José Miguel Guadalupe Molina López

Expediente 382/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
382/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • José Miguel Guadalupe Molina López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de diez de mayo del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 382/2019-II. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; esto es, que no afecten derechos sustantivos. En el entendido de que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho humano de que se trate y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida respecto del acto reclamado, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, siendo éstos los siguientes: Que el quejoso tiene la calidad de imputado dentro de la causa penal ********* de la estadística del Juzgado de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por la comisión del ilícito de lesiones. Que dicha causa penal se encuentra en la etapa intermedia, específicamente en la fase escrita, relativa a la formulación de la imputación y descubrimiento probatorio. Que el doce de noviembre de dos mil dieciocho se le notificó el auto mediante el cual se le corrió traslado con el escrito de acusación y se le concedió un término para su contestación. El dieciséis de noviembre del año pasado, se dejó sin efectos el referido escrito de acusación y se acordó un nuevo periodo de investigación complementaria. El doce de febrero de la anualidad que corre, se citó nuevamente a la audiencia de preparación a juicio, la cual fue cancelada en virtud de que el Agente del Ministerio Público fue omiso en correr traslado con el escrito de acusación. Una vez impuesto del escrito acusatorio, el aquí quejoso dio contestación a la acusación formulada en su contra. Posteriormente, el ministerio público solicitó se le tuviera subsanando un error y volvió a presentar un escrito de acusación. En razón de lo anterior, la autoridad responsable emitió el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, en el que aceptó el nuevo escrito de acusación dejando sin efectos los anteriores y señaló un nuevo término para dar contestación a dicha acusación. Inconforme con esa determinación, el quejoso por conducto de sus defensores particulares interpuso recurso de revocación; y, Mediante resolución de doce de abril del año en curso, pronunciada por el Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, determinó confirmar el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve. (acto reclamado) Sentado lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón de que, a más de que constituye una resolución de índole procesal, no afecta derecho sustantivo alguno, toda vez que el auto de ocho de abril pasado, en el que se aceptó un nuevo escrito de acusación dejando sin efecto los anteriores y señalando nuevo término para su contestación; no es impugnable en esta vía constitucional, pues por sí mismo, en modo alguno afecta derechos sustantivos del quejoso. En efecto, como se aprecia en la resolución reclamada de doce de abril del año en curso, emitida por el Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta localidad, dentro del proceso penal ***********, confirmó el auto de ocho del citado mes y año, en el que se determinó aceptar un nuevo escrito de acusación dejando sin efecto los anteriores y se fijó nuevo término para su contestación. Razón por la cual dicha determinación, el único efecto que conlleva, se traduce en una formalidad esencial del procedimiento previsto en los artículos 334, 335, 336 y 337 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en virtud de que se le da vista al hoy quejoso con el escrito de acusación, para que exponga lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas que estime necesarias para su adecuada defensa, lo que únicamente incide en sus derechos adjetivos, relacionados con la legalidad del procedimiento, ya que en términos de lo previsto en el artículo 340 del citado código nacional, la intervención del hoy quejoso respecto de tal proveído se ciñe a que una vez concluido el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, pueda: I. Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante; II. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio; III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones; y, IV. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios. De ahí que, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de la actuación de tribunales judiciales, es necesario que sus determinaciones afecten derechos sustantivos, lo cual se itera, no acontece en el presente asunto, ya que se trata de una actuación de índole procesal y en ejecución de una formalidad esencial del mismo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mayré López García, Juan Carlos Ramírez Mendoza y Pablo Aldrete Ramírez, en virtud de que cuentan con cédulas profesionales registradas a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C), DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 382/2019-II. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; esto es, que no afecten derechos sustantivos. En el entendido de que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho humano de que se trate y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida respecto del acto reclamado, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, siendo éstos los siguientes: Que el quejoso tiene la calidad de imputado dentro de la causa penal ********* de la estadística del Juzgado de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por la comisión del ilícito de lesiones. Que dicha causa penal se encuentra en la etapa intermedia, específicamente en la fase escrita, relativa a la formulación de la imputación y descubrimiento probatorio. Que el doce de noviembre de dos mil dieciocho se le notificó el auto mediante el cual se le corrió traslado con el escrito de acusación y se le concedió un término para su contestación. El dieciséis de noviembre del año pasado, se dejó sin efectos el referido escrito de acusación y se acordó un nuevo periodo de investigación complementaria. El doce de febrero de la anualidad que corre, se citó nuevamente a la audiencia de preparación a juicio, la cual fue cancelada en virtud de que el Agente del Ministerio Público fue omiso en correr traslado con el escrito de acusación. Una vez impuesto del escrito acusatorio, el aquí quejoso dio contestación a la acusación formulada en su contra. Posteriormente, el ministerio público solicitó se le tuviera subsanando un error y volvió a presentar un escrito de acusación. En razón de lo anterior, la autoridad responsable emitió el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, en el que aceptó el nuevo escrito de acusación dejando sin efectos los anteriores y señaló un nuevo término para dar contestación a dicha acusación. Inconforme con esa determinación, el quejoso por conducto de sus defensores particulares interpuso recurso de revocación; y, Mediante resolución de doce de abril del año en curso, pronunciada por el Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, determinó confirmar el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve. (acto reclamado) Sentado lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón de que, a más de que constituye una resolución de índole procesal, no afecta derecho sustantivo alguno, toda vez que el auto de ocho de abril pasado, en el que se aceptó un nuevo escrito de acusación dejando sin efecto los anteriores y señalando nuevo término para su contestación; no es impugnable en esta vía constitucional, pues por sí mismo, en modo alguno afecta derechos sustantivos del quejoso. En efecto, como se aprecia en la resolución reclamada de doce de abril del año en curso, emitida por el Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta localidad, dentro del proceso penal ***********, confirmó el auto de ocho del citado mes y año, en el que se determinó aceptar un nuevo escrito de acusación dejando sin efecto los anteriores y se fijó nuevo término para su contestación. Razón por la cual dicha determinación, el único efecto que conlleva, se traduce en una formalidad esencial del procedimiento previsto en los artículos 334, 335, 336 y 337 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en virtud de que se le da vista al hoy quejoso con el escrito de acusación, para que exponga lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas que estime necesarias para su adecuada defensa, lo que únicamente incide en sus derechos adjetivos, relacionados con la legalidad del procedimiento, ya que en términos de lo previsto en el artículo 340 del citado código nacional, la intervención del hoy quejoso respecto de tal proveído se ciñe a que una vez concluido el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, pueda: I. Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante; II. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio; III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones; y, IV. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios. De ahí que, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de la actuación de tribunales judiciales, es necesario que sus determinaciones afecten derechos sustantivos, lo cual se itera, no acontece en el presente asunto, ya que se trata de una actuación de índole procesal y en ejecución de una formalidad esencial del mismo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mayré López García, Juan Carlos Ramírez Mendoza y Pablo Aldrete Ramírez, en virtud de que cuentan con cédulas profesionales registradas a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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