José Miguel Borbolla Salinas
Expediente 832/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/09/2017
Partes del expediente
- José Miguel Borbolla Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DISPOSICIONES SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en atención a los puntos d) y e) de la certificación de cuenta, devuélvase a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, así como a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, las constancias que remitieron en cumplimiento al requerimiento decretado en autos, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que se formaron con las mismas. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito que signa el representante especial del menor con iniciales J.M.B.S; en atención al contenido de su ocurso, con apoyo en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase al promovente las copias simples a su costa de las constancias que indica, previa identificación, toma de razón y recibo que se deje en autos. Notifíquese.
- Incidental
Agréguese a los autos el escrito que signa el autorizado de la parte quejosa en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, téngase al promovente haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que por un error involuntario, el tres de los actuales, presentó recurso de queja en contra del auto de veintisiete de junio del año en curso; sin embargo, dicho ocurso fue encausado al diverso sumario 1538/2016, del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora, tomando en consideración que no existe obligación de las partes de citar el número del expediente al que se dirigen las promociones y si del órgano jurisdiccional de atender a los demás datos que se indican en sus promociones o en los libros de gobierno, lo cierto es que los juicios de amparo 1538/2016 y 832/2017 presentan identidad de partes, es decir, lo promueven los mismos quejosos, en contra de los mismos actos (emitidos en diferentes fechas), realizados por las mismas responsables e incluso le revise el carácter de tercera interesada a la misma persona; entonces en el juicio de amparo 1538/2016, se le dio el trámite conducente al recurso de queja hecho valer por el promovente. Luego, ponderando que los juicios de amparo 1538/2016 y 832/2017 se llevan por cuerda separada, no es factible acordar favorablemente la moción que insta, aunado a que el escrito de expresión de agravios que acompaña al escrito que en esta fecha agrega, son copia simple y ninguno presenta firma autógrafa o criptográfica donde plasme su voluntad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual ofrece la prueba de informes a cargo del departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con la finalidad de demostrar el resultado negativo de la convivencia llevada a cabo el veinte de junio del año en curso (posterior a la emisión del acto reclamado), entre el menor quejoso y su progenitora, pues refiere que en lugar de beneficiar la convivencia, dañan esa relación. Ahora bien, es menester de este juzgado federal precisar que la litis ha quedado integrada con los informes justificados y las constancias que remitieron las autoridades responsables y que ya obran en autos y en cinco tomos de pruebas por separado; por ende, el acto reclamado se estudiara como quedó probado ante la autoridad responsable atendiendo al principio de limitación de las pruebas contemplado en el numeral 75 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior el criterio número I.7o.A.20 K, emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 2673 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto rezan bajo la voz siguiente: "PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE PRUEBAS EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA MATERIA QUE LO PREVÉ, ES ACORDE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El precepto citado establece el principio de limitación de pruebas, al prever que en las sentencias dictadas en los juicios de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, sin admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hayan rendido ante ella; disposición que resulta acorde con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no restringe la posibilidad de que el quejoso formule argumentos defensivos, en relación con lo acontecido ante esa autoridad. Además, el juicio de amparo no constituye una segunda o ulterior instancia de impugnación del acto reclamado, sino un medio extraordinario de defensa a través del cual se analiza si la actuación de la autoridad se ajusta o no al orden constitucional, para lo que no se requiere el estudio de cuestiones diversas a aquellas de las cuales conoció la autoridad responsable. Esto es, al tribunal de amparo sólo le corresponde dilucidar si los actos objeto de control constitucional se ajustan o no a la Ley Fundamental, con base en los elementos de juicio de que disponía la responsable al emitirlos pues, de otro modo, se desnaturalizaría su objeto o finalidad, consistente en garantizar que no transgredan derechos fundamentales, convirtiéndole en una nueva instancia de impugnación, dejando de lado su función de órgano de control constitucional. Así, el referido precepto legal es compatible con la lógica del sistema de amparo como medio extraordinario de defensa, al no impedir en forma alguna que ante la autoridad ordinaria se rindan las pruebas que el quejoso estime pertinentes para su adecuada defensa, por lo cual, esa regulación no constituye una restricción que obstaculice el acceso a la impartición de justicia. Lo anterior, salvo excepciones previstas en la propia Ley de Amparo, referidas al juicio tramitado en la vía indirecta, o bien, las establecidas jurisprudencialmente por los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, relativas a cuestiones de procedencia del juicio constitucional." Aunado a lo previamente determinado, debe decirse la prueba de informes ofrecida no es idónea, ya que el principio de idoneidad de la prueba, se rige a su vez por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, lo que lleva al convencimiento de que sería innecesario ordenar su desahogo, si el extremo que se pretende probar, como se dijo, no es materia del presente juicio, pues el acto reclamado se estudiara como quedó probado ante la autoridad responsable, lo cual, provocaría una mayor dilación en el trámite del juicio en perjuicio de la menor quejosa y de la pronta y expedita impartición de justicia. Por lo anteriormente expuesto, se desecha el medio de convicción anteriormente indicado, de conformidad con lo establecido por el numeral 119 de la Ley de Amparo, en unión con el ordinal 79° del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley que rige el juicio constitucional. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.14 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1888, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 175823, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." Asimismo, es aplicable al caso por similitud de razones, la tesis visible a página 421, tomo IV, julio a diciembre de 1989 del Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: "PRUEBAS IDONEAS. SU CONCEPTO. De conformidad con lo establecido por el texto del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, "sólo los hechos estarán sujetos a prueba", de lo anterior, se colige que las partes en litigio deberán acreditar ante el juez la veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración del hecho ausente, así, los elementos útiles para lograr dicha convicción en el juzgador lo serán las pruebas. Por otro lado, indica el cuerpo del artículo 87 del ordenamiento procesal ya invocado, que todo "tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley". Por su parte, el texto del artículo 150 de la Ley de Amparo, explica que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral y contrarias a derecho, entendiendo por esto último que no serán admitidas aquellas probanzas que no se ofrezcan en la forma y términos que al efecto establece la Ley. Ahora bien, es incontrovertible el hecho de que, de acuerdo con la naturaleza propia de cada prueba, las hay unas más idóneas que otras para demostrar el hecho ausente por acreditar. Dicha calidad de idoneidad se identifica con la suficiencia para obtener un resultado previamente determinado o determinable, esto es, una prueba será más idónea que otra mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho ausente que se pretenda acreditar. La naturaleza de cada prueba no sólo permite distinguir entre sí a las diversas clases de probanzas útiles para crear convicción en el juzgador sino, además, ofrece a las partes que integran la relación jurídica procesal (juez, actor y demandado) la oportunidad de escoger y decidir, entre los diversos métodos que cada una de ellas importa, cuál es más idónea que las restantes para demostrar el hecho concreto por conocer. Así, dependiendo de la naturaleza de ese hecho concreto, se desprenderá la idoneidad de la prueba que resulte más apta para lograr el extremo que se pretenda acreditar." Finalmente, por cuanto ve a la diversa moción que insta el promovente atinente a que se requiera al Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, a efecto de que remita las constancias que integran el juicio sumario civil ********************, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de que tales constancias ya obran en los cinco tomos de pruebas que por separado fueron formados. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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