disminuidas. En esta posición, al Juez de Control le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia, entre ellas, la de analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. En ese sentido, en el supuesto de que no existan medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, es decir, que no tenga sustento lógico en otros datos diversos a la aceptación del acusado de haber participado en la comisión del delito, el juzgador estará en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento abreviado. Consecuentemente, la decisión sobre la procedencia del procedimiento referido no depende del ejercicio de valoración de los medios de convicción con los que el Ministerio Público sustenta la acusación para afirmar la acreditación del delito y la demostración de culpabilidad del acusado, pues el Juez de Control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y, a partir de este resultado, formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado, ya que ello está fuera de debate, porque así lo convinieron las partes. De esta manera, la locución referida deberá entenderse como la obligación del juzgador de revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción reseñados por el Ministerio Público para sustentar la acusación, y uno de los requisitos previos a la admisión de la forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio." Sumado a esto, negar el acceso el procedimiento por una vía de solución breve tampoco impacta de manera material, actual, real y directa el acceso a la jurisdicción ni la impartición de justicia pronta, regulada en el artículo 17 constitucional, en razón que la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido congruente en sostener que, bajo la lógica del modelo del juicio de amparo actual, contra un acto que lisa y llanamente importe una dilación en la resolución de la controversia -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio- la regla general es la improcedencia del juicio, en razón que, precisamente, no es un acto de imposible reparación, salvo que tal cuestión trascienda, incluso, de manera indirecta, a algún derecho sustantivo; lo cual si bien debe ser analizado de manera casuística, la realidad es que, en el caso, no se actualiza esta última hipótesis para hacer procedente la instancia constitucional. No pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia 34/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 172425, de rubro: "PROCEDIMIENTO SUMARIO. LA NEGATIVA DE SU APERTURA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES)"; sin embargo, a partir de la lógica del concepto de acto de imposible reparación que brinda la actual Ley de Amparo y el artículo transitorio sexto del decreto por el que entró en vigor, no puede estimarse que aún es aplicable. Lo anterior es así, en razón que la premisa de la que parte el criterio en cita es que la resolución que niega la apertura del procedimiento sumario infringe el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que tutela el derecho de todo gobernado a que se le administre justicia en los plazos que fijen las leyes de manera pronta y expedita, porque constituye una violación que produce una afectación de grado sobresaliente y superior de imposible reparación; no obstante, como se ha visto, en la actualidad la definición legal que proporcionó el legislador superó cualquier entendimiento de un acto de imposible reparación que parta de violaciones procesales de afectación predominante y superior; de ahí que no amerite mayor pronunciamiento al respecto. Inclusive, en la sustitución de jurisprudencia 10/2017 de la que fue objeto la tesis de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" -previamente razonada-, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que para concebir los actos de imposible reparación es preciso atender la definición legal que brindó el legislador. De igual forma, la violación que se combate en esta instancia constitucional que, como se ha visto, concurre en el plano adjetivo o procesal, puede ser reparada con posterioridad, frente a una eventual sentencia absolutoria en beneficio de los quejosos. Así, tomando en cuenta las premisas previamente establecidas, se concluye que el acto reclamado no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues la negativa del procedimiento abreviado en la etapa intermedia, así como las decisiones ahí asumidas, y que trae como consecuencia la apertura a juicio oral, define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo directo que eventualmente promueva contra la sentencia definitiva. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal, el juicio de amparo indirecto promovido por los quejosos en contra de la negativa de abrir el procedimiento abreviado es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Es por ellos, que los promoventes deberán esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el juicio de origen; así, una vez emitida la resolución que revista tal característica, estarán en aptitud de hacer valer las violaciones procesales cometidas en su perjuicio en el juicio. Esto, en razón de que cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no se ha concluido como en el caso que nos ocupa, resulta indispensable que los daños causados por éstos incidan en los derechos sustantivos del gobernado y no en los adjetivos, que son aquéllos que solamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con la finalidad de obtener una determinación favorable, por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del particular. Tal criterio tiene fiel apego a lo sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, del que derivó la siguiente tesis aislada: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." Así como la diversa tesis XXVII.3o.84 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS INTRAPROCESALES CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR PRÓRROGA PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, LA ADMISIÓN DE PRUEBAS Y EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL. NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales, pues los primeros están destinados a regir al exterior del juicio y su afectación no podría desvanecerse con una sentencia favorable. De esta forma, al advertir que la solicitud de otorgar una prórroga para la suspensión condicional del proceso, a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un derecho sustantivo del imputado, sino una simple expectativa, su negativa no constituye un acto de imposible reparación. En el mismo sentido, si se trata de la admisión de pruebas, no se afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y aunque eventualmente implique una posible transgresión procesal, puede repararse al dictarse una sentencia definitiva. Así, al no constituir actos irreparables la admisión de pruebas y la negativa de otorgar una prórroga para solicitar la suspensión condicional del proceso, consecuentemente tampoco lo es el auto de apertura a juicio oral, pues es en éste donde necesariamente se ven materializados." En tales circunstancias, al quedar plenamente demostradas las causas de improcedencia reguladas por las fracciones XIV y XXIII, del artículo 61, en relación ésta última con el diverso 107, fracción V, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo. VI. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en calle Allende, número 251, colonia Obregón de esta ciudad, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Emma Guillermina Macías García y Rene Gonzalo Baccelli Lira Cruz, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin que haya lugar a tener como domicilio procesal la cuenta de correo electrónico que para tal efecto refieren los impetrantes, pues esta se les tiene como proporcionando únicamente con la finalidad de establecer contacto no procesal en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Ahora bien, en el caso no se estima necesario requerir a los impetrantes a fin de que designen un abogado que los represente en el presente juicio de amparo, toda vez que tienen autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen facultades para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de los autorizantes. VII. Representante común. Del escrito de demanda se advierte la omisión de la parte quejosa en designar un representante común en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase con tal carácter al primero de ellos, esto es, a Josué Daniel Pérez Pérez, lo anterior, sin perjuicio de una nueva designación por parte de los promoventes. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintinueve de abril de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Martha Paola Castro López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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