José Miguel Diaz Esperanza y Otros.
Expediente 679/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Miguel Diaz Esperanza y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA III A Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de quince de mayo de dos mil quince (fojas 14 a 17), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por JOSÉ MIGUEL DÍAZ ESPERANZA; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, tomando en consideración que a foja trece, obran agregados los documentos descritos en la certificación de cuenta; requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días naturales, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dichas documentales, apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA III A Vista la demanda de amparo promovida por José Miguel Díaz Esperanza, contra actos de la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 679/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. De la responsable Ordenadora reclamo a) el auto de fecha siete de abril del año dos mil quince, mediante el cual determina que no ha lugar a darle trámite al incidente de cancelación y reducción de pensión alimenticia provisional que hice valer, mismo auto que me fue notificado en fecha veinte de abril del presente año y que deja en completo estado de indefensión al suscrito. Bajo esa premisa, resulta conveniente precisar que de los antecedentes del acto reclamado el quejoso precisó que: 1.- Por auto de catorce de julio de dos mi catorce la autoridad responsable ordenadora, tuvo a su cónyuge Guadalupe Teresas Zárate Ortiz por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, demandándole en la vía ordinaria civil el divorcio necesario; pensión alimenticia así como la guarda y custodia de los mismos. 2.- Que en ese expediente familiar 318/2014 le fue fijada una pensión alimenticia provisional equivalente al sesenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado de Servicios de Salud de Oaxaca, el cual le fue asignado para la señora Guadalupe Teresa Zárate Ortiz así como para sus menores hijos Miguel Ángel Yarelli Marcela y Yuliana Guadalupe, todos de apellido Díaz Zárate, fijándosele un quince por cierto para cada acreedor alimentario. 3.- Por tanto, al estar inconforme con esa determinación promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia provisional fijada para su esposa en virtud de que ella tiene ingresos, y la reducción respecto de la pensión para sus hijos; recayendo a su petición el auto de siete de abril del año en curso, en el que se le indicó que no había lugar a darle trámite al incidente de cancelación y reducción de pensión alimenticia provisional que hizo valer, determinación que ahora constituye el acto reclamado. Precisado lo anterior, a juicio del que ahora resuelve la acción de amparo es improcedente, en virtud de que en el caso en concreto se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ese numeral establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Así, el citado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, con relación al acto reclamado la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Tales dispositivos establecen: Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Además, la jurisprudencia número 37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902 del tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, indica lo siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En ese orden de ideas, de un análisis realizado de los preceptos legales transcritos se conoce que contra el acuerdo que ahora se señala como reclamado, la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el correspondiente recurso de revocación, circunstancia que se adminicula con lo contenido en la tesis en cita, que obliga a las partes en una contienda civil a agotar los medios de defensa que las disposiciones establecen antes de acudir al amparo; ante tales circunstancias, resulta evidente que contra el acto reclamado a la autoridad ordenadora el ahora quejoso estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación al cual hacen referencia los numerales 666 y 667 del código procesal aplicable, porque es parte en el procedimiento natural y el incidente de cancelación y reducción de pensión alimenticia es una incidencia que se promueve inmersa al juicio principal, además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación de la afectada de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en la demanda de amparo y por autorizada sin las amplias facultades a que se refiere el ordinal 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y ser el presente asunto de naturaleza civil. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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