José Miguel Escuadra Villegas
Expediente 670/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Miguel Escuadra Villegas
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal de autos se advierte que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el acuerdo dictado en el presente juicio de amparo el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso a), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de veintidós de septiembre pasado, se tuvo al quejoso desistiéndose de la demanda de amparo, y en consecuencia se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ordenándose notificar personalmente tal determinación; sin que a la fecha obre constancia de dicha notificación en el expediente electrónico correspondiente al presente juicio de amparo. Por tanto, se comisiona a la Actuaria de la adscripción para que notifique de manera personal a la parte quejosa el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE POR VÍA ELECTRÓNICA. Uruapan, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veinte. Vista la diligencia de ratificación de escrito de diez de septiembre del año en curso, levantada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de las que se advierte que compareció el quejoso José Miguel Escuadra Villegas, a ratificar el contenido y firma del escrito registrado en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 4496, en el que se desistía de la demanda de amparo presentada que dio origen al presente juicio. En ese contexto, al no existir impedimento legal alguno, se le tiene por desistido de la demanda de amparo, y con fundamento en el numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en la inteligencia de que, en el presente asunto por la naturaleza del acto que se reclamó se actualiza la hipótesis prevista en el citado artículo 63, fracción I, párrafo inicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 147, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO,MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su Gaceta, Tomo XXIV, agosto 2006, Novena Época, que señala: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. precisar que el desistimiento del juicio de amparo implica para la parte quejosa, un desistimiento de la acción constitucional, que supone el consentimiento expreso de los actos censurados que hace improcedente un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en aquel procedimiento, del cual se desistió. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro y contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción , por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos eclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento - que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Agréguese los presentes autos el escrito signado vía electrónica por Miguel Ángel Carrillo Martínez, autorizado del quejoso en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido, dígasele que en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se autorizaron las copias certificadas de las constancias que indica, y la forma de agendar su cita para el ingreso a las instalaciones de este Juzgado, por lo que deberá estarse a lo ahí acordado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por vía electrónica.
- Principal
Recepción de Incompetencia. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual comunica que en acuerdo de trece de diciembre de la presente anualidad, dictado en el juicio de amparo indirecto III-1381/2019 de la estadística de ese Juzgado, se consideró que diverso órgano jurisdiccional es competente para tramitar la demanda de amparo promovida por José Miguel Escuadra Villegas, por su propio derecho, contra actos del Centro Penitenciario "Apatzingán" Estado de Michoacán y, otras autoridades. Por tal motivo, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, anexó a su oficio de cuenta lo siguiente: Cuadernillo de incompetencia III-1381/2019 de su estadística; y, Seis copias simples de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Aceptación de competencia. Estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, se avoca al conocimiento del escrito inicial de demanda promovida por José Miguel Escuadra Villegas, por su propio derecho, contra actos del Centro Penitenciario "Apatzingán" Estado de Michoacán y, otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 670/2019. Lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 37, de la Ley de Amparo, la competencia se surte a favor del Juez que reside en la jurisdicción donde se materializan los efectos del acto que se reclama, es decir, donde tiene ejecución. Esto es, del análisis íntegro del escrito inicial de demanda, se revela que los actos reclamados en el presente asunto son: (.) IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. El acuerdo de la separación definitiva del sistema del servicio y del cargo que venía desempeñando, como "CUSTODIO PENITENCIARIO", bajo el argumento de que no paso los exámenes de control y confianza. En la que no se le da a conocer al elemento de seguridad, exactamente qué exámenes no acredito y que con ello justifique el inicio de un procedimiento administrativo, ya que la responsable solo se limita a decir que no paso el control de confianza. La notificación persona por comparecencia con fceha 30 de noviembre del 2019. (.) Admisión. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, en la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en los que han quedado precisados con antelación. No se forme ni tramite incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Dése la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase INFORME JUSTIFICADO a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, por lo que ve a la autoridad responsable residente en esta ciudad. En el caso de que alguna de las autoridades responsables no exista o tenga denominación diversa a la señalada por la parte quejosa, de modo tal que impida su plena identificación, se le tendrá por inexistente; sin que ello impida que con posterioridad señale la denominación correcta hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, que en este juicio se llegare a celebrar; en el entendido que de no hacerlo, la resolución se emitirá únicamente por las autoridades responsables que hasta ese momento tengan tal carácter, ello, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 108, fracción III, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se les hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. Respecto al emplazamiento de quien o quienes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. Juicio en línea. Ahora, vista la manifestación realizada por el quejoso consístete en que señala para oír y recibir notificaciones por medio la vía electrónica -juicio en línea-, así como imponerse en autos con el nombre de usuario miguelangelcarrillo, dentro de los servicios del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como para que realice sus promociones en línea, y se comisiona a los actuarios de la adscripción, para que las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal las realicen por dicho medio electrónico. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Carrillo Martínez, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
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