José Miguel May Ocampo
Expediente 761/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Miguel May Ocampo
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en este juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. (.)
- Principal
MESA IV. Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por el Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridades señaladas como responsables en este asunto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir en esencia el acto reclamado en la omisión de las autoridades responsables de realizar el emplazamiento de la parte demanda en el juicio de origen 81/2021. Sin embargo como se anticipó, de la lectura de las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que en autos del juicio de origen 81/2021 del índice de la Junta a su cargo, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, el tres de junio del año en curso se notificó a los demandados Zero Impacto Ambiental, Zero Impacto Ambiental Sociedad Anónima de Capital Variable y David Enrique Rivera Valero. Determinaciones realizadas con posterioridad a la presentación de la demanda, que lo fue el seis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede de la que se aprecia que no obra en los presentes autos el acuse de recibo del oficio 4810/2021 que se giró al Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Izamal; por lo tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones, mediante telegrama que al efecto se gire, requiérase al Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Izamal, Yucatán, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por la misma vía telegráfica, informe si en los archivos a su cargo, se tramitó el expediente 307/2017, relativo al Juicio de Sucesión Intestada o de sucesión testamentario de quien en vida respondiera al nombre ******************************; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. En virtud de lo anteriormente acordado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las diez horas con diez minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, con copia del informe que rindió el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y del documento que adjuntó al mismo, consistente en el acta número trescientos veinticinco pasada ante la fe del Notario Público Número ochenta y siete del Estado, requiérase nuevamente los Jueces Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turnos matutino y vespertino, para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, informen a este Juzgado respecto del juicio de sucesión intestada a que se hace mención en el acta en comento; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Asimismo, con copia del informe que rindió el registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y del documento que adjuntó al mismo, consistente en el acta número trescientos veinticinco pasada ante la fe del Notario Público Número ochenta y siete del Estado, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Notaría Pública Número ochenta y siete del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán, para que dentro del término de tres días, días a que se refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, remita copia autorizada de todas y cada una de las constancias que guarden relación con el acta número trescientos veinticinco, de veintinueve de mayo de dos mil veinte en mención; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese.
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