José Miguel García García

Expediente 1098/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1098/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • José Miguel García García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se concedió la protección de la Justicia Federal, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para que realice lo siguiente: "a) Lleve a cabo el emplazamiento de la demandada, ajustándose a los plazos y formalidades previstas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, y de forma supletoria la Ley Federal de Trabajo; y, b) Deje sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, y fije una nueva atendiendo a los plazos que prevé el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, como fue precisado en el considerando quinto de esta sentencia. Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. No obstante lo anterior, es un hecho notorio para este juzgado que la autoridad en cita se encuentra gozando de su segundo periodo vacacional; por tanto, se reserva realizar la entrega del oficio respectivo hasta en tanto la autoridad responsable de que se habla reanude sus labores, fecha en la cual se ordena entregar de manera inmediata dicho comunicado; entre tanto, éste deberá quedar en resguardo del actuario de la adscripción. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito signado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita, mediante el cual pretende formular alegatos; lo anterior, en virtud de que en sentencia de cinco de diciembre del año en curso se resolvió en definitiva el presente asunto. Por otro lado, como lo solicita la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1098/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. A lo que el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal adscrita los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, José Miguel García García, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de emplazar a la demandada dentro del juicio ordinario laboral 1155/2018. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de diez de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 1098/2019, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: La omisión de emplazar a la demandada dentro del juicio ordinario laboral 1155/2018. Tercera. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte no se ha llevado a cabo la audiencia de conciliación correspondiente, en virtud de que no se ha verificado el emplazamiento de la parte demandada. Lo cual es suficiente para tener por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, lo que se robustece con las copias certificadas del juicio laboral, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer alguna causa de improcedencia y dado además, que este Juzgado no advierte la existencia de alguna de ellas que deba ser analizada de manera oficiosa, se procede al estudio de la cuestión planteada en el presente contradictorio. Quinta. Estudio de Fondo. Al no existir causa de improcedencia que se actualice en relación con el referido acto reclamado, procede el estudio de los conceptos de violación atendiendo al principio de mayor beneficio contenido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al amparo indirecto, de acuerdo con el cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce de la garantía individual violada, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional. Donde dicho numeral establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe traer a colación, lo señalado en el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, el cual señalaba lo siguiente: "ARTICULO 97. Tan pronto reciba la demanda o el primer escrito relativo a un conflicto individual, colectivo o sindical, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje citará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir a las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo ejecutoriado. Si no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo.". En tal virtud, cabe realizar una reseña procesal del juicio de origen 1155/2018: El siete de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora presentó demanda en contra del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán; El tribunal responsable el tres de mayo de dos mil diecinueve, admite a trámite la demanda registrándola con el número de juicio ordinario 1155/2018, ordenando girar exhorto para emplazar al Ayuntamiento demandado, y fijó las once horas del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, para que tuviere verificativo la audiencia de conciliación (foja 20-21); El diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el tribunal responsable determinó al no recibir el exhorto enviado ni constancia del emplazamiento a la autoridad demandada diferir la audiencia de conciliación y fijó las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veinte para su celebración (foja 23). De la narración anterior, se puede observar una dilación excesiva por parte de la responsable, en torno a emplazar a la demandada y de señalar una fecha excesivamente lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 constitucional en torno a una pronta y expedita impartición de justicia. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, donde la autoridad responsable origina un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán respecto de las formalidades y plazos para que la junta realice determinados actos procesales. Al respecto, el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, señala lo siguiente: "ARTICULO 97. Tan pronto reciba la demanda o el primer escrito relativo a un conflicto individual, colectivo o sindical, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje citará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir a las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo ejecutoriado. Si no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo.". En esas condiciones, resulta indudable que la autoridad responsable vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de tribunal responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho previsto en el citado precepto constitucional. En consecuencia, al estar demostrada la violación de garantías aducida, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo que lo propio es que el tribunal responsable realice el emplazamiento en los plazos y términos establecidos el artículo 97 de la ley en la materia, así como en la legislación aplicable, y una vez hecho lo anterior, fije fecha para la audiencia de conciliación, la cual deberá ser dentro del plazo que señala el numeral citado. Asimismo es de conocimiento del suscrito que la responsable tiene excesivas cargas de trabajo, sin embargo, es su deber y obligación ajustarse a los plazos que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial IV.3o.T.J/57, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicada en la pagina 1283, Tomo XXII, de Septiembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro 177266, que a la letra dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Es relevante la tesis 1.4o.A.5K, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ubicada en el Libro XV, Tomo 2, página 1453, de Diciembre de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002351, de rubro y texto siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". Sin que pase desapercibido, para este órgano jurisdiccional que la Ley Federal del Trabajo tuvo una reforma trascendental, la cual se publicó el uno de mayo de dos mil diecinueve; sin embargo, en términos del artículo 7° transitorio los procedimientos que a la fecha se encuentren en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán resueltos de conformidad a las disposiciones vigentes al momento de que iniciaron. Sexta. Efectos de la concesión del amparo. En consecuencia, está demostrada la violación de derechos humanos aducida, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable realice lo siguiente: a) Lleve a cabo el emplazamiento de la demandada, ajustándose a los plazos y formalidades previstas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, y de forma supletoria la Ley Federal de Trabajo; b) Deje sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, y fije una nueva atendiendo a los plazos que prevé el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, como fue precisado en el considerando quinto de esta sentencia. La presente concesión de amparo se constriñe única y exclusivamente por lo que hace a la falta de emplazamiento y a la fecha de la audiencia de conciliación. Apoya lo anterior la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, número de registro 2005150, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". (Lo subrayado no es de origen). Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Miguel García García, contra los actos reclamados a la autoridad responsable citada en el primer resultando, para los efectos precisados en la consideración sexta. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.MARILYN "2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 26485. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN MORELIA, MICHOACÁN. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO 1098/2019 PROMOVIDO POR JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1098/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. A lo que el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal adscrita los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, José Miguel García García, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de emplazar a la demandada dentro del juicio ordinario laboral 1155/2018. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de diez de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 1098/2019, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: La omisión de emplazar a la demandada dentro del juicio ordinario laboral 1155/2018. Tercera. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte no se ha llevado a cabo la audiencia de conciliación correspondiente, en virtud de que no se ha verificado el emplazamiento de la parte demandada. Lo cual es suficiente para tener por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, lo que se robustece con las copias certificadas del juicio laboral, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer alguna causa de improcedencia y dado además, que este Juzgado no advierte la existencia de alguna de ellas que deba ser analizada de manera oficiosa, se procede al estudio de la cuestión planteada en el presente contradictorio. Quinta. Estudio de Fondo. Al no existir causa de improcedencia que se actualice en relación con el referido acto reclamado, procede el estudio de los conceptos de violación atendiendo al principio de mayor beneficio contenido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al amparo indirecto, de acuerdo con el cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce de la garantía individual violada, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional. Donde dicho numeral establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe traer a colación, lo señalado en el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, el cual señalaba lo siguiente: "ARTICULO 97. Tan pronto reciba la demanda o el primer escrito relativo a un conflicto individual, colectivo o sindical, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje citará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir a las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo ejecutoriado. Si no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo.". En tal virtud, cabe realizar una reseña procesal del juicio de origen 1155/2018: 1. El siete de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora presentó demanda en contra del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán; El tribunal responsable el tres de mayo de dos mil diecinueve, admite a trámite la demanda registrándola con el número de juicio ordinario 1155/2018, ordenando girar exhorto para emplazar al Ayuntamiento demandado, y fijó las once horas del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, para que tuviere verificativo la audiencia de conciliación (foja 20-21); El diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el tribunal responsable determinó al no recibir el exhorto enviado ni constancia del emplazamiento a la autoridad demandada diferir la audiencia de conciliación y fijó las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veinte para su celebración (foja 23). De la narración anterior, se puede observar una dilación excesiva por parte de la responsable, en torno a emplazar a la demandada y de señalar una fecha excesivamente lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 constitucional en torno a una pronta y expedita impartición de justicia. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, donde la autoridad responsable origina un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán respecto de las formalidades y plazos para que la junta realice determinados actos procesales. Al respecto, el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, señala lo siguiente: "ARTICULO 97. Tan pronto reciba la demanda o el primer escrito relativo a un conflicto individual, colectivo o sindical, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje citará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir a las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo ejecutoriado. Si no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo.". En esas condiciones, resulta indudable que la autoridad responsable vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de tribunal responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho previsto en el citado precepto constitucional. En consecuencia, al estar demostrada la violación de garantías aducida, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo que lo propio es que el tribunal responsable realice el emplazamiento en los plazos y términos establecidos el artículo 97 de la ley en la materia, así como en la legislación aplicable, y una vez hecho lo anterior, fije fecha para la audiencia de conciliación, la cual deberá ser dentro del plazo que señala el numeral citado. Asimismo es de conocimiento del suscrito que la responsable tiene excesivas cargas de trabajo, sin embargo, es su deber y obligación ajustarse a los plazos que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial IV.3o.T.J/57, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicada en la pagina 1283, Tomo XXII, de Septiembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro 177266, que a la letra dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Es relevante la tesis 1.4o.A.5K, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ubicada en el Libro XV, Tomo 2, página 1453, de Diciembre de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002351, de rubro y texto siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". Sin que pase desapercibido, para este órgano jurisdiccional que la Ley Federal del Trabajo tuvo una reforma trascendental, la cual se publicó el uno de mayo de dos mil diecinueve; sin embargo, en términos del artículo 7° transitorio los procedimientos que a la fecha se encuentren en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán resueltos de conformidad a las disposiciones vigentes al momento de que iniciaron. Sexta. Efectos de la concesión del amparo. En consecuencia, está demostrada la violación de derechos humanos aducida, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable realice lo siguiente: a) Lleve a cabo el emplazamiento de la demandada, ajustándose a los plazos y formalidades previstas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, y de forma supletoria la Ley Federal de Trabajo; b) Deje sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, y fije una nueva atendiendo a los plazos que prevé el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, como fue precisado en el considerando quinto de esta sentencia. La presente concesión de amparo se constriñe única y exclusivamente por lo que hace a la falta de emplazamiento y a la fecha de la audiencia de conciliación. Apoya lo anterior la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, número de registro 2005150, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". (Lo subrayado no es de origen). Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Miguel García García, contra los actos reclamados a la autoridad responsable citada en el primer resultando, para los efectos precisados en la consideración sexta. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. MORELIA, MICHOACÁN, 05 DE DICIEMBRE DE 2019. ATENTAMENTE: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO LEONARDO ROJAS BARRAGÁN. JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN SECCIÓN AMPARO. JUICIO DE AMPARO1098/2019. QUEJOSO: JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA ACUERDO DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019. 26485. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, con el cual se ordena dar cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución, dígasele que una vez que sea pronunciada, le será expedida. Por otro lado, se advierte que mediante oficio CCJ/ST/5901/2019, de doce de noviembre del año en curso, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal informó a este juzgado que se le concedió licencia académica al titular de este órgano jurisdiccional quedando encargada del despacho por Ministerio de Ley la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo y en atención a lo previsto en dicho numeral, se advierte que la suscrita secretaria únicamente puede practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5901/2019, quien actúa asistida del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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