José Miguel Ángel Avila Castrejón

Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
846/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • José Miguel Ángel Avila Castrejón

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a siete de septiembre de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada en fecha once de agosto del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, A once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, al que anexa el oficio 16275 y cuaderno de incompetencia V-841/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con lo cual informa que en determinación de cinco de los actuales, dicho similar determinó carecer de competencia legal para conocer del libelo constitucional, ordenando remitirlo a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, por conocimiento previo virtud al antecedente del diverso juicio de amparo número II-613/2022-1. Acúsese recibo de estilo. Por tanto, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, promovido por ..., contra actos del Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional; regístrese en el Libro de Gobierno con el número IV-846/2022-C. Ahora, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".La omisión a dar respuesta la autoridad responsable ordenadora y ejecutora Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional en breve tiempo a 2 solicitudes que formuló el quejoso en el formato... ambas de fecha 23 veintitrés de mayo del año 2018 -dos mil dieciocho." Este órgano jurisdiccional estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, el artículo 61 fracción X, de la Ley de la Materia, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La invocada causa de improcedencia en comento, conocida como litispendencia, para su actualización se requiere la existencia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Misma que requiere para su actualización, la existencia de identidad en los juicios de amparo de los siguientes supuestos: a) La parte quejosa. b) Las autoridades responsables. c) El acto reclamado. Precisado lo anterior, se estima que la hipótesis en la especie se actualiza. Tal afirmación se demuestra, con la certificación que antecede y de las copias recabadas, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en el índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que se encuentra registrada el diverso juicio número II-613/2022-1, promovido por ... contra actos del Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional, demanda que dio origen al juicio de amparo relativo, el cual a la fecha se encuentra en trámite, en la que hizo consistir como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta en breve tiempo a dos solicitudes que formuló el quejoso en el formato ... ambas de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, pues constituyen hecho notorio al derivar de un juicio de amparo que se tramita en este Órgano Jurisdiccional, mismas que se agregan en copia certificada como sustento, ello en razón de que este Juzgado de Distrito no es un órgano terminal dado que la presente resolución admite recurso, por lo que, toda invocación de un hecho notorio requiere, como sustento de la misma, que sean adjuntadas al expediente las respectivas constancias, pues lo que para el suscrito puede constituir un hecho notorio, no necesariamente lo es para los órganos revisores, los cuales necesitan imponerse de ellas para poder resolver, fundada y motivadamente, sobre la legalidad tanto de la apreciación del hecho notorio, como de la resolución impugnada. Apoya lo anterior, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Tomo XX, correspondiente al mes de octubre de dos mil cuatro, página 2349, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto: "HECHO NOTORIO INVOCADO POR UN ÓRGANO DE AMPARO NO TERMINAL. SI SE HACE CONSISTIR EN LAS CONSTANCIAS DE UN EXPEDIENTE ANTERIOR ANTE ÉL TRAMITADO, DEBE ADJUNTARLAS AL JUICIO OBJETO DE REVISIÓN. Es indudable que la invocación de un hecho notorio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de un Tribunal Colegiado de Circuito, actuando como órganos terminales del juicio de garantías al resolver un asunto sometido a su consideración, hecha en uso de la facultad que les otorga el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no precisa que dichos órganos alleguen al expediente las constancias en las cuales sustentan dicha invocación. Pero tratándose de resoluciones de órganos no terminales, que admitan revisión, toda invocación de un hecho notorio requiere, como sustento de la misma, que sean adjuntadas al expediente las respectivas constancias, pues lo que para dichos juzgadores puede constituir un hecho notorio, no necesariamente lo es para los órganos revisores, los cuales necesitan imponerse de ellas para poder resolver, fundada y motivadamente, sobre la legalidad tanto de la apreciación del hecho notorio, como de la resolución impugnada. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto por la fracción II del artículo 91 de la Ley de Amparo, que dispone que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Salas de la misma o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, sólo tomarán en consideración las pruebas que hubiesen sido rendidas ante el Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo, pues las constancias invocadas como hecho notorio quedan comprendidas entre dichas pruebas." Ahora bien, en el caso que se estudia, se advierte que entre la demanda de amparo que motivó a la formación del juicio de amparo número II-613/2022-1 y de la demanda de cuenta, existe igualdad en los datos de identificación, esto es, parte quejosa, autoridades responsables, y acto reclamado. Por lo anterior, y tomando en consideración todo lo expuesto, se estima que la demanda de amparo en estudio resulta improcedente, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, como ya se dijo, la demanda de amparo II-613/2022-1, fue promovida por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y los mismos actos en reclamo, que son idénticos a los ahora señalados en el presente asunto constitucional en que se actúa número IV-846/2022-C; asimismo, se hace constar que el primero de los asuntos en mención se encuentra en trámite y se señalaron las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional; de ahí que, en la especie opera la causa de improcedencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la Tesis número ochenta y tres, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero, Materia Común, Novena Época, visible en la página doscientos sesenta del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Así como por analogía la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época, visible en la página trescientos doce del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por las fracciones VI, X y IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, por notoriamente improcedente, esto es, respecto de las autoridades y actos reclamados previamente analizados. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene a la promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Notifíquese personalmente.

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