José Mauro Paredes Muñoz
Expediente 380/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Mauro Paredes Muñoz
- Gloria Ramírez Flores
- Juan Antonio Luis Torres
- Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial; atento a su contenido, infórmese a dicho tribunal que en contra de la determinación de dieciocho de septiembre del año en curso, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad; por tanto, una vez que se dicte la resolución respectiva se le informará. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto el quejoso José Mauro Paredes Muñoz, en contra del auto de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado en el expediente en que se actúa, mismo que se registró con el número 19/2019. Atento a lo anterior, una vez que se resuelva dicho recurso, agréguese copia certificada de la resolución correspondiente, para lo efectos legales a que haya lugar.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 146), realizando manifestaciones únicamente la primera de los nombrados (fojas 155 a 162). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve, este órgano colegiado resolvió conceder a José Mauro Paredes Muñoz, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos (fojas 107 vuelta y 108): ".I. Deje insubsistente la sentencia "reclamada. "II. En su lugar, emita otra, en la cual, reitere "las siguientes consideraciones: "a) Lo infundado del agravio relativo a que el "Juez omitió estudiar las excepciones opuestas por los "demandados. "b) La determinación de desestimar el tercer "agravio del recurso de apelación y confirmar la parte "conducente del fallo recurrido donde concluyó que se "encuentra acreditada la causa generadora de la "posesión aducida por la actora, esto es, el contrato de "compraventa que ésta celebró el quince de diciembre de "mil novecientos ochenta y siete, con el fallecido "Raymundo García Paredes. "c) La inoperancia del agravio mediante el "cual se pretendió controvertir la valoración de la pericial, "inspección judicial y confesional a cargo de Clemente "Alonso Bermudes y/o Clemente Alonso Bermúdez. "d) La determinación consistente en que las "documentales púbicas y privadas ofrecidas por el "demandado son insuficientes para desvirtuar las "pruebas de la actora y tener por acreditados los "presupuestos de la acción. "III. Subsane la violación formal en que "incurrió al examinar el segundo agravio del recurso de "apelación, para lo cual deberá examinarlo en su "integridad conforme a los lineamientos precisados en "esta ejecutoria; y con plenitud de jurisdicción, resuelva "lo que en derecho proceda respecto a si la actora "acreditó con la testimonial los elementos de la acción de "usucapión, esto es, la posesión apta para adquirir el "inmueble mediante prescripción positiva...". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia que el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la sentencia reclamada de nueve de febrero de dos mil diecisiete (foja 114), y posteriormente, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictó otra en la cual realizó lo siguiente: I. Reiteró las siguientes consideraciones: a) Determinó que es infundado el tercer agravio del recurso de apelación relativo a que el Juez omitió estudiar las excepciones opuestas por los demandados, pues sostuvo que siendo las mismas se analizaron una sola vez, resultando ocioso repetir su valoración (foja 141 vuelta). b) Desestimó el tercer agravio del recurso de apelación y confirmó la parte conducente del fallo recurrido donde concluyó que se encuentra acreditada la causa generadora de la posesión aducida por la actora, esto es, el contrato de compraventa que ésta celebró el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, con el fallecido Raymundo García Paredes (fojas 121 vuelta a 123 vuelta). c) La declaración de inoperancia del agravio mediante el cual se pretendió controvertir la valoración de la pericial, inspección judicial y confesional a cargo de Clemente Alonso Bermudes y/o Clemente Alonso Bermúdez (foja 142 vuelta). d) La determinación consistente en que las documentales púbicas y privadas ofrecidas por el demandado son insuficientes para desvirtuar las pruebas de la actora y tener por acreditados los presupuestos de la acción (foja 143 y vuelta). II. La responsable subsanó la violación formal en que incurrió pues examinó en su integridad el segundo agravio del recurso de apelación mediante el cual controvirtió la valoración de las declaraciones de los testigos presentado por la parte actora, y concluyó que únicamente le asiste razón a la apelante cuando aduce que el análisis de la testimonial debe emprenderse de manera integral y completa, pero que no le asiste razón cunado refiere que debe restársele valor; de ahí que desestimó dicho segundo agravio, pues reasumió jurisdicción y entró al estudio de la declaración de los testigos concluyendo que sus declaraciones son aptas para acreditar la calidad de la posesión que la actora detenta sobre el inmueble, esto es, que lo posee en calidad de propietaria, en forma ininterrumpida, pública, pacífica, de buena fe y continua (foja 127 a 138 vuelta). Enseguida, se analiza lo expuesto por la parte quejosa, al desahogar la vista. Al respecto, argumenta que la responsable incurrió en defecto al dar cumplimiento al fallo protector, pues no se ocupó del segundo agravio del recuro de apelación, por lo siguiente: A) La Sala invoca la fracción VIII del artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, siendo que el quejoso invocó la fracción IX del citado artículo, porque los tres testigos refieren que saben lo que han dicho porque son trabajadores del predio materia del juicio. B) El testigo Antonio Arenas Montes, en mil novecientos ochenta y siete, cuando se celebró el contrato de compraventa, contaba con tres años de edad, por lo que las preguntas relacionadas con dicho contrato carecen de relevancia, sin embargo, la Sala otorga valor a una testimonial que se basa en suposiciones, emitiendo contrarias y desvinculadas entre sí. C) En cuanto a los testigos Gilberto Cabrera Martínez, Porfirio Montes Cruz y Antonio Arenas Montes, en relación a la pregunta directa seis, se les formuló la repregunta marcada con el inciso i), que en lo conducente dice: "i) Que diga, el nombre de las personas que se encontraban en el lugar de la celebración del contrato a que se refiere la pregunta directa"; el primero, refirió que "no sabe quiénes estarían, pero supone que estuvo la señora Gloria Ramírez Flores"; el segundo contestó: "Raymundo, el finado (sic) Alfonso, doña Gloria y no recuerdo otras personas, había por ahí, pero había otras personas"; pero no se refiere a Antonio Arenas Montes, ni a Leonor García Pérez, quien firmó como testigo en el contrato de compraventa de quince de diciembre mil novecientos ochenta y siete; en tanto que el tercer testigo fue más preciso en su contestación, refiriendo: "las que estaban ahí cerca no recuerdo sus nombres, las que estuvieron en el lugar de los hechos Raymundo García Paredes, Alfonso García Paredes, Gloria Ramírez Flores, Antonio Arenas Montes"; pero no refiere que Porfirio Montes Cruz, hubiere estado en ese momento, mucho menos Leonor García Pérez, quien intervino como testigo en el contrato. D) Lo mismo sucedió en la repregunta marcada con el inciso b), en relación a la pregunta directa 7, que en lo conducente dice: "b) Que diga el nombre de todas y cada una de las personas que se encontraban en el lugar, en la fecha que obtuvo su presentante la posesión del bien inmueble a que se refiere la pregunta directa"; el primero, refirió que no estuvo; el segundo contestó "estaba el finado Alfonso (sic), Raymundo, Gloria y otras personas más, que no recuerdo sus nombres", pero no se refiere a Antonio Arenas Montes ni a Leonor García Pérez; el tercero refirió "el señor Raymundo García Paredes, Gloria Ramírez Flores, la señora Leonor García y su Servidor Antonio Arenas Montes"; empero, no refiere que Porfirio Montes Cruz, haya estado presente en ese momento, mucho menos a Alfonso García Paredes, quien también firmó como testigo en el contrato de compraventa de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. E) Las declaraciones de los testigos no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 446, fracciones IV y V, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, porque de sus declaraciones se desprende que desconocen los hechos sobre los que deponen, ya que éstas no son claras ni precisas respecto a lo preguntado, pues manifiestan que conocen el predio, que la posesión de la actora ha sido pública, continua, ininterrumpida y de buena fe. F) Que lo saben porque los han invitado a trabajar o porque trabajan en el predio, pero no mencionan las labores que realizan, tales como preparar, que incluye rastrear, barbechar, surcar, sembrar, escardar, deshierbar, tirar abono, despuntar, segar, cosechar, etcétera. Como se puede advertir, si bien el impetrante afirma que es defectuoso el cumplimiento de la responsable debido a que de nueva cuenta incurrió en violación formal al no haberse ocupado del segundo agravio del recuro de apelación, lo cierto es que en sus argumentos no se refiere a una violación formal por omisión del estudio de ese agravio, sin que se encuentran encaminados a controvertir la valoración que hizo la responsable de los testigos presentados por la actora. En ese contexto, si en la ejecutoria de amparo se ordenó a la responsable que se ocupara en su integridad del segundo agravio del recurso de apelación y con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho proceda, los planteamientos que ahora expone el quejoso relacionados con la valoración que hizo la responsable respecto de la testimonial resultan novedosos, y sólo pueden ser materia de examen en un diverso juicio de amparo. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. "ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo "107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece "que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin "que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; "por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de "inconformidad para determinar si fue correcta o no la "determinación que la tuvo por cumplida, no debe "limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, "pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta "con facultades amplias para analizar oficiosamente si la "ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es "cierto que en la legislación de amparo abrogada, para "dicho análisis bastaba con realizar un estudio "comparativo general o básico entre lo ordenado en la "ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, "también lo es que ello obedecía a que en esa legislación "se contemplaba al recurso de queja como un medio "para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; "de ahí que para tener por cumplida la sentencia "protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara "haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera "analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, "de ser así, las partes podían interponer el recurso de "queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin "en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el "exceso o defecto puede combatirse a través del recurso "de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, "fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de "abril de 2013, sólo señala que el recurso de "inconformidad procede contra la resolución que tenga "por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar "que en él puedan combatirse los excesos o defectos en "que incurra la responsable en el cumplimiento, de una "interpretación armónica de ese numeral con los artículos "192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se "concluye que en este medio de impugnación pueden "combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria "pueda declararse cumplida es preciso que la "responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir "en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del "recurso de inconformidad, vista en relación con la "anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces "para resolver este recurso ya no basta con realizar un "examen comparativo general o básico entre las "conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como "efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por "la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese "examen, también debe verificarse que en el "cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o "defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay "exceso, cuando la responsable se extralimita en el "cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la "ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando "la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo "hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese "análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la "ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia "Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su "caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar "de la ampliación en su materia, no es factible que a "través de este medio se analice la legalidad de la "resolución emitida por la autoridad responsable, ni "mucho menos introducir aspectos novedosos que no "fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON "INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS "CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA "EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE "ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la "Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la "jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al "no existir, además del recurso de inconformidad, otro "medio de defensa para garantizar la efectividad de la "sentencia protectora o corregir los posibles excesos o "defectos en su observancia, corresponde al juzgador "vigilar, a través de ese medio de impugnación, la "satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades "responsables, dejando a salvo del estudio únicamente "las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. "En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de "inconformidad debe atender a los alcances fijados por la "acción constitucional, así como al límite señalado en la "ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni "defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por "la autoridad responsable en aspectos novedosos que no "fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si "bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo "establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el "exceso en que incurra la responsable al dictar la "resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo "obliga a estudiar si las consecuencias generadas con "motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio "en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben "tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la "concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el "cumplimiento de la autoridad responsable sobre "cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; "de ahí que los agravios formulados para impugnar "dichos argumentos resulten ineficaces." En ese orden, son ineficaces las manifestaciones del quejoso. De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y, por oficio al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 146), realizando manifestaciones únicamente la primera de los nombrados (fojas 155 a 162). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve, este órgano colegiado resolvió conceder a José Mauro Paredes Muñoz, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos (fojas 107 vuelta y 108): ".I. Deje insubsistente la sentencia "reclamada. "II. En su lugar, emita otra, en la cual, reitere "las siguientes consideraciones: "a) Lo infundado del agravio relativo a que el "Juez omitió estudiar las excepciones opuestas por los "demandados. "b) La determinación de desestimar el tercer "agravio del recurso de apelación y confirmar la parte "conducente del fallo recurrido donde concluyó que se "encuentra acreditada la causa generadora de la "posesión aducida por la actora, esto es, el contrato de "compraventa que ésta celebró el quince de diciembre de "mil novecientos ochenta y siete, con el fallecido "Raymundo García Paredes. "c) La inoperancia del agravio mediante el "cual se pretendió controvertir la valoración de la pericial, "inspección judicial y confesional a cargo de Clemente "Alonso Bermudes y/o Clemente Alonso Bermúdez. "d) La determinación consistente en que las "documentales púbicas y privadas ofrecidas por el "demandado son insuficientes para desvirtuar las "pruebas de la actora y tener por acreditados los "presupuestos de la acción. "III. Subsane la violación formal en que "incurrió al examinar el segundo agravio del recurso de "apelación, para lo cual deberá examinarlo en su "integridad conforme a los lineamientos precisados en "esta ejecutoria; y con plenitud de jurisdicción, resuelva "lo que en derecho proceda respecto a si la actora "acreditó con la testimonial los elementos de la acción de "usucapión, esto es, la posesión apta para adquirir el "inmueble mediante prescripción positiva...". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia que el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la sentencia reclamada de nueve de febrero de dos mil diecisiete (foja 114), y posteriormente, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictó otra en la cual realizó lo siguiente: I. Reiteró las siguientes consideraciones: a) Determinó que es infundado el tercer agravio del recurso de apelación relativo a que el Juez omitió estudiar las excepciones opuestas por los demandados, pues sostuvo que siendo las mismas se analizaron una sola vez, resultando ocioso repetir su valoración (foja 141 vuelta). b) Desestimó el tercer agravio del recurso de apelación y confirmó la parte conducente del fallo recurrido donde concluyó que se encuentra acreditada la causa generadora de la posesión aducida por la actora, esto es, el contrato de compraventa que ésta celebró el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, con el fallecido Raymundo García Paredes (fojas 121 vuelta a 123 vuelta). c) La declaración de inoperancia del agravio mediante el cual se pretendió controvertir la valoración de la pericial, inspección judicial y confesional a cargo de Clemente Alonso Bermudes y/o Clemente Alonso Bermúdez (foja 142 vuelta). d) La determinación consistente en que las documentales púbicas y privadas ofrecidas por el demandado son insuficientes para desvirtuar las pruebas de la actora y tener por acreditados los presupuestos de la acción (foja 143 y vuelta). II. La responsable subsanó la violación formal en que incurrió pues examinó en su integridad el segundo agravio del recurso de apelación mediante el cual controvirtió la valoración de las declaraciones de los testigos presentado por la parte actora, y concluyó que únicamente le asiste razón a la apelante cuando aduce que el análisis de la testimonial debe emprenderse de manera integral y completa, pero que no le asiste razón cunado refiere que debe restársele valor; de ahí que desestimó dicho segundo agravio, pues reasumió jurisdicción y entró al estudio de la declaración de los testigos concluyendo que sus declaraciones son aptas para acreditar la calidad de la posesión que la actora detenta sobre el inmueble, esto es, que lo posee en calidad de propietaria, en forma ininterrumpida, pública, pacífica, de buena fe y continua (foja 127 a 138 vuelta). Enseguida, se analiza lo expuesto por la parte quejosa, al desahogar la vista. Al respecto, argumenta que la responsable incurrió en defecto al dar cumplimiento al fallo protector, pues no se ocupó del segundo agravio del recuro de apelación, por lo siguiente: A) La Sala invoca la fracción VIII del artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, siendo que el quejoso invocó la fracción IX del citado artículo, porque los tres testigos refieren que saben lo que han dicho porque son trabajadores del predio materia del juicio. B) El testigo Antonio Arenas Montes, en mil novecientos ochenta y siete, cuando se celebró el contrato de compraventa, contaba con tres años de edad, por lo que las preguntas relacionadas con dicho contrato carecen de relevancia, sin embargo, la Sala otorga valor a una testimonial que se basa en suposiciones, emitiendo contrarias y desvinculadas entre sí. C) En cuanto a los testigos Gilberto Cabrera Martínez, Porfirio Montes Cruz y Antonio Arenas Montes, en relación a la pregunta directa seis, se les formuló la repregunta marcada con el inciso i), que en lo conducente dice: "i) Que diga, el nombre de las personas que se encontraban en el lugar de la celebración del contrato a que se refiere la pregunta directa"; el primero, refirió que "no sabe quiénes estarían, pero supone que estuvo la señora Gloria Ramírez Flores"; el segundo contestó: "Raymundo, el finado (sic) Alfonso, doña Gloria y no recuerdo otras personas, había por ahí, pero había otras personas"; pero no se refiere a Antonio Arenas Montes, ni a Leonor García Pérez, quien firmó como testigo en el contrato de compraventa de quince de diciembre mil novecientos ochenta y siete; en tanto que el tercer testigo fue más preciso en su contestación, refiriendo: "las que estaban ahí cerca no recuerdo sus nombres, las que estuvieron en el lugar de los hechos Raymundo García Paredes, Alfonso García Paredes, Gloria Ramírez Flores, Antonio Arenas Montes"; pero no refiere que Porfirio Montes Cruz, hubiere estado en ese momento, mucho menos Leonor García Pérez, quien intervino como testigo en el contrato. D) Lo mismo sucedió en la repregunta marcada con el inciso b), en relación a la pregunta directa 7, que en lo conducente dice: "b) Que diga el nombre de todas y cada una de las personas que se encontraban en el lugar, en la fecha que obtuvo su presentante la posesión del bien inmueble a que se refiere la pregunta directa"; el primero, refirió que no estuvo; el segundo contestó "estaba el finado Alfonso (sic), Raymundo, Gloria y otras personas más, que no recuerdo sus nombres", pero no se refiere a Antonio Arenas Montes ni a Leonor García Pérez; el tercero refirió "el señor Raymundo García Paredes, Gloria Ramírez Flores, la señora Leonor García y su Servidor Antonio Arenas Montes"; empero, no refiere que Porfirio Montes Cruz, haya estado presente en ese momento, mucho menos a Alfonso García Paredes, quien también firmó como testigo en el contrato de compraventa de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. E) Las declaraciones de los testigos no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 446, fracciones IV y V, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, porque de sus declaraciones se desprende que desconocen los hechos sobre los que deponen, ya que éstas no son claras ni precisas respecto a lo preguntado, pues manifiestan que conocen el predio, que la posesión de la actora ha sido pública, continua, ininterrumpida y de buena fe. F) Que lo saben porque los han invitado a trabajar o porque trabajan en el predio, pero no mencionan las labores que realizan, tales como preparar, que incluye rastrear, barbechar, surcar, sembrar, escardar, deshierbar, tirar abono, despuntar, segar, cosechar, etcétera. Como se puede advertir, si bien el impetrante afirma que es defectuoso el cumplimiento de la responsable debido a que de nueva cuenta incurrió en violación formal al no haberse ocupado del segundo agravio del recuro de apelación, lo cierto es que en sus argumentos no se refiere a una violación formal por omisión del estudio de ese agravio, sin que se encuentran encaminados a controvertir la valoración que hizo la responsable de los testigos presentados por la actora. En ese contexto, si en la ejecutoria de amparo se ordenó a la responsable que se ocupara en su integridad del segundo agravio del recurso de apelación y con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho proceda, los planteamientos que ahora expone el quejoso relacionados con la valoración que hizo la responsable respecto de la testimonial resultan novedosos, y sólo pueden ser materia de examen en un diverso juicio de amparo. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. "ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo "107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece "que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin "que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; "por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de "inconformidad para determinar si fue correcta o no la "determinación que la tuvo por cumplida, no debe "limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, "pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta "con facultades amplias para analizar oficiosamente si la "ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es "cierto que en la legislación de amparo abrogada, para "dicho análisis bastaba con realizar un estudio "comparativo general o básico entre lo ordenado en la "ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, "también lo es que ello obedecía a que en esa legislación "se contemplaba al recurso de queja como un medio "para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; "de ahí que para tener por cumplida la sentencia "protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara "haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera "analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, "de ser así, las partes podían interponer el recurso de "queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin "en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el "exceso o defecto puede combatirse a través del recurso "de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, "fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de "abril de 2013, sólo señala que el recurso de "inconformidad procede contra la resolución que tenga "por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar "que en él puedan combatirse los excesos o defectos en "que incurra la responsable en el cumplimiento, de una "interpretación armónica de ese numeral con los artículos "192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se "concluye que en este medio de impugnación pueden "combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria "pueda declararse cumplida es preciso que la "responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir "en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del "recurso de inconformidad, vista en relación con la "anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces "para resolver este recurso ya no basta con realizar un "examen comparativo general o básico entre las "conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como "efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por "la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese "examen, también debe verificarse que en el "cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o "defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay "exceso, cuando la responsable se extralimita en el "cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la "ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando "la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo "hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese "análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la "ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia "Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su "caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar "de la ampliación en su materia, no es factible que a "través de este medio se analice la legalidad de la "resolución emitida por la autoridad responsable, ni "mucho menos introducir aspectos novedosos que no "fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON "INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS "CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA "EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE "ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la "Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la "jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al "no existir, además del recurso de inconformidad, otro "medio de defensa para garantizar la efectividad de la "sentencia protectora o corregir los posibles excesos o "defectos en su observancia, corresponde al juzgador "vigilar, a través de ese medio de impugnación, la "satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades "responsables, dejando a salvo del estudio únicamente "las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. "En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de "inconformidad debe atender a los alcances fijados por la "acción constitucional, así como al límite señalado en la "ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni "defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por "la autoridad responsable en aspectos novedosos que no "fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si "bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo "establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el "exceso en que incurra la responsable al dictar la "resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo "obliga a estudiar si las consecuencias generadas con "motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio "en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben "tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la "concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el "cumplimiento de la autoridad responsable sobre "cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; "de ahí que los agravios formulados para impugnar "dichos argumentos resulten ineficaces." En ese orden, son ineficaces las manifestaciones del quejoso. De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y, por oficio al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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