Jose Miguel Bueno Hermida
Expediente 512/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/05/2021
Partes del expediente
- Jose Miguel Bueno Hermida
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual allegó testimonio de ejecutoria pronunciada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dentro del Toca de Revisión R-164/2020, relativo al recurso interpuesto contra la sentencia dictada en este asunto; asimismo, remite los originales del juicio de garantías 700/2019-III-M con 3 Tres anexos, acúsese de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento a las partes que el citado medio de impugnación fue resuelto bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosario Ramírez Rodríguez, contra de los actos que reclamó del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y del diligenciario impar adscrito a dicho juzgado, consistente en el acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio reivindicatorio 1673/2015, por el que se ordenó requerir la entrega a la parte demandada del bien inmueble materia del juicio y su ejecución." En consecuencia, efectúese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E., glósese el expedientillo formado con motivo del recurso interpuesto y ARCHÍVESE el presente juicio como total y definitivamente concluido. Por otra parte, devuélvanse al Juez de lo Civil del distrito judicial de Tepeaca, Puebla, las copias certificadas del expediente 1673/2015 (Anexo 1). En otro orden, en atención a las constancias que obran en autos, hágase del conocimiento de la tercero interesada María Dolores Rodríguez Ozorio o, María Dolores Rodríguez Osorio o, Ma. Dolores Rodríguez de Huerta o, Ma. Dolores Rodríguez Osorio o, María Dolores Rodríguez de Huerta por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a nombre de su progenitor Pablo Huerta Ruiz o, Pablo Raymundo Benjamín Huerta Ruiz, que se dejan a su disposición las copias que ofreció como pruebas mediante su ocurso recibido el nueve de julio de dos mil diecinueve, consistentes en: a). Las copias certificadas relativas al juicio de amparo directo 299/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (Anexo 2); así como: b). Las copias certificadas del expedientillo de amparo, relativo al expediente 1673/2015 del índice del Juzgado de lo Civil de Tepeaca, Puebla (Anexo 3). Documentos que serán entregados previa copia de su identificación oficial vigente y para tal efecto, deberá comparecer ante este juzgado de distrito dentro del término de 90 NOVENTA DÍAS, en día y hora hábil, una vez que genere su cita en términos del artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, pues al no ser este juzgado federal quien requiere la presencia física de la tercero interesada para recibir dichas constancias, deberá ser ella quien proceda a generar la cita respectiva, a través del sistema OJ que se encuentra en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, generando el Código QR que permitirá el acceso a las instalaciones que ocupa este órgano. En tal sentido, hágase del conocimiento de la tercero interesada que el día y hora que deba comparecer, deberá hacerlo, original y copia de su identificación oficial vigente, debiendo exhibir el Código QR que se genere el que le permitirá el acceso. Igualmente, en términos del artículo 7 del aludido acuerdo, se le exhorta para que acuda puntualmente a la cita que en su caso se programe y cumpla con las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, así como usar cubreboca en todo momento. Es importante destacar que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En el entendido que de no comparecer para la devolución de dichos documentos, en el lapso indicado, los mismos podrán ser destruidos, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito. DESTRUCCIÓN Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una sentencia que sobreseyó en el juicio, sentido que confirmó el tribunal de alzada; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". DEPURACIÓN ORIGINAL INCIDENTE En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. DUPLICADO DE INCIDENTE De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA TERCERO INTERESADA MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ OZORIO O, MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ OSORIO O, MA. DOLORES RODRÍGUEZ DE HUERTA O, MA. DOLORES RODRÍGUEZ OSORIO O, MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ DE HUERTA POR SU PROPIO DERECHO Y EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN A NOMBRE DE SU PROGENITOR PABLO HUERTA RUIZ O, PABLO RAYMUNDO BENJAMÍN HUERTA RUIZ.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fueron los siguientes: "1. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del Titular de la Secretaría de Bienestar, ambos con residencia en la Ciudad de México, así como del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo de la aludida secretaría en el Estado de Puebla: La falta de apoyo económico mediante la incorporación de la quejosa en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que fue solicitada el once de noviembre de dos mil diecinueve (foja 241), con la asignación del folio 1097468. 2. De la Presidenta Municipal de Puebla y del Titular del Sistema Estatal para el Desarrollo integral de la Familia, ambos con sede en el Estado de Puebla: La falta de apoyo mediante la incorporación de la quejosa en el programa de apoyo alimentario a personas con discapacidad, cuya petición se registró con el folio 10896 (foja 159 vuelta). 3. Del Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla: La negativa de proporcionar servicio médico y medicamentos para el tratamiento de artritis reumatoide con clase funcional IV (tiene limitación para realizar actividades de autocuidado) y osteoporosis moderada con riesgo de fractura, que padece la quejosa." Por resolución dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Laila del Carmen Menéndez Leal, contra los actos de la Delegación Estatal de Programas de Desarrollo Integral de la Secretaría de Bienestar en Puebla y del Director General de Atención a Grupos Prioritarios de dicha Secretaría, para los siguientes efectos: (.) es procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen los actos o diligencias que consideren pertinentes a fin de que se dé una respuesta fundada y motivada, ya sea en sentido negativo o afirmativo, de manera definitiva, a las peticiones de incorporación de la quejosa en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el diverso programa de apoyo alimentario a personas con discapacidad, las cuales deberán notificarse a la amparista. . En el entendido de que los alcances vinculatorios de la concesión de amparo aquí otorgada, resultan extensivos al Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar y cualquier otra autoridad que tenga o deba tener intervención en el cumplimiento de esta sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo....". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que la parte quejosa se inconformara con la sentencia a pesar de estar debidamente notificada, el once de marzo de dos mil veintiuno la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Delegación Estatal de Programas de Desarrollo Integral de la Secretaría de Bienestar en Puebla y del Director General de Atención a Grupos Prioritarios de dicha Secretaría. Posteriormente, el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla en representación de la Presidenta Municipal, mediante oficio SM-DGJC-DA.-1231/2021, recibido en la oficialía de este Juzgado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del oficio PM-CEJO-DAC-0796/2021 de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se advirtió que dio contestación a la quejosa Laila del Carmen Menéndez Leal, respecto a sus peticiones de incorporación al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y al diverso de apoyo alimentario a personas con discapacidad; asimismo, remitió la constancia de notificación correspondiente de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Por lo anterior, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se le notificó el veintinueve de los referidos mes y año. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla en representación de la Presidenta Municipal, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de petición por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que por oficio PM-CEJO-DAC-0796/2021 de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se dio contestación a la quejosa Laila del Carmen Menéndez Leal, respecto a sus peticiones de incorporación al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y al diverso de apoyo alimentario a personas con discapacidad y el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, le fue notificado; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión; sin embargo, se concedió la suspensión de plano. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, la cual sobresee, ampara y protege, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia de amparo, la cual, se concedió para lo siguiente a) De resultar procedente de inmediato proceda a declarar cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes emita el laudo en los autos del juicio laboral D-7/01/2016. Además, ordene y vigile que se notifique a las partes la resolución que dicte. Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al representante de los trabajadores, al representante de los patrones, una multa a cada uno de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que la Junta responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la quejosa persona moral denominada "Distribuidora Collar", Sociedad Anónima de Capital Variable, no dio cumplimiento al requerimiento de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, no obstante estar debidamente notificada para ello desde el veintitrés de marzo de este año. Por tanto, se ordena la notificación de la parte quejosa por medio de lista, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, sin que haya lugar a hacer efectivo el apercibimiento en cuanto a sobreseer el juicio de conformidad con la fracción XIII del artículo 61, con relación al numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, en atención a que a la fecha en que se actúa ha causado ejecutoria la sentencia, en los términos señalados en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE.
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