José Mauricio Vargas Fernández
Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Mauricio Vargas Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta este momento se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se sobreseyó el asunto. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 410/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de J..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Apersonamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar las partes ofrecieron las documentales descritas en sus escritos con registro 9127 y 6454, así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental, respectivamente. Al respecto se provee: Se admiten y desahogan las pruebas indicadas, en atención a su propia y especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera interesada los formuló e invocó causal de improcedencia y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 410/2023, promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veinticinco de abril de dos mil veintitrés, previo desahogo, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se requirió el informe justificado. En auto de veinticuatro de mayo siguiente, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal residente en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma. ? El quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México, y reclama todo lo actuado, particularmente, la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en ..., formada en el terreno que fue parte de la ... y su ejecución. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que el presente juicio es improcedente, por falta de interés jurídico, conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Acorde al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio constitucional procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce una situación que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la jurisprudencia de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."3 Los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha en que se celebró. Por otra parte, se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho Registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de prefabricar un pacto de voluntades por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J.46/99, de la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 52/97, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." En la especie, el quejoso exhibió copia certificada del contrato de arrendamiento de doce de octubre de dos mil veintidós, celebrado entre ... como arrendadora y ... como arrendatario, respecto del inmueble ubicado en ..., presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ante la fe del notario número setenta y tres del Estado de México. Sin embargo, tal medio de prueba resulta insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, pues si bien, con él se puede afirmar que el documento privado presentado por la accionante tienen fecha cierta, lo relevante es que esa data es posterior al inicio del juicio especial hipotecario de origen. Al respecto se invoca, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 18/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2012310, que dispone: "DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo." En efecto, si bien del contrato ofrecido como prueba del interés jurídico con el cual se promueve, adquirió fecha cierta a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, cuando el notario número setenta y tres del Estado de México, certificó que lo tuvo a la vista. Lo destacado es que dicha data es posterior al inicio del juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México, que comenzó formalmente con la presentación de la demanda, el tres de junio de dos mil diecinueve, como se corrobora de las constancias certificadas remitidas adjuntas al informe justificado. Por tanto, no puede estimarse que el medio probatorio aportado por la parte quejosa resulte idóneo y eficaz para demostrar la afectación a su interés jurídico, y que sea causa jurídica suficiente para vincularla al proceso natural, pues, como se indicó, la data en la que adquirió fecha cierta (dieciséis de noviembre de dos mil veintidós) es posterior al inicio del juicio de origen (tres de junio de dos mil diecinueve). Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 33/2003, de la Primera Sala del Alto Tribunal, interpretada contrario sensu, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1a./J. 46/99 determinó que el contrato privado de compraventa de inmueble, no objetado, que cuenta con fecha cierta goza de plena eficacia probatoria y que una de las formas en que un documento adquiere fecha cierta es mediante el fallecimiento de uno de sus firmantes. Por tanto, un contrato como el referido, en el que una de las partes muere antes de que tenga verificativo el acto reclamado, constituye una prueba suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de garantías. Lo anterior obedece a que si bien la constancia de la compraventa contenida en una escritura pública y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad constituyen un medio de prueba idónea para acreditar el dominio adquirido sobre el inmueble en cuestión; sin embargo, en el juicio de amparo no se resuelve en definitiva el derecho de propiedad, sino tan sólo de manera presuntiva para efectos de determinar si el acto reclamado irrumpió de manera inconstitucional en la esfera jurídica del quejoso.7 " También, por analogía, la jurisprudencial 1a./J. 21/2010, de la Primera Sala del Alto Tribunal, que dispone: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable."8 En esta tesitura, conforme a la data en que se certificó el contrato de arrendamiento celebrado por ... y ... Fernández, es dable concluir que la accionante no tiene derecho que pueda ser objeto de protección en el juicio de amparo, pues aun cuando el contrato referido adquirió fecha cierta, esta no genera un derecho oponible a los contendientes de un proceso cuya temporalidad es previa. Importa recalcar que aun en el supuesto no concedido de que se tuviera la posesión del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, señalando que tienen la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que tenga fecha cierta anterior al inicio del proceso, para demostrar el interés jurídico, pues la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 1/2002 el Tribunal Pleno, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional."9 Por lo cual, el reclamo efectuado por la parte accionante no puede ser objeto de la protección constitucional, ya que es necesario que acredite la existencia de la fuente jurídica que le otorga el derecho subjetivo que defiende y, que por sus características, sea oponible a terceros, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, indique que no fue llamada al juicio natural y que es quien poseyó el inmueble, dicha manifestación no acredita el interés jurídico de la parte promovente, pues debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso constituyen presunciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés."10 Tampoco impide llegar a la presente determinación, las actuaciones judiciales del proceso de origen que fueron allegadas en vía de informe justificado por el Juez responsable y que en el caso se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado, pues ello no releva a la quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que en el caso, se ostenta como tercera extraña a juicio. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman del Actuario adscrito al Juzgado responsable, en su calidad de ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Dado el motivo de sobreseimiento actualizado es innecesario entrar al análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, conforme a la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."13 No impide el sentido de la presente determinación, que la demanda haya sido admitida y que se hubiese seguido su trámite hasta culminar con la audiencia respectiva, porque las causales de improcedencia son de orden público y deben estudiarse en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, el mismo día en que tuvo verificativo la audiencia constitucional.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días concedido a la quejosa para exhibir el monto fijado en la suspensión definitiva, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, sin que diera cumplimiento; por tanto la medida deja de surtir efectos. Debe puntualizarse que si la ejecución del acto reclamado no se ha llevado a cabo, la peticionaria puede exhibir la garantía en cualquier momento y por ende, sería susceptible de paralizarse de inmediato su ejecución; por lo que, infórmese a las autoridades responsables que hasta la presente data, la parte quejosa no ha otorgado la garantía que se le fijó para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva. Por otro lado, agréguese el escrito del apoderado de la tercera interesada; dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 410/2023, promovido por *** contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el accionante se ostenta tercero extraño auténtico al juicio especial hipotecario ****, del índice del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México; y reclama todo lo actuado, particularmente, la falta de emplazamiento y los actos tendentes a desposeerlo del inmueble ubicado en *************, que afirma poseer en calidad de arrendador. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. Al ostentarse tercero extraño auténtico al juicio de origen, el quejoso acredita indiciariamente su interés jurídico para efectos de la procedencia de la medida suspensional solicitada, con la copia certificada del contrato de arrendamiento de doce de octubre de dos mil veintidós, celebrado entre **** ****** como arrendadora y *** como arrendatario. TERCERO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del precepto 107, fracción X de la Constitución Federal. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que no se realice ningún acto para desposeer al peticionario del inmueble que refiere se encuentra en ****** ***** ***** ****** ***** **** ***** *****, con motivo de actos dictados en el juicio especial hipotecario ****, del índice del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto. CUARTO. DE LA GARANTÍA. Con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, se decreta que la medida surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga garantía, en cualquiera de las formas que establece la ley, dentro del término de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, por ****** ******* Esta cantidad es producto de multiplicar $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que es el importe de la renta mensual del inmueble disputado, según el contrato que allega el propio quejoso en su demanda, por el lapso de 7.20 meses calendario, (tiempo probable en dictar la sentencia que resuelva el fondo del juicio de amparo). Prevalecen las consideraciones hechas el veinticinco de abril de este año respecto a la fijación de la garantía y sus mecanismos de exhibición. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ****** contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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