Jose Miguel Luna Gonzalez
Expediente 390/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Miguel Luna Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
... Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en el que transcribe el proveído de quince de los actuales emitido en el juicio de amparo 577/2021-III, de su índice, del que se advierte que dicho órgano, se avocó al conocimiento del presente juicio. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, acusa recibo de la diversa misiva por la que se remitió el juicio de amparo 390/2021, el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente asunto y tres tomos de pruebas. Asimismo, se aprecia que remitió el citado asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad a fin de ser turnada a ese juzgado como nueva demanda y realizarse la compensación correspondiente. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
...De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa, ostentándose tercera extraña clásica reclama del Juez Quinto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato y otra autoridad, la desposesión de dos fracciones de predio rústico denominado *** cuyas superficies, medidas y linderos, especificó en su demanda de amparo inicial. Ahora bien, tal como se advierte de la certificación de cuenta, de la búsqueda realizada en el "Sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE)" y en la página de internet de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se obtuvo la existencia se advirtió la existencia del juicio de amparo *** del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, promovido por *** por conducto de su apoderada legal *** en el que, en esencia, ostentándose tercera extraña clásica al juicio de origen, reclamó también dos fracciones del predio rústico denominado *** que aseguraba era de su propiedad y que fueron afectadas en el juicio *** del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato. Sobre esa base, con los datos reseñados, se colige que los actos reclamados en esta instancia constitucional corresponden o guardan estrecha relación con los diversos actos que fueron combatidos en el juicio de amparo *** del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que las desposesiones ahí reclamadas tienen origen en el juicio *** del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato. En ese orden, se considera que corresponde conocer de la demanda generadora de este sumario constitucional 390/2021, a la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, toda vez que tuvo conocimiento previo de otros libelo actio en diverso juicio de amparo de su estadística, en que se reclamaron actos que corresponden o se encuentran vinculados con el que aquí se impugna, los cuales se radicaron con anterioridad a la presentación de la demanda en el presente juicio (actos reclamados del mismo juicio de origen *** ) Esto, porque de la consulta realizada en la página de internet de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se obtuvo que la demanda generadora del supracitado juicio de amparo *** se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con anterioridad al juicio en que se actúa, esto es, el diecinueve de octubre de dos mil veinte y cuya audiencia constitucional tuvo verificativo el doce de abril del año en curso, en tanto que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se recibió el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. De ahí que, se justifique que es a la citada juzgadora federal a la que corresponde conocer de la demanda que se recibe. Lo anterior, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, con reformas publicadas el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; específicamente, en sus artículos 45, fracción II y 46, fracción IV, de los cuales se advierte, en lo que interesa, que al promoverse demandas de amparo indirecto que tengan relación entre sí, como en el presente caso, que las desposesiones reclamadas, tanto en el presente juicio de amparo como en el 687/2020 del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, tienen origen en el juicio *** del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, corresponderá su conocimiento al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente de aquél juicio de origen. Es decir, para el turno de las demandas como la presente, debe atenderse al sistema de conocimiento previo conforme con un criterio de relación, cuya finalidad es dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico, que haya conocido por última vez de un propio problema jurídico, para así evitar el dictado de resoluciones contradictorias, a fin de observar una adecuada administración de justicia. Entonces, este juzgado de Distrito considera que, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, corresponde conocer y resolver del estudio de constitucionalidad de los actos reclamados en la demanda que generó esta instancia constitucional, por tener el último antecedente de un asunto que se refiere a los actos aquí reclamados. Así, dese atención a lo establecido por el artículo 46, fracción XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis. Por tanto, remítanse las constancias que integran el presente juicio de amparo, tres tomos de pruebas, así como los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, a efecto de que tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional, si acepta o no el conocimiento del asunto que nos ocupa. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data...
- Incidental
......CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez responsable, al rendir su respectivo informe previo, aceptó los actos que se le atribuyen; razón suficiente para tenerlos como ciertos. Por su parte, las responsables Directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de esta ciudad y Actuario adscrito la Central de Actuarios de esta ciudad, al momento de rendir sus informes de ley, negaron los actos que se les atribuyen; sin embargo, procede desvirtuar dicha negativa, toda vez que el Juez aceptó el acto que se le atribuye, al tener carácter de ordenadora, por tanto, en cualquier momento puede ordenar la ejecución de los actos reclamados; de ahí que procede tener por ciertos los actos que se le reclaman. Por tanto, se procede a pronunciarse sobre la suspensión solicitada. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; lo que se traduce en la paralización de la ejecución los actos impugnados, así como de sus efectos y consecuencias. Sobre esa base, se considera que el acto en estudio resulta paralizable, en virtud de que tiene efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el cumplimiento de la orden tendente a la desposesión decretada contra el inmueble que la parte quejosa defiende, lo que puede derivar en una eventual trasgresión o molestia en sus bienes o derechos. SEXTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. A) Paralización de la ejecución de los actos reclamados. Sobre esa base, por lo que hace a la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que se conceda la medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, no se encuentra satisfecho el requisito en estudio. Se afirma lo anterior, ya que de otorgar la suspensión en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que los actos en estudio son tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de la función jurisdiccional y, por ello, revisten el carácter de actos de interés social, pues corresponden a la administración de justicia que debe ser pronta y expedita y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectación al interés jurídico del quejoso, pues en el caso, no se advierte que el derecho particular del incidentista sea oponible al interés general que tiene la colectividad de que la tramitación de los procesos jurisdiccionales sea expedita, como en el caso acontece. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 81/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 357 del tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." De ahí que no sea procedente conceder la medida precautoria en los términos solicitados. b) Efectos y consecuencias de los actos reclamados. Por lo que ve a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse los actos reclamados serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían a la parte quejosa porque se le podría privar de bienes o derechos que difícilmente recuperaría. SÉPTIMO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho-. De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego" En el caso, se considera que la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata, con la documental que fue exhibida con la demanda, consistente en: Copia certificada del contrato de compraventa celebrado el nueve de julio de mil novecientos noventa y siete entre *** y *** ratificado ante el Notario Público número *** de León, Guanajuato, la cual ampara la adquisición a favor del quejoso de los bienes litigiosos. Documental que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2, tiene valor suficiente para demostrar, al menos de manera indiciaria, el interés suspensional de la parte quejosa, respecto de la medida cautelar, pues de revisión se aprecia la celebración de un contrato de compraventa realizado entre *** como parte vendedora, y *** hoy parte quejosa, en su carácter de comprador, respecto de los bienes que defiende en esta instancia. De igual forma, con la manifestación que realiza la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que en el juicio de origen aparentemente se embargaron los bienes que defiende sin que hubiera sido oído y vencido en juicio, por lo que considera que en caso de que se materialicen los actos impugnados contra dichos bienes se transgredirían sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas; por tanto, cualquier transgresión que aduzcan sobre sus derechos les afectan. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." Aunado a que las responsables, al momento de redor sus informes, aceptaron la existencia delos actos que se les atribuyen. Así, se satisfacen los mencionados requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, esto es, que la solicita la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad; en caso de ejecutarse los actos reclamados serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían a la parte quejosa porque se le podría privar de bienes que difícilmente recuperaría. OCTAVO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 151 de la Ley de Amparo, procede otorgar la medida cautelar a la parte quejosa, para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento de origen, independientemente en la etapa en que se encuentre, no se ordene la escrituración y entrega de los inmuebles que defiende a quien resulte su adjudicatario. Ello, en tanto las responsables reciban comunicación sobre la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, siempre y cuando a la fecha del dictado del presente acuerdo no haya acontecido, pues de ser así se estaría en presencia de actos consumados contra los que resulta improcedente otorgar la suspensión solicitada. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Primera Sala, visible en la página 515, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." NOVENO. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. Ahora bien, es importante precisarse que, por un lado el otorgamiento de la medida cautelar establece un mecanismo que atiende a la naturaleza del acto reclamado y a los efectos individuales y sociales que con ella se pudieran provocar; por otro lado, en cuanto a los requisitos que debe cumplir la parte quejosa para que surta efectos la suspensión que se le haya conferido, se incorpora el principio general consistente en que para ello será necesario que se otorgue caución bastante que responda por los daños y perjuicios que puedan ocasionar al tercero interesado. Por ello, de conformidad con el artículo 138, primer párrafo y 139 de la Ley de Amparo, la presente medida cautelar surte sus efectos desde este momento, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta garantía que equivale a la suma de los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse al tercero interesado. En efecto, toda vez que los daños y perjuicios que se ocasionan con la concesión de la suspensión que se concede, están representados, los primeros (daños) con la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la cantidad que no ingresó al patrimonio del ejecutante vencedor y, los segundos (perjuicios) por las ganancias lícitas que obtendría al tener bajo su dominio el monto de la condena cuya ejecución se paraliza, hasta que se resuelva en definitiva el presente incidente. De tal manera, en principio, se toma en cuenta que el tiempo estimado para resolver sobre la suspensión definitiva, es de aproximadamente seis meses; de ahí que, la caución fijada es la suma de los daños y perjuicios que pudieran causarse, la cual se cuantificará con base en el monto al que asciende la cantidad líquida a que fue condenada la parte aquí parte quejosa, en lo particular, el valor de los bienes inmuebles asciende a $8,317,003.41 (ocho millones trescientos diecisiete mil tres pesos 41/100 moneda nacional), según lo narrado en el informe previo rendido por el Juez del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. Resulta aplicable a lo anterior, por igualdad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), con número de registro 2008219, obligatoria a partir del diecinueve de enero de dos mil quince, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación" Así, para el cálculo de los daños se debe tomar como base el aumento del índice nacional de precios al consumidor por el tiempo en que se considera puede resolverse sobre la suspensión definitiva (índice inflacionario) al día en que se emite la presente resolución; de lo que se obtiene que con relación al índice inflacionario de diciembre de dos mil veinte a mayo de dos mil veintiuno, fue de 2.88% (cero punto cincuenta y siete por ciento); por tanto, aplicando el porcentaje estimado de inflación en los seis meses aludidos, al producto de la operación aritmética relativa a la cantidad a que asciende la ejecución, da la cantidad de $239,529.69 (doscientos treinta y nueve mil quinientos veintinueve pesos 69/100 moneda nacional). En el caso de los posibles perjuicios, se calculan de acuerdo a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a veintiocho días en el momento de la presente resolución, que equivale a 4.5240% (cuatro punto cinco mil doscientos cuarenta por ciento) anual, según información que se trae de la página http://www.banxico.org.mx; la cual, dividida entre doce meses, arroja un porcentaje mensual de 0.377% (cero punto trescientos setenta y siete por ciento), que multiplicado por seis da como resultado 2.262% (dos punto doscientos sesenta y dos por ciento). De modo que, si el tercero interesado dispusiera de la cantidad líquida de a $8,317,003.41 (ocho millones trescientos diecisiete mil tres pesos 41/100 moneda nacional), se considera que dejaría de obtener como ganancia lícita en un período de seis meses, el monto equivalente a $188,130.61 (ciento ochenta y ocho mil ciento treinta pesos 61/100 moneda nacional). En consecuencia, la parte quejosa deberá exhibir garantía por la cantidad de $427,660.30 (cuatrocientos veintisiete mil seiscientos sesenta pesos 30/100 moneda nacional), que equivale a la suma de los daños y perjuicios calculados con anterioridad. Por lo tanto, se determina que la suspensión definitiva concedida, surte sus efectos desde este momento, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de esta determinación, una garantía por la suma de los daños y perjuicios que han sido cuantificados, esto es, $427,660.30 (cuatrocientos veintisiete mil seiscientos sesenta pesos 30/100 moneda nacional), conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Hágase la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por cada uno de los quejosos como depositantes y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; pero el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar la suspensión definitiva concedida a *** en el incidente de suspensión 309/2021" Apercibida la responsable, que de no obedecer la presente resolución, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III1, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que hace a las autoridades mencionadas en el considerando cuarto, y por las razones aludidas en la primera parte del considerando sexto de la presente interlocutoria. PRIMERO. Se concede a *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones aludidas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el diverso octavo de la presente interlocutoria...
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Jose Miguel Herrera Perez1104/2023
- José Miguel Lima Pérez36/2017
- Jose Miguel Lima Perez1004/2017
- Jose Miguel Lima Perez391/2020
- Jose Miguel Lima Perez760/2018
- Jose Miguel Lima Perez279/2018
- JOSE MIGUEL PERALES LOPEZ y Otros.159/2023
- JOSE MIGUEL PERALES LOPEZ y Otros.1045/2023
- Jose Miguel Perez Martinez563/2019
- José Miguel Pérez Martínez1068/2015
- Jose Miguel Salinas Vargas131/2017
- Jose Miguel Salinas Vargas294/2017