Jose Mauto Oñate Rodriguez Y Otros
Expediente 46/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Mauto Oñate Rodriguez Y Otros
- Vicente Aberto Rosas Cano
- Marco de Leon Quiroga
- Juan Francisco Sillas Rocha
- VICENTE ABERTO ROSAS CANO y Otros.
- Presidente de la Camara de Senadores, Ciudad de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubieran hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, procede calificar este expediente, como depurable, según lo dispuesto en el artículo 181, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de referencia, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 3 ??????????????? se refieren los artículos 82, fracción I, y 93 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA 2 Artículo 8. Criterios del resguardo de expedientes. Para efectos de resguardo documental, el archivo judicial tiene la siguiente clasificación: I. Expedientes de Trámite: Son los expedientes desde su apertura y hasta por tres años posteriores a haberse acordado su archivo como asunto concluido 3 Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 4 Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas del trece de octubre de dos mil veintidós, ante la presencia de Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, y Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, inició la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 46/2022, promovido por 1Marco de León Quiroga, 2José A. Macdonel Pérez, 3Juan Francisco Sillas Rocha, 4Jaime R. Ruiz Cervantes, 5Vicente Alberto Rosas Cano, 6Adislado Baltazar Rivera, 7Jonathan Jovany Martínez Linares, 8José Ascención Salinas Hero, 9Ricardo Daniel Sánchez Fuentes, 10José Manuel López Rosas, 11Pablo Alexia Dercarando Ramos, 12Francisco Fauelez Bello Vásquez, 13Oñate Rodríguez José Mauro, 14José Alfredo Campos Hernández y 15Moisés Bautista Vázquez, contra actos del Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas" y otras autoridades, sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas.. A continuación, el Secretario da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 2 a 7. 2 Auto admisorio. 56 a 65. 3 Emplazamiento a las autoridades 72. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -2- responsables. 5 Emplazamiento al Fiscal del Ministerio Público adscrito. 79. Asimismo, el Secretario del Juzgado certifica que: a) El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, no formuló pedimento o alegato de amparo de su intención. b) En auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvieron como inexistentes a las autoridades responsables Titular y/o Directora de la Dirección jurídica y Miembros del Comité Técnico, ambas del Centro Federal de Readaptación Social número quince "Cps Chiapas". c) Las autoridades responsables Directora General y Presidenta del Comité Técnico, Comandante Penitenciario Superior de la Dirección de Seguridad [Pablo Guillen Morales], Director de la Dirección Administrativa, Director de la Dirección del Área Técnica, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPSChiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante haber quedado legalmente notificadas del oficio a través del cual se le solicitó, según se advierte del sello de recibo que obra en autos (fojas 72 y 178). PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -3- d) Mediante proveído de once de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado Federal se reservó a proveer respecto de la prueba ofrecida por el quejoso 5Vicente Alberto Rosas Cano [representante común], para que se requiriera el expediente clínico del quejoso 3Juan Francisco Sillas Rocha, hasta en tanto fuera resuelto el recurso de queja interpuesto por impetrante de trato. e) Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado Federal se reservó a proveer respecto de la prueba ofrecida por el quejoso 5Vicente Alberto Rosas Cano [representante común], consistente en designar perito en optometría, y medicina humana y legal, para efectos de comprobar que los impetrantes usan lentes de forma habitual; asimismo, solicitó una inspección judicial del expediente clínico del quejoso 3Juan Francisco Sillas Rocha, y se requiriera el expediente clínico de cada uno de los impetrantes; lo anterior, hasta en tanto fuera resuelto el recurso de queja 89/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. f) Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal se reservó a proveer respecto de la prueba ofrecida por el quejoso 5Vicente Alberto Rosas Cano [representante común], consistente en designar perito en medicina humana y legal, y PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -4- se requiriera el expediente clínico de cada uno de los impetrantes; lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables rindieran sus informes justificados. g) La parte quejosa, en el escrito de demanda ofreció como prueba la inspección judicial en el área de farmacia de su centro de reclusión, respecto de la cual se encuentra pendiente hacer pronunciamiento sobre su admisión. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar, y en relación a las reservas decretadas por acuerdos de once y veintinueve de marzo de dos mil veintidós, respecto al ofrecimiento como prueba para que se requiriera el expediente clínico del quejoso 3Juan Francisco Sillas Rocha, y se realizara su inspección judicial, no se estima necesaria su admisión ni desahogo, toda vez que por auto de trece de septiembre del presente año, se tuvo por recibido el oficio correspondiente de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Cps-Chiapas" con residencia en Villa Comaltitlán, por medio del cual informó que el quejoso Juan Francisco Sillas Rocha, egresó de esa unidad administrativa el siete de septiembre de la presente anualidad, siendo trasladado por extradición a los Estados Unidos de América, con lo cual se actualiza una causa de improcedencia. Asimismo, con relación a las reservas decretadas por acuerdos de veintinueve de marzo y dos de septiembre de dos mil veintidós, respecto a las pruebas ofrecidas por 5Vicente Alberto Rosas Cano [representante común], PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -5- para que se designe perito en optometría, y medicina humana y legal, para efectos de comprobar que los impetrantes usan lentes de forma habitual, así como solicitar los expedientes clínicos de cada uno de los quejosos, y respecto a la inspección judicial en el área de farmacia que ofrecieron los quejosos en su centro de reclusión, no se estima necesaria su admisión ni desahogo, toda vez que los quejosos no manifestaron la pertinencia de dichas pruebas con relación a sus padecimientos. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Parte quejosa Documentales. 39 a 54, y 115 a 131. 2 Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPSCHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Documentales 86 reverso, y 200 a 203. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales relacionadas en el cuadro que antecede. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar que únicamente la parte quejosa PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -6- los formuló, mediante diligencias de notificación personal de trece de enero, siete y veintiuno de febrero, cuatro de marzo y cinco de septiembre, todas de la presente anualidad [fojas 29, 73, 77, 93 y 196], y escritos recibidos el uno de septiembre de dos mil veintidós [fojas 181 a 185]. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la parte quejosa, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la resolución incidental que corresponda, por lo que se declara cerrada dicha fase, y se ordena dictar la siguiente resolución V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 46/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. 1Marco de León Quiroga, 2José A. Macdonel Pérez, 3Juan Francisco Sillas Rocha, 4Jaime R. Ruiz Cervantes, 5Vicente Alberto Rosas Cano, 6Adislado Baltazar Rivera, 7Jonathan Jovany Martínez Linares, 8José Ascención Salinas Hero, 9Ricardo Daniel Sánchez Fuentes, 10José Manuel López Rosas, 11Pablo Alexia Dercarando Ramos, 12Francisco Fauelez Bello Vásquez, 13Oñate Rodríguez José Mauro, 14José Alfredo Campos Hernández y 15Moisés Bautista Vázquez, promovieron escrito de demanda por propio derecho, siendo recibido el siete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, en el que demandó el amparo y protección PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -7- de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. En proveído de siete de enero de dos mil veintidós, se ordenó el registro de la demanda con el número de juicio de amparo 46/2022, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se solicitaron los informes relativos a la medida cautelar concedida, se comisionó al Actuario Judicial de la adscripción para que notificara dicha determinación de manera personal a los quejosos, y se les previno para que dentro del término cinco días, aclaran la demanda de amparo, y se designó como representante común de todos los quejosos, a 1Marco de León Quiroga. Mediante diligencia de notificación de ocho de enero de dos mil veintidós, el quejoso 1Marco de León Quiroga, manifestó que se designara como represéntate común a 5Vicente Alberto Rosas Cano. A través del escrito firmado por 5Vicente Alberto Rosas Cano, como representante común de los quejosos, recibido el veintiséis de enero de dos mil veintidós, se dio cumplimiento a la prevención planteada en auto de radicación de siete de enero de dos mil veintidós. Con motivo de lo anterior, por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, por una parte se desechó parcialmente la demanda de amparo, respecto a las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Presidente de la Cámara de Senadores, Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, Presidente de la Comisión de Hacienda y/o Presupuestos de la Cámara de Senadores, PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -8- Presidente de la Cámara de Diputados Federales, Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Federales, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Diputados Federales, Secretario de Gobernación, Secretaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretario de la Secretaria de Salud, Secretario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretario del Servicio de Administración Tributaria, Secretario de la Secretaría de la Función Pública, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Coordinador General Titular de la Coordinación General de los Centros Federales del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, Director del Área de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos (titular y director de la Unidad de Asuntos legales del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social), Titular del Área Administrativa del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, Jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas con sede en Tapachula; con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Asimismo, se admitió a trámite la demanda por el acto que se reclaman a las autoridades responsables que forman parte del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, se solicitaron informes justificados, se dio la PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -9- intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante diligencia de notificación de siete de febrero de dos mil veintidós, el representante común de los quejosos 5Vicente Alberto Rosas Cano, interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, que desechó parcialmente y admitió la demanda de amparo. Por acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, se ordenó remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos de la sustanciación del citado medio de impugnación, y se ordenó suspender el procedimiento en el juicio de amparo, dejando sin efectos la fecha ya señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el cual remitió el testimonio de ejecutoria de veinte de julio de la presente anualidad, en el que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el represéntate común de los quejosos, y confirmó el auto recurrido de veintisiete de enero de dos mil veintidós, por lo que se ordenó reanudar el procedimiento, se fijo nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia, y se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -10- En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclama un acto atribuido a una autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -11- superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado a las autoridades responsables, consiste en: ? La falta de atención médica adecuada y oportuna conforme a los padecimientos de los quejosos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Directora General y Presidenta del Comité Técnico, Comandante Penitenciario Superior de la Dirección de Seguridad [Pablo Guillen Morales], Director de la Dirección Administrativa, Director de la Dirección del Área Técnica, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante haber quedado legalmente notificadas del oficio a través del cual se le solicitó, según se advierte del sello de recibo que obra en autos (fojas 72 y 178). En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que se le reclama a las 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -12- mencionadas autoridades responsables. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 7/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, (registro digital 206350), que textualmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora bien, esta juzgadora advierte que este órgano de control constitucional considera que se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción del juicio de PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -13- amparo, los actos reclamados debieron combatirse a través de la "controversia judicial" prevista en los artículos 114 y 117, fracción II, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, a fin de acreditar dicho aserto es pertinente señalar que el primero de los citados artículos establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En ese precepto legal se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -14- definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que en la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También, no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1 de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte, el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, por tratarse el acto reclamado de situaciones relacionadas con las condiciones de reclusión PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -15- del quejoso, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo antepuesto, dado que el acto reclamado se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación. Ahora bien, a continuación, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos, y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad, y 74, 76, 77 y 78, referentes a los servicios de atención médica, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -16- artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII dela Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -17- módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, peticiones o quejas por escrito, integridad moral, física, sexual y psicológica, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que, si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, los internos también tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -18- Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Finalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal, cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física o psicológica del interno, la falta de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama atención médica en el centro de reclusión en que se encuentra, es inconcuso que respecto a dichos actos existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, máxime que, como ya se vio, la Ley PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -19- Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento. Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -20- condiciones de internamiento, aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna, o de dar cumplimiento a lo que ya se haya decidido sobre el particular. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia PC.III.P.J/18(10ª), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2018, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado del en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que su rubro dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE CUMPLIRSE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMEN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAIMENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA." Así como lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018 en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, donde se analizaron las peticiones por casos urgentes relacionadas con las condiciones de internamiento, con relación a lo cual se estableció que el gobernado previamente a la promoción del juicio de amparo debe acudir ante el juez correspondiente para solventar la afectación a su esfera jurídica de derechos. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -21- En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los quejosos 1Marco de León Quiroga, 2José A. Macdonel Pérez, 3Juan Francisco Sillas Rocha, 4Jaime R. Ruiz Cervantes, 5Vicente Alberto Rosas Cano, 6Adislado Baltazar Rivera, 7Jonathan Jovany Martínez Linares, 8José Ascención Salinas Hero, 9Ricardo Daniel Sánchez Fuentes, 10José Manuel López Rosas, 11Pablo Alexia Dercarando Ramos, 12Francisco Fauelez Bello Vásquez, 13Oñate Rodríguez José Mauro, 14José Alfredo Campos Hernández y 15Moisés Bautista Vázquez, por resultar notoriamente improcedente. La anterior determinación impide analizar los conceptos de violación vertidos por los promoventes del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia 509 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 JUICIO DE AMPARO 46/2022 -22- Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por 1Marco de León Quiroga, 2José A. Macdonel Pérez, 3Juan Francisco Sillas Rocha, 4Jaime R. Ruiz Cervantes, 5Vicente Alberto Rosas Cano, 6Adislado Baltazar Rivera, 7Jonathan Jovany Martínez Linares, 8José Ascención Salinas Hero, 9Ricardo Daniel Sánchez Fuentes, 10José Manuel López Rosas, 11Pablo Alexia Dercarando Ramos, 12Francisco Fauelez Bello Vásquez, 13Oñate Rodríguez José Mauro, 14José Alfredo Campos Hernández y 15Moisés Bautista Vázquez, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, quien a su vez es asistida por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Vista la certificación de cuenta, se advierte que está trascurriendo el término legal de quince días, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables rindan sus informes justificados. Ante tal circunstancia, a fin de dar oportunidad a que las autoridades responsables rindan sus informes justificados, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas del trece de octubre de dos mil veintidós para su verificativo, la cual preferentemente se llevará a cabo con la participación no física de las partes sino a través del envío de sus pruebas, alegatos o promociones, o de ser indispensable, mediante el uso de algún medio electrónico y/o tecnológico que permita realizar diligencias a distancia, en cuyo caso así PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 2 debe hacerse del conocimiento oportuno de este órgano jurisdiccional por la parte interesada, a fin de realizar la preparación pertinente. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, tomando como base las medidas preventivas y lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General 10/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 372020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 21/2021, 2/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los estadísticos correspondientes. OFICIO DE CUENTA Por otra parte, agréguese a sus antecedentes, para los efectos legales conducentes, el oficio signado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Delegación Chiapas, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual informa que designa a la licenciada María de Jesús López Guzmán, Defensora Pública Federal, para que patrocine a los quejosos Vicente Alberto Rosas Cano [representante común de la parte quejosa] y Juan Francisco Sillas Rocha. En consecuencia, por conducto del actuario judicial de la adscripción, notifíquese personalmente a la Defensora Pública Federal, los proveídos de siete de enero de dos mil veintidós [con copia de la demanda de amparo], veintisiete de enero de dos mil veintidós [con el escrito de prevención, con registro 1347], veintidós de agosto de dos mil veintidós [con el testimonio de ejecutoria, con registro 11833], y la presente determinación, a fin de que gestione lo que considere conveniente para la oportuna defensa de los quejosos, y se imponga de lo contenido en los presentes autos. Notifíquese personalmente a Vicente Alberto Rosas Cano, como representante de los quejosos en el lugar de su reclusión y a la defensora pública María de Jesús López Guzmán. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio correspondiente a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Cps-Chiapas" con residencia en Villa Comaltitlán, por medio del cual informa que los directos quejosos Marco de León Quiroga y Juan Francisco Sillas Rocha, egresaron de esa unidad administrativa los días doce de agosto y siete de septiembre de la presente anualidad, siendo trasladado el primero de los nombrados al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que el citado en último término, fue extraditado a los Estados Unidos de América, y remite copias certificadas de las constancias relativas a dichas circunstancias. Atento a lo anterior, se toma conocimiento lo informado por la responsable para los efectos legales correspondientes, lo cual será tomado en consideración al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese...
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