José Mauricio García Y García y Otros.

Expediente 14/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
14/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • José Mauricio García Y García y Otros.
  • José Mauricio García Y García

Actuaciones

  1. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído de veinticinco de enero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda, dentro del término concedido en el artículo 98, primer párrafo, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que aquél, HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto, el estado de autos; y, como se advierte del cómputo de cuenta, se advierte que ha precluido el término de tres días concedido a los quejosos en proveído de diez de enero del año en curso, a efecto de ratificar su escrito presentado el diez del mes y año actual (fojas 19 y 20), sin que a la fecha lo hubiese hecho; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se tiene por no presentado el escrito en comento. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se observa que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de ocho de enero del año en curso (fojas 12 a 17). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, dígase a los promoventes que antes de proveer lo que en derecho proceda, deberán comparecer a este Juzgado en día y hora hábil, en el término de tres días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, debidamente identificados con documento oficial vigente que contenga su fotografía, a efecto de que en diligencia formal, con el apercibimiento de ley, manifiesten lo que a su interés legal convenga sobre el reconocimiento y aclaración de la firma que contiene el escrito en comento. Lo anterior, toda vez que se advierte que entre la firma que lo calza y la que está plasmada en el escrito inicial de la demanda de amparo (foja 11 reverso), con el ocurso recibido en esta fecha en oficialía de partes de este juzgado (fojas 19-20), existen notorias diferencias, lo que hace dubitativa su autenticidad. Apercibidos que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, se tendrá por no presentado el escrito en comento.

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula, Chiapas y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 14/2019-3-B. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Ahora, tomando en consideración que se aprecia que los amparistas no narran la totalidad de los antecedentes del acto o actos reclamados; es decir, omiten hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto o actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; esto, porque así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, pues es necesario que los impetrantes amplíen los antecedentes del acto reclamado, esto es, manifiesten bajo protesta de decir verdad, porqué concretamente señala como autoridades ordenadoras al Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, Chiapas; Delegado Local del Instituto Nacional de Migración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad; Regulación Migratoria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con sede en esa ciudad; Delegado Local del Instituto Nacional de Migración en Comitán, Chiapas, con domicilio en esa ciudad; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, Tabasco; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, con domicilio en Puebla, Puebla; Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, con residencia en Acayucan, Veracruz; Delegado del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, con residencia en la Ciudad de México; Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con residencia en Nuevo León, Monterrey; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala, con domicilio en Apetatitlán, Tlaxcala; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, Querétaro; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel Allende, Guanajuato; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con domicilio en San Luis Potosí, San Luis Potosí; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Jesús María, Aguascalientes; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Zacatecas; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango, con domicilio en Durango, Durango; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, señala como autoridades ejecutoras: al Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, Tabasco; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Puebla, con sede en Huejotzingo, Puebla; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de México, con domicilio en Tlanepantla de Baz, Estado de México; Coordinador Estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México, con residencia en Chinanpac, Ciudad de México; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Nuevo León; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, Guanajuato; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Zacatecas con domicilio en Zacatecas, Zacatecas; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Durango, con residencia en Durango, Durango; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apetatitlán, Tlaxcala; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Querétaro, con domicilio en Santiago de Querétaro, Querétaro; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes y Titular y/o Encargado de la Estación de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en el Estado de Nuevo León, con residencia en esa ciudad, y no únicamente a las autoridades del lugar donde se encuentran, siendo inverosímil que todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten el acto que se reclama consistente en la orden de detención y/o aprehensión; lo anterior, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Además, por un lado mencionaron en su capítulo de hechos y abstenciones del escrito de demanda, que son personas extranjeras con una situación migratoria irregular, por lo que temen que se realicen actos violatorios de todo proceso en la ley migratoria y que sean de inminente peligro de deportación o expulsión de México; por otra parte, señalaron como acto reclamado la orden de detención y/o aprehensión no cumplimentada, librada por las autoridades responsables. Por lo que, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos que reclama y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones III, IV y V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:  Por qué concretamente señalan como autoridades ordenadoras: al Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, Chiapas; Delegado Local del Instituto Nacional de Migración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad; Regulación Migratoria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con sede en esa ciudad; Delegado Local del Instituto Nacional de Migración en Comitán, Chiapas, con domicilio en esa ciudad; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, Tabasco; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, con domicilio en Puebla, Puebla; Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, con residencia en Acayucan, Veracruz; Delegado del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, con residencia en la Ciudad de México; Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con residencia en Nuevo León, Monterrey; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala, con domicilio en Apetatitlán, Tlaxcala; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, Querétaro; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel Allende, Guanajuato; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con domicilio en San Luis Potosí, San Luis Potosí; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Jesús María, Aguascalientes; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Zacatecas; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango, con domicilio en Durango, Durango; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila; Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, señala como autoridades ejecutoras: al Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, Tabasco; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Puebla, con sede en Huejotzingo, Puebla; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de México, con domicilio en Tlanepantla de Baz, Estado de México; Coordinador Estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México, con residencia en Chinanpac, Ciudad de México; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Nuevo León; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, Guanajuato; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Zacatecas con domicilio en Zacatecas, Zacatecas; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Durango, con residencia en Durango, Durango; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apetatitlán, Tlaxcala; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Querétaro, con domicilio en Santiago de Querétaro, Querétaro; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes y Titular y/o Encargado de la Estación de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en el Estado de Nuevo León, con residencia en esa ciudad, y no únicamente a las autoridades del lugar donde se encuentran, siendo inverosímil que todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten el acto que reclaman consistente en la orden de detención y/o aprehensión; lo anterior, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo.  Si únicamente señalan como acto reclamado la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución, y los diversos actos que refieren son sólo una consecuencia del referido en primer término.  De ser así, precisen a qué autoridad o autoridades responsables atribuyen la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución.  O bien, precisen si reclaman de forma destacada la orden de deportación o expulsión del país, de ser así, precisen a qué autoridad se lo atribuyen.  Aclaren a qué se refieren con que se encuentran en una situación irregular en el país, esto es, si en su momento ingresaron al país, bajo alguno de los supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley de Migración, o si la introducción se llevó a cabo de manera ilegal.  Precisen si con anterioridad a la presentación de la demanda, ya habían sido puestos a disposición de alguna autoridad migratoria con el propósito de llevar a cabo diligencias de verificación o revisión migratoria, esto es, si existe pronunciamiento en el que se hubiera resuelto respecto de su situación migratoria.  Manifiesten si con anterioridad se llevó a cabo un procedimiento de expulsión en su contra.  Señalen la fecha exacta en que conocieron los antecedentes que lleguen a relatar.  Si han promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberán precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa.  Asimismo, deberán dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Hágase del conocimiento de la quejosa que en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, puede imponerse una pena de hasta seis años de prisión a la quejosa, así como a su abogado, si llegan a afirmar hechos falsos u omitan los que les consten. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que deberá exhibir cuarenta y un copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que treinta y ocho son para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para tramitar el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Ahora, no pasa desapercibido para este Juzgado que la parte quejosa en su demanda haya manifestado "que sean de inminente peligro de deportación o expulsión de México, por parte de alguna autoridad del Instituto Nacional de Migración, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas."; sin embargo, no ha lugar a conceder la suspensión de plano respecto a dicho acto, puesto que no se actualiza ninguno de los supuestos a que alude el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el acto que refiere el solicitante del amparo y precisado en este párrafo es acto futuro de realización incierta. Tiene aplicación a esta consideración en lo conducente y por analogía, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 569, Tomo II Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA, NO INMINENTES." REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a ***. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.

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