José Miguel Manduley Mezerene

Expediente 839/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 33 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
839/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • José Miguel Manduley Mezerene
  • José Miguel Manduley Mezerene y Otros.
  • Nadege Joseph y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo General, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    SEGUNDO. Admisión a trámite de la demanda de amparo. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de Autoridad. En proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable, 18. Titular de los Retenes y Volantas del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en razón de que los actos reclamados, de ser ciertos, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Sub Comisión Jurídica del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación jurídica del 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; 2. Sub representante Federal Zona Sur de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en Tapachula; 3. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula; 4. y 19. Representante local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco; 5. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede Veracruz; 6. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Puebla, Puebla; 7. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; 8. Sub Representante Local Piedras Negras y encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila; Sub Representante Federal en suplencia por ausencia del 9. Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 11. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México; 13. Jefe del departamento de asuntos jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí; 14. Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, con sede en Querétaro; 15. Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, Nuevo León; 16. Titular de la Oficina de Representación en Guanajuato del Instituto Nacional de Migración, con sede en León, Guanajuato; y 17. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Por su parte, la autoridad responsable 12. Titular del Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Hidalgo), con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, fue omisa en rendir su respectivo informe; pese a estar debidamente notificada para ello, tal y como consta del acuse de recibo que obra en autos; sin embargo, toda vez que las autoridades ordenadoras negaron la existencia de los actos que se le reclaman, no ha lugar a presumirle ciertos los mismos, al no tener orden que ejecutar; aunado al hecho de que al rendir su informe en relación a la suspensión de plano concedida a los directos quejosos, negó los actos que se le atribuyen. Los quejosos ofrecieron como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin embargo dichas probanzas no desvirtúan la negativa de las autoridades responsables, toda vez que de las constancias que obran en autos no se desprende elemento alguno que acredite la existencia de los actos reclamados. En tales condiciones, si los peticionarios de amparo no aportaron medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados, en la especie es claro que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que ante tal circunstancia procede, sobreseer en el presente juicio. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo la vista de ocho días establecida en el artículo 117 de la Ley de Amparo, mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, con el informe justificado rendido por el 8. Sub Representante Local Piedras Negras y encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo. Por otro lado, se desprende que la autoridad responsable 12. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en Pachuca, Hidalgo, no han rendido su informe justificado, pese a estar debidamente notificada para ello. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta, vía telegráfica, con independencia de hacer por la vía ordinaria, a la citada autoridad para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, respecto del acto consistente en la orden de detención y su ejecución, así como sus antecedentes, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para dar cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo previsto por los artículo 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración, la que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias; la cual se llevará a cabo por videoconferencia. Por tanto, se requiere a las partes para que, hasta cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, por una parte, proporcionen un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, y por otra, remitan copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma. En el entendido que,??? de no cumplir con lo anterior, la audiencia se celebrará sin su comparecencia. Finalmente, resulta innecesario librar oficio a las autoridades responsables que ya rindieron sus informes justificados, para comunicarles el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentra en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp; por lo que notifíquese por oficios únicamente a las autoridades responsables que no han rendido sus informes justificados. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10 a.), página 1253, del Libro XVI, correspondiente al mes de enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." ...

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por el 8. Sub Representante Local Piedras Negras y encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, y dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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