José Mauricio Solís Gutiérrez

Expediente 1751/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1751/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • José Mauricio Solís Gutiérrez

Actuaciones

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1751/2019-VI, promovido por ****, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Especializado en Delitos de Alto Impacto y el Director General de la Policía Especializada, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 125, 128, 129, 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo vigente, requiérase mediante oficio su informe previo a las autoridades responsables, los que deberán rendir de la misma forma solicitada, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de su recibo. Se les apercibe de que en caso de que no rindan oportunamente el informe previo requerido, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fija para la celebración de la audiencia incidental, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dos de enero del dos mil veinte. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. ACTO RECLAMADO: En el caso concreto, la parte quejosa reclama la orden de búsqueda, localización y presentación y su ejecución. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO A LA ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD En primer término, es dable decir que en concordancia con lo dispuesto por el primer párrafo del ordinal 138 de la ley en la materia, el cual dispone que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, en el presente caso procede otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, ya que en los términos en que quedaron precisados se advierte que con la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, entendiéndose, por lo primero, en términos generales, por la ofensa que se hace a los derechos de la colectividad y por contravención al orden público se entiende la infracción de leyes que establezcan tales derechos de la sociedad. Lo anterior es así, porque si bien es facultad exclusiva de los Tribunales de la Federación y de las entidades que la conforman, emitir los mandamientos para conducir al imputado al proceso penal, lo cierto es que tales mandamientos se encuentran condicionados al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto pueden ser sujetos del escrutinio en sede constitucional. Asimismo, porque si bien las detenciones que realizan las autoridades encargadas de la procuración de justicia, las que pueden constituir una simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, es una restricción temporal del ejercicio un derecho determinado e incluso, la detención en sentido estricto, cuando actúan dentro de los límites que marcan los artículos 16, párrafos quinto y sexto, así como 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe efectuarse con absoluto respeto a los derechos humanos; por tanto, cualquier detención ordenada por el Ministerio Público puede ser sujeta del control judicial en los términos que las leyes lo autorizan. En este contexto, de confirmarse en el juicio principal que el acto reclamado se encuentra desprovisto de una causa legal o no satisface los requisitos establecidos en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, necesariamente tendrá que otorgarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, de ahí que en este caso sea necesario preservar viva la materia del juicio, para que el acto reclamado no se consume de modo irreparable. Precisado lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, y el cual aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que para la concesión de la medida, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, y como no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; se concede la suspensión provisional del acto reclamado. EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR En tal virtud, en acatamiento a los preceptos 162, 163 y 166, en relación con el 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, los efectos de la medida cautelar en cuanto a los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables son los siguientes: a. Con fundamento en el artículo 18, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que, una vez ejecutada la orden, el quejoso queda a disposición de este juzgado, interno en un establecimiento penitenciario, en un área distinta a la destinada a la extinción de penas y con absoluto respeto a sus derechos humanos; únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior sin perjuicio de lo que determine la autoridad judicial que la reclama, sobre la revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva si legalmente procedieren, caso en el cual, podrá disponer de la libertad del quejoso debiendo, en su caso, dar aviso de inmediato a este tribunal, acompañando las constancias que haya tomado en consideración para emitir la resolución correspondiente. b. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido; sin embargo, surtirá sus efectos desde luego pero dejará de surtirlos si el solicitante del amparo incumple con las siguientes medidas y garantías: b.1. Deberá otorgar en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, de la serie N, en la que aparezca como depositante la parte quejosa, y con la precisión que el depósito, es para que continúe surtiendo sus efectos la suspensión del acto reclamado dentro de este expediente; o en cualquiera de las formas a que alude el artículo 173 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Garantía la anterior que se fija de manera discrecional, pues en el caso es evidente que la parte quejosa no aporta datos que permitan establecer ni siquiera de manera presuntiva su situación económica, y por otra parte, tampoco puede conocerse el tipo de delito que le es imputado, pues sobre ello ninguna información se aportó. En el entendido de que la fijación de la anterior garantía, de ninguna manera obliga a este juzgador a proveer en términos similares en el momento en que se resuelva en definitiva sobre la suspensión, ya que ello se realizará con base en los elementos de prueba que en todo caso la parte quejosa deberá allegar, así como de lo que se desprenda de los informes que rindan las autoridades responsables. b.2. De igual forma se imponen como medidas de aseguramiento, que la solicitante del amparo se presente de inmediato ante el juez que acepte la existencia del acto reclamado, a efecto de que señale hora y fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a la que deberá comparecer; bajo el apercibimiento que de no hacerlo quedará sin efectos la medida suspensional. c. Si la orden de captura deriva de la resolución emitida por un juez dentro de un proceso en que el Ministerio Público que interviene en él, haya solicitado la prisión preventiva como medida cautelar porque considere que otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el inciso "a" de este proveído. Cabe aclarar que la cantidad precisada en el inciso b.1., podrá ser aumentada, disminuida o suprimida, conforme a los datos que proporcionen las autoridades responsables al rendir el informe previo que para tal efecto se les requiere. Adicionalmente, la parte quejosa deberá comparecer cuantas y tantas veces sea citado por el Juez de la Causa Penal, para colaborar en la investigación con la cual se encuentre relacionada, tanto en su etapa inicial como en la complementaria; apercibida que de incumplir con cualquiera de estas prevenciones la suspensión del acto reclamado cesará en sus efectos y la autoridad responsable, previa notificación de tal evento, podrá ejecutar el acto reclamado. Tratándose del inciso "b", prevéngase a las autoridades responsables que la medida cautelar no impide que el quejoso sea puesto en libertad si así procediere, ni la aplicación en su beneficio de criterios de oportunidad, ni soluciones alternas. Tratándose del inciso "c", la medida cautelar surtirá sus efectos sin necesidad de exigir al solicitante del amparo garantía alguna. En el entendido que, de derivar la orden de aprehensión reclamada por Juez del Sistema Tradicional, se modula los efectos de la concesión de la suspensión solicitada, ya que si el delito atribuido al quejoso es de aquéllos en que procede el beneficio de la libertad provisional bajo caución, se concede dicha medida cautelar para que el quejoso ***, no sea privado de la libertad personal, hasta que las responsables reciban la notificación que se dicte sobre la suspensión definitiva. Asimismo, si dicho ilícito se cometió durante la vigencia del Sistema Tradicional y es de aquéllos respecto de los cuales no procede el beneficio de la libertad provisional bajo caución, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que el quejoso ****, quede en cuanto a su libertad, a disposición de este juzgado en el Centro de Readaptación correspondiente, una vez que se ejecute el mandato de captura, y al juez de la causa, por cuanto a la continuación de esta, hasta que las responsables reciban la notificación que se dicte sobre la suspensión definitiva. Apoya a lo anterior, la tesis I.9o.P.133 P del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Decima época, número de registro 2013844, de rubro siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO Y DE LA DEMANDA NO SE ADVIERTE EL DELITO POR EL QUE FUE DICTADA NI BAJO QUÉ SISTEMA PENAL (TRADICIONAL O ACUSATORIO ADVERSARIAL) SE INICIÓ EL PROCESO DE LA QUE DERIVA, ES LEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO, EN BENEFICIO DEL QUEJOSO, CONCEDA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y ESTABLEZCA LOS EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR BAJO ESOS DOS SISTEMAS. Conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 17 de junio de 2016, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas, de la Ley de Amparo, se derogó el artículo décimo transitorio de la ley, que en su párrafo segundo disponía: "En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto.". Luego, en el diverso artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el medio de difusión indicado el 18 de junio de 2008, se dispuso que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Ahora bien, si el acto reclamado se hizo consistir en una orden de aprehensión, pero de la demanda de amparo no se advierten mayores datos respecto del delito por el que fue dictada, ni bajo qué sistema penal (tradicional o acusatorio adversarial) se inició el proceso de la que deriva, es legal que el juzgador de amparo, en beneficio de la quejosa, conceda y, por consiguiente, establezca los efectos de la medida cautelar bajo esos dos sistemas. Esto es, refiriéndose a delitos graves o no graves, lo cual depende de si el procedimiento se inició bajo la vigencia del sistema inquisitivo; o bien, de aquellos que prevén prisión preventiva oficiosa conforme al numeral 19 de la Constitución Federal, si la orden de aprehensión fue emitida bajo el sistema de justicia penal acusatorio". Con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades ejecutoras que para el cumplimiento y ejecución del auto de suspensión, se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de la Ley y, en caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento. Asimismo, infórmese a las autoridades responsables ejecutoras que el dispositivo 262, fracción III, de la ley en aplicación señala que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Este mandamiento no impide: A) La detención del quejoso ordenada por el agente del ministerio público en uso de la facultad que le confiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional, por tratarse de un caso urgente, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia. B) La privación de su libertad personal si se trata del cumplimiento de una orden judicial diversa a la reclamada en este juicio. C) Su detención con motivo de la comisión de un delito flagrante, en los términos precisados en el párrafo quinto, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y D) La restricción de su libertad si se le sorprende infringiendo los reglamentos de policía y buen gobierno. Se requiere a las autoridades responsables para que informen a este juzgado la naturaleza, modalidades y características de los hechos que motivaron la orden de búsqueda, localización, presentación, su situación económica y demás circunstancias personales, y demás información que posean, a fin de resolver sobre la suspensión definitiva que se dicte en el incidente. En la inteligencia que si la privación de la libertad deriva de mandamiento de captura, ya analizado vía amparo, por un Juez de Distrito que la consideró en sentencia firme constitucional, tampoco opera la presente medida cautelar. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Cabe precisar que la medida cautelar concedida, no surtirá efecto alguno en los siguientes casos: a) Si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa en cumplimiento de una orden de privación de libertad librada en su contra por autoridad judicial distinta a las señaladas como responsables; b) Si se le sorprende en la comisión flagrante de delito; c) Si la autoridad responsable actúa en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo, pues la sociedad está interesada en que las emitidas para restablecer el orden constitucional violado se cumplan; y, d) No surtirá efectos respecto de actos posteriores a su solicitud o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables o si ya fue ejecutado. Ahora, si el acto reclamado -citatorio- es emitido por una autoridad judicial, se concede la suspensión provisional para el efecto de que la quejosa no sea privado de su libertad, con motivo del citatorio emitido en su contra, sin que ello implique que no tengan que comparecer ante la responsable, pues el efecto de la medida es únicamente para que no sea privado de su libertad, para ser conducido ante ella, sin perjuicio de las medidas que se tomen en la audiencia inicial. Lo anterior encuentra apoyo en la contradicción de tesis número 86/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación, aprobada en sesión de veintisiete de octubre de dos mil diez, que establece: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: I) la solicita el agraviado; II) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y III) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador". EXPEDICIÓN DE COPIAS Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, expídase copia certificada de esta determinación, autorizando para que en su nombre y representación la reciba la persona que indica, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este Juzgado en día hábil preferentemente dentro del horario de diez a trece horas; no así de la suspensión definitiva puesto que deberá solicitarlo en el momento procesal oportuno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su escrito de cuenta por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Con la demanda promovida por *****, contra los actos que reclama al Fiscal del Ministerio Público Especializado en Delitos de Alto Impacto y el Director General de la Policía Especializada, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad; Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1751/2019-VI. ADMISION Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ***. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión del acto reclamado, por así haberse solicitado expresamente. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de enero del dos mil veinte. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibidas que en caso de omisión, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,534.07 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 07/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la ley de la materia. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su escrito de cuenta por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Publico de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables.

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