José Miguel Roque Carro y Otros.
Expediente 1187/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua
- José Miguel Roque Carro
- José Miguel Roque Carro y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de nueve de diciembre último, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Luis Mauricio Armendáriz Morales a favor de José Miguel Roque Carro, Diana Rosa Romero Gato y Gabriel Valdés Seija; en tales condiciones, se declara que el mismo causa estado. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es destruible una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda en el juicio de Amparo, aunado a que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de diciembre de dos mil veintidós.********************Vista la constancia actuarial de cuenta se advierte que al momento de notificar a ********************, ********************y ********************, manifestaron su deseo de no ratificar la demanda de amparo que promovieron en su nombre, por así convenir a sus intereses.********************En consecuencia, en razón de que dicha manifestación fue realizada por los agraviados ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de seis de los actuales y de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por ********************a favor de ********************, ********************y ********************, quedando sin efecto todas las providencias dictadas en el presente asunto.********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración y con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinden sus informes respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada el seis de diciembre último; lo anterior, sin necesidad de dictar mayor proveído, toda vez que en párrafos precedentes se tuvo por no presentada la demanda y se dejaron sin efectos todas las providencias dictadas en el presente asunto.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS DE CONFORMIDAD CONLO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de diciembre de dos mil veintidós.********************Vista la constancia actuarial de cuenta se advierte que al momento de notificar a ********************, ********************y ********************, manifestaron su deseo de no ratificar la demanda de amparo que promovieron en su nombre, por así convenir a sus intereses.********************En consecuencia, en razón de que dicha manifestación fue realizada por los agraviados ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de seis de los actuales y de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por ********************a favor de ********************, ********************y ********************, quedando sin efecto todas las providencias dictadas en el presente asunto.********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración y con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinden sus informes respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada el seis de diciembre último; lo anterior, sin necesidad de dictar mayor proveído, toda vez que en párrafos precedentes se tuvo por no presentada la demanda y se dejaron sin efectos todas las providencias dictadas en el presente asunto.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por el licenciado Luis Mauricio Armendáriz Morales, a favor de José Miguel Roque Carro, Diana Rosa Romero Gato y Gabriel Valdés Seija, contra actos atribuidos al Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración y actual encargado de la estancia provisional Juárez adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Titular de Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, Titular de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración y Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración, todos con residencia en esta ciudad, en razón de que los agraviados se encuentran imposibilitados para ello. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 17, fracción IV, 19, 109, 112, primer párrafo, 125, 126 y 127, de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada, fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese bajo el juicio de amparo 1187/2022-VII. Ahora bien, vista la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados, la privación de la libertad, incomunicación, el acta de rechazo emitida por las autoridades de migración, la negativa de su petición a que se les conceda la visa humanitaria o registrarse en calidad de refugiados, el estado de hacinamiento, así como la orden de deportación y su ejecución. En consecuencia, respecto de la incomunicación y malos tratos de que se dice están siendo objetos los directos quejosos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado, notificar a las autoridades responsables o encargadas del lugar en que se dice se encuentran los agraviados o, en su defecto, a las autoridades que en ese momento las representen o las sustituyan en sus funciones, la suspensión de plano que se concede. Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda, apercibidas que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión, se aplicarán en su contra los medios de apremio legalmente establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. Asimismo, a fin de estar en aptitud de proveer lo relativo a lo expuesto por el promovente en su demanda, respecto a los malos tratos de que se dice están siendo objetos los directos agraviados, se ordena al fedatario judicial que en la diligencia en que notifique los quejosos, dé fe en forma minuciosa del estado físico exterior que presentan José Miguel Roque Carro, Diana Rosa Romero Gato y Gabriel Valdés Seija, levantando acta pormenorizada al respecto. Sobre dicha base, en la especie se tiene que los actos reclamados son de naturaleza positiva, por consiguiente, susceptibles de paralización; además con la concesión de la medida cautelar de qué se trata, no se contravienen disposiciones de orden público o de interés social. En efecto, según se infiere de la demanda de amparo, el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que José Miguel Roque Carro, Diana Rosa Romero Gato y Gabriel Valdés Seija, se encuentran en el Puente Internacional Stanton-Lerdo, esto es, la Estancia Provisional Juárez. Corolario de lo anterior, no se tiene noticia de que los agraviados hayan cometido delito alguno; hasta este momento no existe algún medio de convicción que demuestre, al menos de manera indiciaria que de concederse la medida suspensional, los impetrantes puedan evadirse de la acción de la justicia o causar un perjuicio a la sociedad o al orden público. Por el contrario, se pone de manifiesto que, en su condición de migrantes, su detención casi de manera clara, derivaría de algún procedimiento administrativo previsto por la Ley de Migración para llevar a cabo su retorno asistido o en su caso, la deportación por su estadía irregular en territorio nacional, procedimientos los cuales cuentan con diversas etapas a seguir. En consecuencia, respecto del diverso acto reclamado de que se dice están siendo objeto los quejosos por parte de las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que no se lleve a cabo la deportación o expulsión de los agraviados a su país de origen (Cuba); se pongan en libertad siempre y cuando cumplan ante las responsables con las condiciones que más adelante se precisan; de igual forma para que cese cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, toda vez que la parte que promueve en su representación manifiesta que se encuentran detenidos dada su calidad migratoria, no obstante que están buscando regularizar su estancia legal en este país. Sin que lo anterior impida que puedan permanecer en la propia Estación Migratoria en que se encuentran para efecto de realizar trámites migratorios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, registro digital 2022090, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Materia(s): Común Tesis: PC.X J/15 K (1ª) Pagina: 879, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional", prevista en el numeral 102 de la Ley de Migración, que señala: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". La interpretación del precepto transcrito, permite concluir que los inmigrantes indocumentados podrán ser entregados en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene obligación de hacer saber a los extranjeros, cuya situación migratoria es irregular en este país y que se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tienen derecho a que se les proporcione información acerca de sus garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho corresponda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, pueden otorgar garantía a fin de permanecer en domicilio diverso a la estación migratoria, así como dar aviso a su embajada para la obtención de asistencia y representación consular. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus garantías constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución Federal, la Ley de Amparo y los tratados internacionales de los que México forma parte; como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas, en este caso, la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, en cuyo lugar permanecen alojados los quejosos, derivada de su calidad de extranjeros indocumentados. Adicional a lo anterior, surtirá efectos la medida suspensional concedida, siempre y cuando se cumplan ante las responsables, los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: 1.- Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán. 2.- No podrán ausentarse sin previa autorización de este juzgado federal, del domicilio que para tal efecto señale para su resguardo. 3.- En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, deberán comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 4.- Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada, y será bajo el cuidado de las autoridades responsables que prosiga el procedimiento a que haya lugar para su debido cumplimiento. Ahora, ya que los justiciables no refieren el estatus que guardan dentro del país, se requiere a las responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir del que sea notificada de este acuerdo, informen la situación migratoria en la que los agraviados de referencia se encuentran. De igual forma, se les solicita den acceso a los impetrantes de amparo para el inicio de los trámites migratorios, ya sea de visa humanitaria o reconocimiento de condición de refugiado o de algún otro que proceda y para que en el caso de que aquéllos hayan realizado alguna solicitud relativa a la obtención de algún permiso o trámite para regularizar su estancia en el país, deberá resolverse sobre dicha petición dentro del plazo que establece la ley que rige dicho acto; lo anterior, virtud a que el promovente refiere que los agraviados pretenden que se le otorgue asilo en este país, por lo que solicitan acceso a ese derecho. Para efectos de lo anterior, se requiere al Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración y actual encargado de la estancia provisional Juárez adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Titular de Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, Titular de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración y Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración, todos con residencia en esta ciudad, para que en un término de setenta y dos horas contado a partir de que queden notificados de esta determinación, que se resuelva respecto de sus solicitudes de asilo, y en su caso de ser procedentes sus peticiones, le sean reconocida legalmente como refugiados, de ser así, se les expida la constancia de trámite respecto de reconocimiento de la condición de refugiados y remita la misma a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la que en el plazo de cinco días, a partir de que la resuelva, atendiendo a las características especiales de los quejosos, sobre la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiados en que se encuentran José Miguel Roque Carro, Diana Rosa Romero Gato y Gabriel Valdés Seija, velará porque se cumplan en todo momento las garantías del debido proceso consistentes en: 1.- Que sean notificados de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 2.- El proceso migratorio sea llevado por un funcionario o juez especializado. 3.- En caso de ser necesario se les proporcione un traductor y/o intérprete. 4.- Se garantice el acceso efectivo de los quejosos a la comunicación y asistencia consular. 5.- Se garantice el acceso a la asistencia de un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante. 6.- Se informe a los quejosos la posibilidad de recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos. 7.- El proceso migratorio se efectúe dentro del plazo razonable. Con independencia de lo anterior, al margen de los lineamientos establecidos, las autoridades responsables deberá implementar los mecanismos pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que el promotor de amparo cumpla a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente), ante este Juzgado de Distrito. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver a los quejosos a la autoridad responsable. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.99 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia penal, registro digital 169268, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos". Por otra parte, si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese tal detención poniéndolos en libertad, o bien a disposición del representante social, lo anterior con apoyo en los artículos 164, primer párrafo y 165 de la Ley de Amparo. Debiendo las autoridades responsables, informar de inmediato el cumplimiento que se dé a esta determinación; con el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser sancionadas por la probable comisión del delito establecido en el artículo 265, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades responsables deberán realizar las diligencias necesarias para que los agraviados tengan comunicación y asesoría del Consulado de su país de origen. Siendo aplicables los criterios con datos de localización: La tesis de la Décima Época, con número de registro 2016410, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo 2018, Tomo IV, Materia(s): Común Administrativa Tesis: I. 20ª A. 20 A (10ª) Pagina: 3550, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." Así como la diversa tesis de la Décima Época, con número de registro 2016412, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo 2018, Tomo IV, Materia(s): Común Administrativa Tesis: I. 20ª A. 19 A (10ª) Pagina: 3551, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano; además, para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda; apercibidas que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión se aplicarán en su contra los medios de apremio establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley en la materia; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán rendir dicho informe a esta autoridad al correo electrónico oficial 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como se dijo que los directos quejosos se encuentran en las oficinas de la estación migratoria de esta ciudad, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que se constituya en ese lugar, y notifique el presente acuerdo a José Miguel Roque Carro, Diana Rosa Romero Gato y Gabriel Valdés Seija; también para que los requiera a fin de que en el momento de la notificación o dentro de los tres días hábiles siguientes, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, ratifiquen o no la demanda de amparo promovida a su favor; se apercibe a los quejosos, que en caso de no cumplir con lo prevenido, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se dictan en el presente auto conforme al artículo 15 párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por otra parte, conforme al artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, infórmese a las partes que se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos de lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en la calle Jacarandas, número 4960, en esta ciudad y como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados Luis Mauricio Armendáriz Morales, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos a la licenciada Brenda Guadalupe Lara Ibarra, por no contar con dicho requisito. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad el justiciable lo ratifique, en el entendido que los quejosos al momento de ratificar o no la demanda promovida en su favor, podrán señalar diversa vía o domicilio para oír y recibir notificaciones si fuere su deseo. Por lo que respecta al correo electrónico y número telefónico que el promovente señala en su escrito, ténganse únicamente como forma de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional, toda vez que la legislación en la materia no prevé notificaciones por esos medios electrónicos. Sin que se ordene la apertura del cuaderno incidental, toda vez que se decretó la suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C", la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.
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