José Miguel Lara Cortez

Expediente 1156/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1156/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • José Miguel Lara Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del treinta de noviembre de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Ahora, toda vez que se trata de un asunto concluido y se considera innecesaria la retención de las constancias que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente el día viernes dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese y por lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito del quejoso **********, expídase a su costa únicamente un juego de las copias certificadas que solicita, toda vez que no expresa las razones por las cuales requiere de su expedición por duplicado, entréguense, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal.. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, la promovente deberá ingresar al micrositio denominado "Agenda OJ", del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual tendrá que generar cita para los días viernes en un horario de las trece a las catorce horas con treinta minutos a fin de llevar a cabo la actuación respectiva. No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento que la expedición de las copias que solicitó, está sujeta a que el servicio de fotocopiado al público en el edificio sede de este Juzgado, se encuentre trabajando. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia que antecedente, se tiene al quejoso ratificando la firma que calza el escrito con registro 13362, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en caso de incumplimiento. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por José Miguel Lara Cortes, por derecho propio y sus escritos aclaratorios, contra actos de los representantes del Comisariado Ejidal de San Miguel Jagueyes, Municipio de Huehuetoca, Estado de México, se provee: De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la expedición a su favor por parte de los integrantes del Comisariado responsables, de una constancia de posesión del inmueble que aduce es de su propiedad, cuando dicho predio ya se encontraba otorgado a diversa persona. En ese tenor, el suscrito estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, al accionar el juicio constitucional, la autoridad responsable adquiere el carácter de parte en el procedimiento, pues de ella emanan los actos que, a consideración de la parte quejosa, vulneran su esfera jurídica; además, los particulares adquieren la condición de responsables, cuando realicen funciones equivalentes a las de las autoridades, y que con ello afecten los derechos a los que hace mención el párrafo que antecede. En ese contexto, las características que deben contener los actos realizados por particulares para que éstos sean considerados equiparables a los de autoridad, son los siguientes: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Ahora, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, el cual ha ido evolucionando a lo largo de la historia de éste procedimiento y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública". Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página ciento dieciocho del tomo V, de febrero de 1997, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". De lo anterior se aprecia que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, los actos de las autoridades responsables deben concebirse, fundamentalmente, excluidos de los diversas que emanan de particulares, por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y para ello es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por su parte, las relaciones de supraordinación son aquellas que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Por lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo es imperativo que la relación jurídica entre la parte quejosa y la entidad a la que se le atribuyan ciertas actuaciones y/o omisiones, se ubique dentro de la denominada de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado cuente con atribuciones para actuar como una autoridad del Estado en un plano de superiorioridad, y lo haga en cumplimiento a un cuerpo normativo. En ese contexto, es dable señalar que lo reclamado en el juicio de amparo en que se actúa no reviste las características de acto de autoridad, toda vez que los integrantes del Comisariado Ejidal de San Miguel Jagueyes, Municipio de Huehuetoca, Estado de México, no cuenta con atribuciones para actuar como una autoridad del Estado en un plano de superiorioridad al quejoso, y en cumplimiento a un cuerpo normativo. Se dice lo anterior, en virtud de que los artículos 21, 32 y 33 de la Ley Agraria, disponen lo siguiente: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." De esos numerales se advierte que el comisariado ejidal es un órgano que emana del ejido (y no del Estado), integrado primordialmente por un presidente, un secretario y un tesorero, y que tiene como función principal el ejecutar los acuerdos de la asamblea, así como representar y gestionar administrativamente al ejido. Además, no se aprecia que sus actos sean equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; tampoco que afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Por su parte, el artículo 23 de la Ley Agraria estipula la competencia de la asamblea de ejidatarios (órgano ordenador del comisariado ejidal), y del que se desprende lo siguiente: a) La asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación; b) Sus relaciones con los sujetos del ejido son de coordinación ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la legislación invocada; y, c) Aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por lo anterior, se pone de manifiesto que los integrantes del Comisariado Ejidal de San Miguel Jagueyes, Municipio de Huehuetoca, Estado de México, no tienen el carácter de responsables para los efectos del juicio de amparo, por lo que sus actos no pueden ser combatidos a través de ese procedimiento. Máxime que, como se dijo, existe un procedimiento para dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página dos mil ciento ochenta y cuatro del libro dieciséis, tomo III, correspondiente al mes de marzo de dos mil quince, décima época, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS". Asimismo, es aplicable, por el criterio que contiene, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página trece del volumen 175-180, primera parte, séptima época, de rubro siguiente: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD, AUNQUE INTERVENGA EN LA APLICACION DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5°, fracción ll, de la Ley de amparo, procede a desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113, del propio ordenamiento. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta, cuya firma difiere de la plasmada por el quejoso **********, particularmente en su escrito de demanda, sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía; en esa circunstancia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente con identificación oficial vigente con fotografía en el local de este Juzgado de Distrito, para que ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, manifieste sí reconoce como suya la firma que calza el escrito de cuenta, es decir, si estampó de su puño y letra la aludida firma. Se le advierte que el artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal, establece que se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de cien a trescientos días a quien sea examinado y faltare a la verdad, afirmando un hecho falso o negando uno verdadero. Debe destacarse al promovente que a efecto de comprobar la veracidad de su dicho, en caso de considerarlo necesario, se ordenará la realización de un dictamen pericial, sobre la firma que estampó en el escrito que se acuerda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Con el apercibimiento de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos se tendrá por no presentado, con las consecuencias legales conducentes. Lo anterior, deberá realizarse conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la reanudación de plazos y del regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19. En consecuencia, debido a que esta determinación se notificará por lista electrónica a José Miguel Lara Cortés, con fundamento en los artículos 1o., 3o., 6o., fracciones I inciso e), y II, del citado Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del tres de agosto del dos mil veinte se instruye al secretario encargado de este expediente, realice el trámite relativo a la cita, desde la modalidad del programa "Agenda OJ" para la obtención del Código QR que corresponda, con el propósito de habilitar el ingreso del citado quejoso a este juzgado federal para el día en que venza el plazo concedido en el requerimiento de mérito; es decir, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; ello, con motivo de que, la atención presencial basado en citas, tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, le corresponde a este órgano jurisdiccional generar la cita respectiva para que tenga verificativo el día en que venza el término. En ese contexto, de conformidad con el referido numeral 6, fracción I, inciso c), del mencionado acuerdo general, una vez que se obtenga el código QR respectivo, déjese en el acceso principal del local de este juzgado federal e infórmese al Administrador Regional del Edificio Sede del Poder Judicial en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la fecha y hora que se programó en el sistema "Agenda OJ" para la comparecencia de José Miguel Lara Cortés; es decir, a las trece horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el entendido de que este deberá acudir puntualmente a la cita programada, toda vez que su impuntualidad podría acarrear como consecuencia no permitirle el acceso a este órgano jurisdiccional lo cual será únicamente su responsabilidad. En el entendimiento de que el quejoso, podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ", a efecto de atender el requerimiento y/o comparecencia ordenada en esta determinación, en una fecha anterior a la de la cita que genere este órgano jurisdiccional, en esa hipótesis, estará sujeto a la disponibilidad que arroje el aludido sistema. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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