José Meza Cervantes
Expediente 1195/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/07/2016
Partes del expediente
- José Meza Cervantes
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de cinco días, que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciséis. 1 OFICIO Agréguese a los autos el oficio 1148 signado por el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por José Meza Cervantes. 2 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por José Meza Cervantes, contra actos de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1195/2016-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En principio, debe precisarse que del análisis integral al escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por el promovente del amparo consiste en: "IV.- ACTO RECLAMADO: a).- De la autoridad ordenadora.- Reclamo la resolución de Segunda Instancia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del Toca de Apelación número 288/2016. La referida sentencia o resolución la dictó la H. Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, y en la cual en sus puntos resolutivos señala: PRIMERO.- Se revoca el auto dictado por el A QUO que dio trámite al recurso de apelación y no se admite el mismo, en razón de que no se satisfacen los presupuestos para la procedencia [.] b).- De la autoridad ejecutora, RECLAMO el cumplimiento de dicha resolución y sus consecuencias legales. La cual me fue notificada personalmente el día catorce de junio de dos mil dieciséis". Como se advierte de la anterior transcripción, la referida resolución le fue notificada al promovente el catorce de junio de dos mil dieciséis. Precisado lo anterior, el suscrito considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo anterior se sigue que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días. Asimismo, el cómputo de dicho término, depende básicamente de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas, como se desprende del artículo 18 de la propia ley, que dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, tal conocimiento del acto reclamado, para efecto del cómputo del término, comenzará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; por ende, las mismas no requieren indispensablemente un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden de ese artículo 18 de la ley de la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. En la especie, como ya se indicó, la resolución reclamada al peticionario de garantías le fue notificada el catorce de junio de dos mil dieciséis, por lo que tal notificación surtió sus efectos el quince siguiente, comenzando a contar el término para la presentación de la demanda en la vía indirecta el dieciséis de los citados mes y año, feneciendo dicho plazo el seis de julio de la presente anualidad. Por consiguiente, si la demanda que dio origen a este juicio se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el ocho de julio de dos mil dieciséis, es evidente que ésta se presentó fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo cual, opera de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento legal citado. Sin que sea obstáculo para tener por actualizada dicha causal de improcedencia, la circunstancia de que el escrito original de la demanda de amparo es de cuatro de julio de la presente anualidad, asimismo, que el oficio por el cual fue remitida la misma por parte de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sea de cinco de julio de dos mil dieciséis, con lo cual puede presumirse que por lo menos desde el cuatro de julio de dos mil dieciséis, la parte quejosa presentó su demanda de amparo indirecto ante dicha autoridad responsable. Lo anterior puesto que, cuando no existe equivocación en la vía de impugnación, la presentación de la demanda de amparo indirecto ante la responsable no interrumpe el término previsto por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Es decir, la intención del quejoso no fue presentar una demanda de amparo directo (caso en el cual se hubiera justificado como un "error en la vía" su presentación ante la autoridad responsable), sino que del contenido del propio libelo constitucional se desprende que la intención del quejoso fue promover una demanda de amparo indirecto, por lo que debió haberla presentado los Juzgados de Distrito y no ante la autoridad responsable. Como se desprende de la lectura anterior, al resolver la contradicción de tesis 42/2005, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó un primer supuesto: a) Cuando una demanda de amparo se presenta ante la autoridad responsable y, b) Está dirigida al Tribunal Colegiado, aun cuando en la demanda se contengan datos que correspondan al amparo indirecto, como son los antecedentes de los actos reclamados o la protesta de decir verdad. En este caso, dijo el Tribunal Supremo de la Nación que debe considerarse que la intención del quejoso fue la de promover un juicio de amparo directo; por lo que al existir un error de la vía, la misma debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, por lo que deberá ser enmendada por el Tribunal Colegiado mediante la declaración de incompetencia en favor del Juez de Distrito, quien determinará la oportunidad de la promoción atendiendo a la fecha en que se presentó ante la autoridad responsable. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación contempló un segundo supuesto: a) Cuando una demanda de amparo se presenta ante la autoridad responsable y, b) Está dirigida al Juez de Distrito y se redacta como amparo indirecto. En este supuesto, el Máximo Tribunal de la Nación señaló que debía considerarse que no existía la menor duda de que la intención del quejoso fue la de promover el juicio de amparo en la vía indirecta; y siendo esto así, de no presentarse la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito correspondiente, en el plazo previsto para ello, la demanda resultaría extemporánea. En la especie, de la demanda de amparo de la parte quejosa, se desprende que la misma fue dirigida expresamente al: "CIUDADANO JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES. (EN TURNO)."; asimismo, del capítulo de antecedentes se advierte lo siguiente: "[.] se dictó la resolución que ahora impugno por medio del presente amparo indirecto [.]". Asimismo, dicha demanda de amparo se fundamentó, entre otros, en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos del escrito demanda en la vía indirecta. En el mismo tenor, dicha demanda se redactó como amparo indirecto, ya que en la misma se expresaron el nombre y domicilio de la parte quejosa; el nombre y domicilio del tercero interesado; la autoridad responsable; el acto reclamado; la expresión, bajo protesta de decir verdad, de los hechos o abstenciones constitutivos de los antecedentes del acto reclamado o que sirvieren de fundamento a los conceptos de violación; los preceptos constitucionales violados; así como los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, es innegable que la intención del quejoso fue la de promover el juicio de amparo en la vía indirecta y, por lo tanto, como lo resolvió el Máximo Tribunal de la Nación al resolver la contradicción de tesis 42/2005, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 25/2006, al no haberse presentado la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el plazo que se tenía para hacerlo, es incuestionable que es extemporánea. Ello puesto que la presentación de la demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable, no interrumpe el término previsto por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo en vigor, ya que, como se dijo, en el presente caso, el quejoso no tenía intención de presentar una demanda de amparo directo, es decir, no existió equivocación en la vía de impugnación, y por tanto, no puede atenderse a la fecha en que se presentó ante la autoridad responsable para determinar la oportunidad de su presentación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.
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