José Miguel Garza De León

Expediente 914/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
914/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • José Miguel Garza De León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintinueve de agosto del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en ese precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de control. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos, del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés; lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ... por medio del cual desahoga la prevención que se le hizo en proveído de dieciocho de agosto del año en curso. 2. Sobre la procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De esta disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 2.1 Actos reclamados. En el caso, del análisis del escrito inicial de demanda y el de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza los actos consistentes en: i) El haber decretado de legal la cumplimentación de orden de aprehensión en su contra, en audiencia de juicio oral celebrada el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en la que se le formulo imputación. ii) El auto de vinculación a proceso emitido en su contra, en audiencia de juicio oral celebrada el veinte de julio de dos mil veintitrés, en la que además se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ello es así, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierte que el quejoso es imputado en la causa penal indicada, en la que le fue formulada imputación al declararse de legal su detención, y posteriormente, fue vinculado a proceso en la audiencia de veinte de julio de dos mil veintitrés, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. 2.2 Causa de improcedencia manifiesta e indudable. En esas condiciones, respecto de los actos reclamados identificados en el punto que antecede, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. De conformidad con la citada fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia. En ese sentido, con la finalidad de sostener la actualización de la causal de improcedencia en cita, es menester hacer referencia al contenido de los numerales 17 y 18 de la ley de la materia. 2.3 Oportunidad de la presentación de demanda. De estos numerales se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el numeral 18 de la citada ley, que por regla general es la siguiente: i) A partir del día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; ii) A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, iii) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. La primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercera forma establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución, lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008, consideró que conforme al artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo, correlativo ahora al numeral 18 de la legislación vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado o, bien, desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De esa ejecutoria surgió la jurisprudencia 115/2010 del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se precisó la intención clara del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio biinstancial, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo cual se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso; sin embargo, en el presente caso existe prueba fehaciente de que el justiciable conoció el acto reclamado. Así entonces, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado sea consentido por el quejoso tácitamente, entendiéndose por esto, cuando la demanda de amparo se presente fuera del término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 invocado, prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: i) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días. ii) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será de ocho años. iii) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. iv) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se podrá presentar en cualquier tiempo. En el caso, los actos reclamados no entrañan un ataque a la libertad personal, tampoco involucran actos relacionados con las diversas hipótesis enumeradas, por ende, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en este numeral, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento en materia penal en el cual la parte quejosa tiene el carácter de imputado vinculado a proceso; lo cual conduce a determinar que el término para presentar la demanda de amparo es de quince días. 2.4 Presentación extemporánea. En ese contexto, la causa que torna inejercitable la acción de amparo en el caso que nos ocupa respecto del acto reclamado, tiene lugar cuando éste no se promovió dentro del plazo genérico de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de derechos fundamentales, significa que consintió una u otro de forma tácita. Lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida), no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso directo fue vinculado a proceso el veinte de julio del año en curso, misma fecha en que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; esto, derivado de la cumplimentación de una orden de aprehensión ejecutada en su contra, la cual fue calificada de legal el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Con la precisión de que dichos actos fueron emitidos en los autos de la causa penal 130/2023, que se le instruye por el delito de violación equiparada en persona menor de quince años y omisión de denuncia respectivamente, previstos y sancionados por el artículo 22, fracción III del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, los cuales le reclama al Juez de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con sede en dicha ciudad. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones personales, entre otras formas, se practican en la misma audiencia, surtiendo efectos al día siguiente de que fueron practicadas. Por tanto, si los actos que se reclaman fueron dictados en las audiencias de juicio oral celebradas el dieciocho y veinte de julio del año en curso, inobjetablemente en esas fechas fue notificado el quejoso de esas determinaciones reprochadas, surtiendo efectos el diecinueve y veintiuno de julio hábil siguiente, respectivamente. Tales manifestaciones constituyen una confesión en términos de lo dispuesto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al anterior razonamiento por identidad y en lo conducente la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Bajo esas consideraciones, el plazo para la promoción del juicio de amparo en contra de los actos aquí reclamados, transcurrió de la siguiente manera: Del veinte de julio de dos mil veintitrés al nueve de agosto del presente año, con respecto al acto reclamado consistente en la determinación de decretar de legal la cumplimentación de orden de aprehensión en su contra, en audiencia de juicio oral celebrada el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en la que se le formulo imputación. Asimismo, del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés al once de agosto del año actual, en relación a los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso emitido en su contra, en audiencia de juicio oral celebrada el veinte de julio de dos mil veintitrés, en la que además se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Descontando de los cómputos anteriores, los días inhábiles y no laborales tal como lo señala el artículo 19 de la Ley de Amparo, los cuales fueron: veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio del año en curso, así como el cinco y seis de agosto de esta anualidad. Luego entonces, si la demanda se presentó hasta el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, es evidente que habían transcurrido los quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo para su promoción. De los preceptos citados se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. En esas condiciones, este órgano constitucional determina que el juicio de amparo promovido deviene improcedente, por haberse presentado fuera del término al que se ha hecho referencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.27/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Notificación personal.

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