José Mauricio Núñez Martínez
Expediente 114/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 01/07/2022
Partes del expediente
- José Mauricio Núñez Martínez
- Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
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Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran el recurso de inconformidad previsto en el numeral 201, fracción I, de la legislación invocada, en contra del proveído de dos de junio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la ejecutoria pronunciada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado se declara que ha causado estado la determinación de mérito para todos los efectos legales correspondientes, por lo que de conformidad con lo previsto en el ordinal 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es depurable y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto o sexto del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el penúltimo párrafo del numeral 18 del citado acuerdo, procédase a su depuración en términos del penúltimo párrafo del citado dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del dos de julio de dos mil veinticinco.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintidós Notifíquese personalmente
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria de tres de marzo de dos mil veintidós, pronunciada por ese Tribunal, dentro del amparo en revisión 534/2021, de su índice y devuelve los autos originales del presente juicio de amparo; pronunciamiento del que se advierte que se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa José Mauricio Núñez Martínez, contra los actos reclamados a las autoridades Gobernador, Secretario General de Gobierno y Congreso del Estado de Baja California, en esta ciudad, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y sexto del fallo que se revisa." Comuníquese lo anterior a las partes, acúsese el recibo de estilo al superior, glósese a los presentes autos las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, atento a las consideraciones de la ejecutoria de mérito, queda firme la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables Gobernador, Congreso y Titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, todos del Estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad, por lo que debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recae, por lo pronto, en la autoridad que recaudó los impuestos, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se advierte que la autoridad obligada al cumplimiento es la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, quien deberá acatar los siguientes efectos: ? No se aplique a José Mauricio Núñez Martínez, de forma presente y futura el impuesto por afectación al medio ambiente en el Estado de Baja California por las operaciones de venta de gasolina y derivados del petróleo, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136 y transitorios de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y artículo 8 bis y único transitorio de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, declaradas inconstitucionales, específicamente durante su vigencia, para lo cual, girarán las instrucciones necesarias a la autoridad correspondiente de recaudar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) a efecto de informarle que la peticionaria está exenta de su pago. ? En el supuesto de que la parte quejosa haya enterado o pagado el aludido impuesto, le sea devuelta la cantidad que haya sufragado por ese concepto, así como los restantes pagos que hubiese efectuado con posterioridad por la mencionada contribución, siempre y cuando los hubiere hecho, por lo que deberán instruir a la autoridad facultada para recolectar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) que la peticionaria tiene derecho a esa devolución. Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, para que dentro del término de tres días, informe a este órgano de control constitucional, el cumplimiento que se sirva dar a la ejecutoria de amparo de que se trata, apercibida que de no hacerlo así, precisamente en el término concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, según lo dispuesto en el artículo 258, de la invocada normatividad; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad antes señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de una diversa autoridad ligada por cualquier motivo a la autoridad responsable, ésta deberá, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 8/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que a la letra reza: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo."
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