Jose Miguel Hercules Andino
Expediente 120/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Miguel Hercules Andino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el auto en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que generó este expediente. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales. Consecuentemente, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que han quedado sin efecto las providencias dictadas en el auto inicial del presente juicio. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda: ?El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ?El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 TRANSPARENCIA. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES EXHIBIDOS POR LAS PARTES Se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que al día de hoy ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en el acuerdo inicial, para que diera cumplimiento a la prevención de demanda ahí efectuada, sin que lo hubiere hecho. Por lo tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. Por lo tanto, una vez que cause estado en presente proveído se dejaran sin efectos las providencias dictadas por este juzgado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma Rosa
- Principal
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. Predio Rústico denominado "Huerto Santa Isabel", Carretera Cantón Murillo Km 0+450, de esta ciudad. NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO: JOSÉ MIGUEL HÉRCULES ANDINO. JUICIO DE AMPARO: 120/2022, MESA III-B. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que siendo las nueve horas del once de febrero de dos mil veintidós, se notifica al quejoso José Miguel Hércules Andino, por medio de lista el contenido del proveído de tres de febrero del año en curso, pronunciado en el juicio de amparo número 120/2022, del índice de este juzgado, cuya síntesis dice: - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ".Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de febrero de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por José Miguel Hércules Andino, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 15, 20 y 109 de la Ley de Amparo, téngase por presentado el citado libelo. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 120/2022 III-B. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción IV, 28 y 30 de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito mediante oficio con copia de la demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se aduce que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, lo siguiente: Aseguramiento y/o detención Retención Deportación o expulsión Libre tránsito. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de detener a la quejosa para ser deportada, expulsada o repatriada a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Por otro lado, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de una posible restricción de su libertad de tránsito por la posible detención, es necesario establecer que esta prerrogativa debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, conforme al cual queda claro que tal derecho no es absoluto ni irrestricto, pues está sujeto a límites y subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración; cuestiones todas ellas de interés social y orden público. En ese contexto, si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, estas últimas deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuestas a las gestiones que en ese entorno se realicen y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente.. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que este se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. De conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, y por cuanto hace a los actos que ahí se describen, la parte amparista queda a disposición de este juzgado de Distrito, en el lugar en que se encuentra alojada, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la subsistencia de la medida. Asimismo, las autoridades responsables en términos de la Ley de Migración, deberán: ? Garantizar la seguridad personal de los migrantes. ? Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. ? Dar a conocer los derechos de las personas presentadas de acuerdo a lo estipulado en el precepto 109, tales como: ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; ? Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Que tiene derecho a acceder a comunicación telefónica; ? A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. ? Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. CUMPLIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo1, asimismo se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, a fin de que informen en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibida que, si al rendir su informe expresa un hecho falso o niega la verdad, se le impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en el caso concreto, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, se hace del conocimiento de las autoridades responsables lo siguiente: Deberá informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar en el plazo antes indicado, por lo que deberá remitir la información conducente, así como las constancias con las que acredite sus manifestaciones al correo electrónico 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. * Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido de las ocho a las doce horas. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. PREVENCIÓN Con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda en los aspectos siguientes: Primero.- Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en la orden de deportación. Segundo.- Señale si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. Tercero.- Asimismo, deberá precisar qué actos reclama a las autoridades domiciliadas fuera de la jurisdicción de este Juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a las mismas resulta ambiguo, es decir, no se justifica cual es la razón de incorporarlas a la contienda constitucional. Cuarto.- Indique si contra actos similares a los ahora reclamados ha promovido con anterioridad un diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Notifíquese personalmente...", para que surta los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), c), k), 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. Lic. Omar Pérez Cruz. Actuario Judicial
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de ocho de febrero del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad del fedatario judicial de la adscripción de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de tres de febrero del año en curso, por la razón asentada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del referido acuerdo, y las subsecuentes determinaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este juzgado. Por otra parte, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el informe de suspensión de plano rendido por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin que haya lugar a realzar mayor pronunciamiento, toda vez que se hizo lo propio en proveído de nueve de febrero del año en curso. Notifíquese.
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