José Miguel Meza Flores y Otros.
Expediente 135/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Miguel Meza Flores y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido con arreglo a derecho el auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo generadora de este asunto; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el 214 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ MIGUEL MEZA FLORES, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado con el número 135/2018-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie la parte quejosa reclama: El auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio laboral 99/5/2017, en el cual la junta responsable, difirió la audiencia de conciliación demanda y excepciones, y ordenó emplazar de nueva cuenta a la parte demanda. En mérito a lo anterior, se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por el quejoso, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En esa virtud, para determinar la procedencia o improcedencia de la demanda constitucional, resulta importante destacar que conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como podrían ser la vida, propiedad, libertad personal, entre otros (por oposición a los adjetivos), y sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que recaiga sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Como lo destacó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el veintidós de mayo de dos mil catorce, donde interpretó los alcances del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto y sostuvo: "Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. (Énfasis propio) Criterio que integró la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Desde esa perspectiva, tratándose de un auto por el cual se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó emplazar de nueva cuenta a la parte demandada, no es un acto de imposible reparación en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino en su caso, una violación intraprocesal, pues no causa afectación a un derecho sustantivo del quejoso, de manera tal que le impida ejercer un derecho (sustantivo) de manera real, actual y de manera inmediata en el proceso, sino más bien, pretende la adecuada integración del juicio natural a efecto de evitar futuras reposiciones de procedimiento que conllevaría mayor dilación procesal. Por los razonamientos que contiene, es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 60/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: "DEMANDA LABORAL, LA NEGATIVA DE LA JUNTA DE TENERLA POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La negativa de la Junta de tener por contestada la demanda laboral en sentido afirmativo, debe impugnarse en amparo directo, que es la vía idónea para plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene un laudo favorable. Lo anterior revela, que no se trata de circunstancias que produzcan afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución, reservados al amparo indirecto. Por otra parte, resulta inexacto estimar que sólo las violaciones textualmente consignadas por el artículo 159 de la Ley de Amparo, son susceptibles de atacarse a través del amparo directo, con exclusión de cualquier otra, ya que ello conduce a desconocer el contenido de la fracción XI del propio numeral, según la cual también se consideran violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del gobernado, todas aquellas que resulten análogas a las expresadas en las primeras diez fracciones de dicha disposición." Así como la tesis aislada II.1o.C.T.42 L, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, y la diversa II.T.236 L, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que respectivamente dicen: "VIOLACION PROCESAL. LA CONSTITUYE LA OMISION DE LA JUNTA DE TENER POR CONFESOS A LOS CODEMANDADOS FISICOS. Se debe considerar por analogía como violación procesal reclamable en amparo directo, conforme a la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, lo referente a que la Junta debe tener a los codemandados físicos por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas, al no comparecer a la audiencia respectiva; toda vez que por su gravedad y naturaleza, la violación aludida es de aquellas que afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, ajustándose a la regla general de que el amparo directo es el medio idóneo para reclamar violaciones que producen efectos intraprocesales por haber sido causados dentro del procedimiento y no crean un perjuicio irreparable, y por las consecuencias que produce se asemeja a las expresamente previstas en las fracciones I a la X del dispositivo legal invocado." "DEMANDA LABORAL. EL AUTO DONDE LA JUNTA SE ABSTIENE DE TENER AL DEMANDADO POR INCONFORME CON TODO ARREGLO CONCILIATORIO, POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO Y POR PERDIDO SU DERECHO A OFRECER PRUEBAS, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. Si la Junta se abstiene de acordar la petición del actor de tener por inconforme al demandado con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas, tal acto no constituye una violación procesal impugnable mediante el juicio de amparo indirecto de modo excepcional, pues no tiene sobre el demandante una ejecución irreparable, ya que al momento en que se produce, tan sólo hace nacer la posibilidad de que ello ocurra cuando se resuelva la controversia en la medida en que influya en el sentido del fallo. En ese orden de ideas, al no surtirse la hipótesis que establece el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado del laudo para poder combatirla mediante el juicio de amparo directo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo." Esto, además de que, como se dijo, conforme a la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto no procede contra violaciones adjetivas aunque se estime una afectación predominante o superior, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2015 (10a.), de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD." Conforme a lo anterior, es inconcuso que el acuerdo combatido en esta vía, no reviste la característica de ser de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; toda vez que lo resuelto en dicho auto (dictado dentro del procedimiento del juicio laboral), únicamente generaría, en su caso, efectos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues no transgreden de manera inmediata un derecho sustantivo, sino sólo, en su caso, adjetivos, cuya trascendencia de la violación sería hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio laboral de origen, donde en su caso, podría materializarse una afectación, pues inclusive, no se sabe si el quejoso obtendrá un laudo favorable o no; es decir, el acto no genera al quejoso una afectación real, actual y de manera inmediata de derechos sustantivos, como lo sostuvo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, y que aquí se cita por similitud jurídica, donde en lo que interesa refirió: "Así, considerando que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio bi-instancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales antes mencionado previsto en la Ley de Amparo... Situados en la parte en la que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo." (Énfasis propio) Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario. Téngase como domicilio del quejoso para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Arnoldo Flores Haro. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal
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