José Miguel Castillo Romero

Expediente 77/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
77/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
12/08/2016

Partes del expediente

  • José Miguel Castillo Romero
  • José Miguel Castillo Romero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, doce de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, formulado por el licenciado Oswaldo López Orantes, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa COPIA SIMPLE de las constancias que indica, previa razón de recibo que se asiente en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que la tercera interesada Olga Berenice Cruz Cota, no se apersonó al presente juicio, así como tampoco señaló un domicilio para recibir las notificaciones que deban ser personales; por ende, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágasele la notificación del acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcione un domicilio procesal. NOTIFÍQUESE. "...Ensenada, Baja California, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, formulado por el licenciado Alejandro Reyes Pérez, autorizado de la parte tercera interesada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se dicte resolución en el presente juicio, que declare cumplida la sentencia de amparo que otorgó el fallo protector al quejoso, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo; al respecto se provee lo siguiente: Del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se aprecia que mediante oficios registrados con los números 6746, 8145 y 9583, se tuvo al Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional los actos realizados en cumplimiento a la sentencia de amparo, de los que destacan, los acuerdos de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis y veintisiete de mayo del año en curso, así como la determinación de siete de julio de dos mil dieciséis, que resolvió el no ejercicio de la acción penal a favor de los inculpados Olga Berenice Cruz Cota, Roque Cruz Toledo y Rafael Garciasancho Delgado, lo anterior dentro de la averiguación previa 6761/14/311/AP. Por acuerdos de dieciséis de mayo, catorce de junio y doce de julio, todos de dos mil dieciséis, se dio vista al quejoso y a la parte tercera interesada, con los actos realizados por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tales acuerdos se notificaron a las partes el diecisiete de mayo, quince de junio y trece de julio de dos mil dieciséis, sin que el quejoso hubiere hecho manifestación alguna, mientras que, el licenciado Alejandro Reyes Pérez, autorizado de los terceros interesados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, como se hizo referencia en el primer párrafo del presente proveído, solicitó se declarara cumplida la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que en lo que aquí interesa establece que con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en la que declare si está cumplida o no la sentencia y, agrega, por el término cumplida deberá entenderse cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; entonces, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Es de apoyo la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos quince, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de doce de abril de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a JOSÉ MIGUEL CASTILLO ROMERO, contra actos de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad. La determinación constitucional dictada por este órgano jurisdiccional causó ejecutoria en proveído de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, al no haber sido recurrida mediante recurso de revisión. Así, los efectos de la concesión de amparo otorgada a JOSÉ MIGUEL CASTILLO ROMERO, fueron los siguientes: "[.] a) En el estricto plazo de dos meses, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, desahogue las diligencias que sean necesarias para la integración de la averiguación previa 6761/14/311/AP, radicada con motivo de la denuncia de hechos probablemente constitutivos de los delitos respecto de los cuales el ofendido, aquí quejoso formuló denuncia/querella; y, b) Con libertad de criterio, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o bien, emita diversa determinación que defina el resultado de la investigación. [.]". Luego, del examen de las constancias enviadas por la responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante oficios registrados con los números 6746, 8145 y 9583, suscritos por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se desprende, en esencia, que mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, emitido dentro de la averiguación previa 6761/14/311/AP, la responsable tuvo por recibido un dictamen en materia de grafoscopía rendido por la perito Aida Roa Ayala, adscrita a la Jefatura de Servicios Periciales Zona Ensenada, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. De igual manera, la autoridad responsable en veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, actuando dentro de la indagatoria de la que emanan los actos reclamados, tuvo por recibido un ocurso relativo a la declaración ministerial del indiciado Rafael Garciasancho Delgado, quien ofreció medios de prueba, los que la autoridad procedió a preparar para lograr su puntual desahogo. Por último, mediante oficio visible a folios quinientos setenta y ocho de autos, la autoridad responsable comunicó que al haber desahogado todas las pruebas pendientes en la averiguación previa 6761/14/311/AP, en siete de julio de dos mil dieciséis, dictó una determinación que resolvió el no ejercicio de la acción penal a favor de los inculpados Olga Berenice Cruz Cota, Roque Cruz Toledo y Rafael Garciasancho Delgado, por los delitos de fraude procesal, delitos de abogados defensores y litigantes, fraude, falsedad ante las autoridades, así como falsificación de documentos y uso de documentos falsos; además, en el resolutivo segundo de dicha determinación, la responsable ordenó la remisión de las constancias originales de la averiguación previa, al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para la consulta de archivo definitivo. Con lo anterior, se considera que la autoridad responsable cumplió con la concesión de amparo, en primer lugar, porque de conformidad con el inciso a), el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, dentro del plazo que le fue otorgado por este órgano jurisdiccional, desahogó las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa 6761/14/311/AP, que previamente se encontraba paralizada. También, ya que como lo señala el inciso b) del fallo protector, el representante social del fuero común, en pleno uso de sus atribuciones legales, y una vez desahogadas las diligencias pendientes en la indagatoria, determinó el no ejercicio de la acción penal, con lo cual se definió el resultado de la investigación relativa al expediente 6761/14/311/AP, del que emanan los actos de reclamo. En esas condiciones, con lo expuesto en precedentes resulta evidente que se colman los lineamientos contenidos en los artículos 14, 17 y 21 constitucionales, por los que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, al haber emitido la autoridad responsable nuevos actos que evidencian una restitución de los derechos fundamentales violados a la parte impetrante; en función de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Consecuentemente, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el aludido precepto legal. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, aunado a que no obran documentos originales; que no fue solicitado el incidente de suspensión de los actos reclamados; así también, que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservar la demanda de garantías y la sentencia dictada en autos..."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA PERTE QUEJOSA UN AUTO QUE A LA LETRA DICE... ... Ensenada, Baja California, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, formulado por el licenciado Alejandro Reyes Pérez, autorizado de la parte tercera interesada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se dicte resolución en el presente juicio, que declare cumplida la sentencia de amparo que otorgó el fallo protector al quejoso, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo; al respecto se provee lo siguiente: Del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se aprecia que mediante oficios registrados con los números 6746, 8145 y 9583, se tuvo al Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional los actos realizados en cumplimiento a la sentencia de amparo, de los que destacan, los acuerdos de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis y veintisiete de mayo del año en curso, así como la determinación de siete de julio de dos mil dieciséis, que resolvió el no ejercicio de la acción penal a favor de los inculpados Olga Berenice Cruz Cota, Roque Cruz Toledo y Rafael Garciasancho Delgado, lo anterior dentro de la averiguación previa 6761/14/311/AP. Por acuerdos de dieciséis de mayo, catorce de junio y doce de julio, todos de dos mil dieciséis, se dio vista al quejoso y a la parte tercera interesada, con los actos realizados por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tales acuerdos se notificaron a las partes el diecisiete de mayo, quince de junio y trece de julio de dos mil dieciséis, sin que el quejoso hubiere hecho manifestación alguna, mientras que, el licenciado Alejandro Reyes Pérez, autorizado de los terceros interesados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, como se hizo referencia en el primer párrafo del presente proveído, solicitó se declarara cumplida la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que en lo que aquí interesa establece que con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en la que declare si está cumplida o no la sentencia y, agrega, por el término cumplida deberá entenderse cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; entonces, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Es de apoyo la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos quince, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de doce de abril de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a JOSÉ MIGUEL CASTILLO ROMERO, contra actos de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad. La determinación constitucional dictada por este órgano jurisdiccional causó ejecutoria en proveído de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, al no haber sido recurrida mediante recurso de revisión. Así, los efectos de la concesión de amparo otorgada a JOSÉ MIGUEL CASTILLO ROMERO, fueron los siguientes: "[.] a) En el estricto plazo de dos meses, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, desahogue las diligencias que sean necesarias para la integración de la averiguación previa 6761/14/311/AP, radicada con motivo de la denuncia de hechos probablemente constitutivos de los delitos respecto de los cuales el ofendido, aquí quejoso formuló denuncia/querella; y, b) Con libertad de criterio, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o bien, emita diversa determinación que defina el resultado de la investigación. [.]". Luego, del examen de las constancias enviadas por la responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante oficios registrados con los números 6746, 8145 y 9583, suscritos por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se desprende, en esencia, que mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, emitido dentro de la averiguación previa 6761/14/311/AP, la responsable tuvo por recibido un dictamen en materia de grafoscopía rendido por la perito Aida Roa Ayala, adscrita a la Jefatura de Servicios Periciales Zona Ensenada, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. De igual manera, la autoridad responsable en veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, actuando dentro de la indagatoria de la que emanan los actos reclamados, tuvo por recibido un ocurso relativo a la declaración ministerial del indiciado Rafael Garciasancho Delgado, quien ofreció medios de prueba, los que la autoridad procedió a preparar para lograr su puntual desahogo. Por último, mediante oficio visible a folios quinientos setenta y ocho de autos, la autoridad responsable comunicó que al haber desahogado todas las pruebas pendientes en la averiguación previa 6761/14/311/AP, en siete de julio de dos mil dieciséis, dictó una determinación que resolvió el no ejercicio de la acción penal a favor de los inculpados Olga Berenice Cruz Cota, Roque Cruz Toledo y Rafael Garciasancho Delgado, por los delitos de fraude procesal, delitos de abogados defensores y litigantes, fraude, falsedad ante las autoridades, así como falsificación de documentos y uso de documentos falsos; además, en el resolutivo segundo de dicha determinación, la responsable ordenó la remisión de las constancias originales de la averiguación previa, al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para la consulta de archivo definitivo. Con lo anterior, se considera que la autoridad responsable cumplió con la concesión de amparo, en primer lugar, porque de conformidad con el inciso a), el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, dentro del plazo que le fue otorgado por este órgano jurisdiccional, desahogó las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa 6761/14/311/AP, que previamente se encontraba paralizada. También, ya que como lo señala el inciso b) del fallo protector, el representante social del fuero común, en pleno uso de sus atribuciones legales, y una vez desahogadas las diligencias pendientes en la indagatoria, determinó el no ejercicio de la acción penal, con lo cual se definió el resultado de la investigación relativa al expediente 6761/14/311/AP, del que emanan los actos de reclamo. En esas condiciones, con lo expuesto en precedentes resulta evidente que se colman los lineamientos contenidos en los artículos 14, 17 y 21 constitucionales, por los que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, al haber emitido la autoridad responsable nuevos actos que evidencian una restitución de los derechos fundamentales violados a la parte impetrante; en función de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Consecuentemente, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el aludido precepto legal. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, aunado a que no obran documentos originales; que no fue solicitado el incidente de suspensión de los actos reclamados; así también, que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservar la demanda de garantías y la sentencia dictada en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Rubén Reynoso Barbosa, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, encargado del despacho a partir del uno al quince de agosto del dos mil dieciséis, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2116/2016, de fecha siete de junio del año en curso, ante la licenciada Norma Elisa Alamea Morolloqui, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, téngasele remitiendo en cumplimiento al fallo protector, copia certificada de diversas actuaciones que obran en la averiguación previa 6761/14/311/AP; así también, comunica que en la indagatoria aludida, en siete de julio de dos mil dieciséis, se dictó una determinación que resolvió el no ejercicio de la acción penal a favor de los inculpados Olga Berenice Cruz Cota, Roque Cruz Toledo y Rafael García Sancho Delgado. Con lo anterior, DÉSE VISTA a la parte quejosa y a la tercera interesada por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, este juzgado de distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obran en el expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo. En el entendido que de estar conforme con el cumplimento, deberán manifestarlo así personalmente ante este órgano jurisdiccional, presentando una identificación oficial. NOTIFÍQUESE.

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