José Miguel García Delgadillo
Expediente 581/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Miguel García Delgadillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por José Miguel García Delgadillo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Se ordena notificación. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de once de agosto del año en curso, se comisionó a Carlos Loredo Anaya, actuario Judicial Adscrito a este Juzgado, a efecto de que siguiendo los plazos y términos que establece la Ley de Amparo, realizara la notificación del auto de trece de julio de dos mil veintiuno, sin que a la fecha haya acontecido. Ahora bien, visto que el actuario judicial adscrito a este órgano Carlos Loredo Anaya, se encuentra de licencia médica, se comisiona a cual quiera de los actuarios adscrito a este juzgado federal a fin de que se practique correctamente la notificación del auto dictado el trece de julio de dos mil veintiuno, once de agosto de dos mil veintiuno y del presente proveído.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido de los proveídos de trece de julio, once de agosto y veintitrés de septiembre todos de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Se ordena notificación. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de once de agosto del año en curso, se comisionó a Carlos Loredo Anaya, actuario Judicial Adscrito a este Juzgado, a efecto de que siguiendo los plazos y términos que establece la Ley de Amparo, realizara la notificación del auto de trece de julio de dos mil veintiuno, sin que a la fecha haya acontecido. Ahora bien, visto que el actuario judicial adscrito a este órgano Carlos Loredo Anaya, se encuentra de licencia médica, se comisiona a cual quiera de los actuarios adscrito a este juzgado federal a fin de que se practique correctamente la notificación del auto dictado el trece de julio de dos mil veintiuno, once de agosto de dos mil veintiuno y del presente proveído. Apizaco, Tlaxcala, once de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de trece de julio del año en curso, se decretó el desechamiento del presente juicio de garantías, ordenando la respectiva notificación personal al quejoso José Miguel García Delgadillo, no obstante dado que el quejoso en cita señaló como medio de notificación, las listas que se publican en este órgano jurisdiccional, dicha notificación personal se realizó mediante lista de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, que obra agregada en el presente juicio. Sin embargo, como precisó en la certificación de cuenta, se advierte que la notificación personal del auto de trece de julio del año que transcurre, no se encuentra publicada en las listas de consulta para el público en general en esa misma data y que de la consulta al expediente electrónico se aprecia que dicha notificación se capturó electrónicamente hasta el diez de agosto del año que transcurre, tal como se advierte de la presente imagen. Se regulariza procedimiento. En consecuencia, dado que existe incongruencia entre las fechas de la notificación por lista que obra agregada en autos y la que se publica en las listas de acceso al público en general, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al diverso 2 de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio, a fin de que se lleve a cabo nuevamente la notificación personal a la parte quejosa, respecto del proveído de trece de julio de dos mil veintiuno. Por lo tanto, se comisiona a Carlos Loredo Anaya, actuario Judicial Adscrito a este Juzgado, a efecto de que siguiendo los plazos y términos que establece la Ley de Amparo, realice en los términos indicados la notificación señalada en el párrafo que antecede. Apizaco, Tlaxcala, trece de julio de dos mil veintiuno. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve José Miguel García Delgadillo, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 581/2021-II Acto reclamado. Ahora bien, José Miguel García Delgadillo, promueve demanda de amparo contra actos del Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala y otra autoridad, de quien reclama: Del Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala: La conformación de un Consejo Municipal de Administración para la Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. El punto "4" del orden del día, contenido en la convocatoria a la Cuadragésima octava sesión ordinaria de Cabildo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, a través del cual se le suspendió y/o revoco al quejoso en el Cargo de Presidente de la Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala. El punto de acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se le suspende y/o revoca al quejoso del Cargo de Presidente de Municipal de San Marcos Guaquilpan, Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. Del cabildo del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala. La determinación de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la que los miembros del Cabildo del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, por unanimidad aprobaron que los recursos económicos por concepto de gato corriente, dietas personal y demás ministraciones, sean entregados al Consejo Municipal conformado por Regidores del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, y por habitantes de la Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, para que sean administrados por los mismos y por el cual se le impide desempeñar las facultades y atribuciones inherentes a dicho cargo, así como hacer uso y disponer de los recursos humanos, financieros y materiales al ostentar el cargo de Presidente de Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Tlaxcala, Municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala. Se desecha demanda de amparo Establecido lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. A. Actos competencia de autoridades en materia electoral. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto, respecto a los actos reclamados, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de la materia, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." Del numeral transcrito se desprende que la improcedencia del juicio de amparo no se surte por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución; es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la noción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o bien, a los medios de impugnación de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior, las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aunque no versen estrictamente sobre materia electoral, ya que, en este caso, la improcedencia deriva del artículo 99 Constitucional, conforme al cual, las resoluciones dictadas por el citado tribunal, en los asuntos de su competencia, son definitivas e inatacables. Por lo que, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral -entendidas en términos de la tesis P. LX/2008- incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente. Antes de la ley de amparo vigente, esta causa de improcedencia, solo estaba prevista en el párrafo cuarto del artículo 99 Constitucional, según el cual, corresponde al Tribunal Electoral resolver en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones y conflictos que ahí se indica. Si bien la Suprema Corte de Justicia tiene atribuciones para resolver la constitucionalidad de la ley electoral -federal o local- mediante la acción de inconstitucionalidad, el legislador reservó a los Tribunales Electorales la solución de conflictos en esta materia, dando definitividad a los provenientes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y permitiendo que determinadas decisiones de los Tribunales de las entidades federativas sean impugnables ante aquella con la misma característica de inatacabilidad. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XXVIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Septiembre de 2008, que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Ahora bien, como ha quedado de manifiesto, la parte quejosa reclama en esencia, la determinación de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la que los miembros del Cabildo del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual suspendieron y/o revocaron al quejoso en el cargo de Presidente de la Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, y en consecuencia, se le prive de la facultades de administrar los recursos económicos que le sean destinados. Atento a lo anterior, se hace patente que dichos actos entrañan derechos políticos electorales, que consiste en ocupar y desempeñar un cargo de elección popular en su vertiente de permanecer en el cargo, es decir, ejercer las funciones inherentes durante el periodo que dure en dicho encargo. Al respecto, debe indicársele al impetrante que en esta entidad federativa, como protección a los derechos de los ciudadanos de votar y ser votado, existe la Ley de Medios de Impugnación en materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, misma que en sus artículos 6°, fracción III y 90, establecen como medios de impugnación el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de los Ciudadanos. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 6. El sistema de medios de impugnación se integra por: I. El recurso de revisión; II. El juicio electoral, III. El juicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos; y, IV. El juicio de conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral Local y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con sus respectivos servidores públicos.". "Artículo 90. El juicio de protección de los derechos político electorales del ciudadano sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y de ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales y legales para el ejercicio de esos derechos. Este juicio puede ser promovido por la asociación de ciudadanos, a través de su representante legal, únicamente en contra de la resolución que niegue el registro como partido político estatal.". De un análisis a los preceptos de referencia, se advierte que el juicio de protección de los derechos político electorales del ciudadano sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y de ser votado en las elecciones populares, en el que se encuentra el derecho a la permanencia en el cargo. En efecto, debe indicarse que dicho derecho político electoral a ser votado, no solo comprende el derecho de un ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales de representación popular, sino también abarca el derecho de ocupar el cargo para el cual fue electo; el derecho de permanecer en él y a ejercer las funciones que le son inherentes. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia 20/2010 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en las páginas 17 a 19, Año 3, Número 7, 2010, celebrada en sesión pública el veintiuno de julio de dos mil diez, aprobada por unanimidad de cinco votos, que establece: "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es procedente para controvertir actos y resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual comprende el derecho de ser postulado candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones inherentes durante el periodo del encargo." Por lo tanto, como queda de manifiesto, los actos reclamados pertenecen al derecho electoral, ya que los mismos se apoyan en la legislación de esa materia (derecho a permanecer en el cargo por el que fue electo); es notorio que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa reclama diversos actos materia electoral. B. Principio de definitividad. A mayor abundamiento, debe indicarse que respecto a los mismos actos reclamados, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El numeral trascrito contempla la causa de improcedencia relativa a que, previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa debe observar el principio de definitividad, por lo que es necesario interponer el recurso o medio de defensa establecido en la ley ordinaria, por virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, de conformidad con la causa de improcedencia aludida se tiene que el principio de definitividad en el juicio de amparo, consiste en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables de la ley que rige el acto; lo anterior es así, toda vez que el principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa orientado a la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria los recursos o medios de defensa que procedan. Así, se tiene que para que pueda actualizarse la hipótesis de improcedencia aludida es necesario: I. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y; II. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que pueda tener por efecto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora, del artículo 81, fracción II, inciso e), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, precisa lo siguiente: "Artículo 81.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: (.) II. De los juicios de competencia constitucional, por actos o normas jurídicas de carácter general que violen esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, y que susciten entre: e) Dos o más munícipes de un mismo Ayuntamiento o Concejo Municipal, incluidos los presidentes de comunidad." Asimismo, de los diversos numerales 73 a 75 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, a la letra disponen: "Artículo 73. El juicio de competencia constitucional procederá en los casos a que se refiere la Fracción II del Artículo 81 de la Constitución del Estado. Artículo 74. La demanda deberá contestarse dentro del término de diez días. Al contestar la demanda, la parte demandada podrá reconvenir a la actora. El actor, principal o reconvencional, podrá ampliar su demanda dentro de los cinco días siguientes al de notificársele la contestación, si de esta última apareciere un hecho nuevo o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. La ampliación de la demanda, la reconvención y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales. Artículo 75. Si se presentare una demanda en que se planteen cuestiones relativas a los límites territoriales de los Municipios, el Presidente del Tribunal la remitirá de inmediato al Congreso del Estado, para que éste se aboque a su conocimiento y resolución.". Del análisis sistemático de todos los anteriores dispositivos legales, es claro que procede el Juicio de Competencia Constitucional contra los actos de los Ayuntamientos o Concejos Municipales, o de aquellos funcionarios que emanan de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, la Universidad Autónoma de Tlaxcala o de los demás organismos públicos autónomos o descentralizados, así como cualquier autoridad estatal o municipal, sin importar la materia. También se desprende que del citado medio de impugnación conocerá el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala; de modo que, si el quejoso reclama los actos antes señalados, es inconcuso que debió promover previamente a instar el juicio de amparo, el Juicio de Competencia Constitucional, el cual constituye el medio ordinario de defensa idóneo para modificar o revocar los actos que combate el promovente, como en la especie acontece. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracciones XV y XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Domicilio. Ahora bien, como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Sebastián Padilla Sánchez, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de trece de julio del año en curso, se decretó el desechamiento del presente juicio de garantías, ordenando la respectiva notificación personal al quejoso José Miguel García Delgadillo, no obstante dado que el quejoso en cita señaló como medio de notificación, las listas que se publican en este órgano jurisdiccional, dicha notificación personal se realizó mediante lista de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, que obra agregada en el presente juicio. Sin embargo, como precisó en la certificación de cuenta, se advierte que la notificación personal del auto de trece de julio del año que transcurre, no se encuentra publicada en las listas de consulta para el público en general en esa misma data y que de la consulta al expediente electrónico se aprecia que dicha notificación se capturó electrónicamente hasta el diez de agosto del año que transcurre, tal como se advierte de la presente imagen. Se regulariza procedimiento. En consecuencia, dado que existe incongruencia entre las fechas de la notificación por lista que obra agregada en autos y la que se publica en las listas de acceso al público en general, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al diverso 2 de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio, a fin de que se lleve a cabo nuevamente la notificación personal a la parte quejosa, respecto del proveído de trece de julio de dos mil veintiuno. Por lo tanto, se comisiona a Carlos Loredo Anaya, actuario Judicial Adscrito a este Juzgado, a efecto de que siguiendo los plazos y términos que establece la Ley de Amparo, realice en los términos indicados la notificación señalada en el párrafo que antecede. Notifíquese en los términos indicados. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*
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- José Moíses Sergio Curiel Muñoz660/2017
- Jose Montiel Sánchez4/2018
- José Mucio Torres García588/2018