José Miguel Contreras Rebollo
Expediente 264/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/03/2022
Partes del expediente
- José Miguel Contreras Rebollo
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda*****, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ***, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales M.J.C.A. y M.A.C.A.; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 264/2022-V-A. PRECISIÓN ACTO RECLAMADO. Del estudio integral del escrito de demanda y de las constancias que obran en este expediente, se aprecia que la parte quejosa reclama: - La revisión y modificación de las medidas provisionales en materia de alimentos de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, emitida del expediente *** Al respecto, este Juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia derivada de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha causa de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora bien, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza respecto del acto reclamado, pues tal actuación fue emitida por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México; lo que evidencia que se trata de un acto proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, en lo tocante a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados, conforme a la naturaleza del procedimiento de origen, que trata sobre controversias sobre el derecho familiar, se tiene que los artículos 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, prevén lo siguiente: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 5.75. En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: I. (.) (.) IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. (.)" (énfasis añadido) Conforme a los preceptos citados, el recurso de revocación procede en audiencia, cuando se resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Así en el caso, en la audiencia inicial celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el Juez de origen al revisar la medida provisional sobre pensión alimenticia decretada en un inicio en favor de los menores quejosos; decidió reducirla a una mitad del salario mínimo (acto reclamado). En tal virtud, se concluye que el recurso de revocación en el juicio sobre controversias del derecho familiar satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto confirmar, modificar o anular el acto reclamado (requisito 4); está establecido en la legislación procesal civil aplicable al asunto (requisito 2) y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes en el aludido juicio (requisito 3), a fin de que el Juez del proceso se pronuncie, específicamente, sobre la actuación impugnada mediante el recurso de revocación. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario (en el caso, de los Jueces responsables); además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Ahora bien, sobre el principio de definitividad en materia familiar, cuando se involucran derechos de menores, existen diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no existe necesidad de agotar el recurso ordinario que prevé la ley, es decir, las llamadas excepciones a dicho principio; y esto surge cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y se alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. *** Conforme a la jurisprudencia citada, para que se actualice el caso de excepción al principio de definitividad se deben acreditar dos supuestos que volverían inadecuado o ineficaz el recurso: a) La primera: Consistente en que el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión; y b) Que cualquiera de las partes alegue un riesgo para la menor o el menor, en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Establecido lo anterior, no se actualiza la primera hipótesis de excepción al mencionado principio de definitividad, ya que aun cuando el recurso no prevé expresamente la suspensión, con su interposición se impide ejecutar la determinación primigenia, ya que en la propia audiencia se resuelve el recurso; de ahí que con ese medio de defensa se paraliza la ejecución y se constituye en un recurso idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar la violación alegada. En efecto, el lapso ocurrido entre el dictado de la determinación reclamada y la interposición del recurso de revocación es muy breve, ya que se trata de una actuación eminentemente oral, cuyas actuaciones y pedimentos de las partes son ipso facto (en el acto), motivo por el cual, no podría surgir un momento en el cual se gozara de la suspensión del acto impugnado, ya que de interponerse el aludido recurso en esa etapa de la audiencia inicial, el juez de origen, hubiese tenido que resolver lo conducente, sin que se pudiera ejecutar el acto reclamado, al no haberse cerrado la audiencia; de ahí que no se actualice esa primera hipótesis. En cuanto a la segunda hipótesis de excepción que se prevé en la jurisprudencia mencionada, tampoco se actualiza, en virtud de que, de los autos del juicio natural no se advierte que el hoy quejoso hubiera alegado que el hecho de ejecutarse la resolución reclamada presentara un riesgo para los menores; máxime que tampoco se advierte un riesgo fundado en caso de que la pensión alimenticia sea reducida a los menores; sino que únicamente se limita a señalar que los menores recibirán una pensión de $43.21 (cuarenta y tres pesos con veintiún centavos moneda nacional), sin que manifieste el motivo que considera porque es un riesgo dicha circunstancia, mismas que pudo plantear ante el Juez en el recurso para que fueran analizadas. Por último, debe precisarse que la actuación reclamada que se estudia no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni está sujeto a interpretación adicional; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento (como ya se vio). Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso. ... Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionario de amparo pudo promover el recurso de revocación referido, previsto por la legislación aplicable al caso, para cumplir con el principio de definitividad y sólo después podría acudir al juicio de amparo, de ser el caso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medios de comunicación alternos" (no procesales), el correo electrónico y el número telefónico proporcionado por el promovente. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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