Jose Miguel Lima Perez

Expediente 718/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
718/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • Jose Miguel Lima Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado, residente en Guanajuato, capital, transcribe el proveído de veinticuatro de enero del año en curso, con lo cual aduce ajustarse a los lineamientos ceñidos por el Tribunal Colegiado en cita. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con el contenido de dicho comunicado, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este Juzgador Federal resolverá lo que en derecho proceda, de conformidad con las constancias que obran en autos.

  2. Principal

    RECEPCIÓN OFICIO CON SUS ANEXOS Por recibido el oficio y anexos de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, al que anexa copia certificada del testimonio de la resolución emitida en el amparo en revisión 321/2017, derivado del juicio de amparo número 718/2017-IV.1, promovido por ***, así como nueve tomos de pruebas que fueran enviados para la substanciación del recurso de mérito. Acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, los puntos resolutivos son del tenor siguiente: PRIMERO. Se revoca la sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos reclamados al juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el numeral 192 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente acuerdo, manifieste expresamente que cumplirá con lo dispuesto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, Capital, en el recurso de revisión de referencia; esto es: continúe con la sustanciación del procedimiento penal **/2003, ajustándose a los plazos y términos previstos en el Código Federal de Procedimientos Penales, hasta la etapa procesal que se analiza en este juicio y que lo es el procedimiento de instrucción. En la inteligencia de que deberá vigilar el fenecimiento de los términos que otorgue a las partes conforme a ley, así como el de aquellos que fije conforme a su prudente arbitrio, instando a los actores involucrados a cumplir con las tareas encomendadas, haciendo uso de los medios de apremio que estime pertinentes. Asimismo, preferirá en la medida de lo posible el envío de las comunicaciones oficiales mediante los servicios electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en aras de abreviar los tiempos de envío y recepción. De igual forma, para que en el caso de considerar necesario el desahogo de diligencias con los peritos designados, o bien, que así le sea solicitado por el procesado, concentre aquellas que resulte posible realizar en una sola jornada; así como también, que para al programarlas o reprogramarlas, lo haga a la brevedad posible, haciendo uso, en su caso, de los medios de apremio correspondientes, y desde luego en beneficio del quejoso. Cobran aplicación las consideraciones de la tesis 1a. CXXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMA EL CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR HABER TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE EN SU DURACIÓN. El hecho de que transcurra un plazo razonable después de dictado el auto de formal prisión, sin que el procesado que se presume inocente esté ejerciendo su derecho de defensa o aun ejerciéndolo hubiera transcurrido un lapso excesivo en relación con lo dispuesto en la ley y todavía no exista decisión sobre su culpabilidad o inculpabilidad, puede dar cabida a considerar violados los principios de presunción de inocencia, plazo razonable, dignidad humana y pro homine, emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que cuando en el amparo se reclama la violación a dichos principios y se otorga al quejoso sujeto a prisión preventiva la protección constitucional, sus efectos, conforme a la norma constitucional vigente antes del 18 de junio de 2008 -sistema penal anterior al nuevo acusatorio adversarial-, implicarían que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas competencias, queden vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría ser un argumento válido para aplazar cualquier determinación de absolución o de condena. Por otro lado, cuando resulten aplicables las reformas a la Constitución General de la República publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que instauran el nuevo sistema penal acusatorio, si ha transcurrido un plazo superior a 2 años, el imputado no está ejerciendo su derecho de defensa y no se ha pronunciado sentencia, el efecto de la concesión del amparo será ponerlo en libertad de inmediato mientras se continúa con el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares conforme al artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental. Asimismo, por identidad en la sustancia se cita el diverso criterio 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. De igual manera, envíese al Juez responsable copia de la resolución de segunda instancia. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico del Juez Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, ahora responsable, tópico que el Tribunal Colegiado oficiante abordó de manera específica en su resolución; toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía, no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias relativas al proceso penal **/2003-I (nueve tomos), que la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, acompañó a su informe con justificación; por tanto, se ordena desglosar las documentales en cita de los nueve cuadernos de pruebas que se formaron con motivo de su recepción para devolverlas a su lugar de origen, previa certificación que de ello se asiente en autos.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad capital, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción acepto la competencia planteada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, y se avoco al conocimiento del recurso de revisión interpuesto por ***, por conducto de su defensor público federal, el cual quedo registrado como amparo en revisión 321/2017.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual envía copia certificada de la ejecutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada en el amparo en revisión penal 383/2017, en la que el órgano de su adscripción se declaró incompetente para conocer del recurso de revisión interpuesto por ***, por conducto de su defensor, y ordenó remitir los autos al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. Acúsese recibo de estilo a la superioridad.

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