José Mauricio Castillo Vázquez
Expediente 2147/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2147/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/01/2023
Partes del expediente
- José Mauricio Castillo Vázquez
- María Cristina Munive Guerrero
Actuaciones
- Principal
4.- Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. ..
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta presentado por ********************, perito oficial designada por este Juzgado, mediante el cual rinde el dictamen pericial en materia de contabilidad. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Artículos 147, 148 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Requerimiento. Requiérase a la perito oficial ********************, por conducto del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, se presente en este Juzgado la citada perito con identificación oficial vigente y copia de la misma a efecto de que ratifique su dictamen pericial. Notificación a la perito oficial. En tales circunstancias, gírese oficio al Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que notifique a la perito ******************** el presente acuerdo. Apercibimiento. Se apercibe a la referida perito oficial que de ser omisa a lo requerido se hará acreedora a una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, por desacato a un mandato judicial. Idéntico apercibimiento se realiza al referido Titular del Instituto de Ciencias Forenses, para el caso de omitir notificar de manera inmediata el presente acuerdo a la perito en mención. Notifíquese.
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) O C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2022: San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Oficio La autoridad responsable Junta Especial número treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de Puebla. a) Rinde su informe justificado; y, b) Adjunta una copia certificada de diversa constancia con la que justifica su informe. Se tiene(n) por rendido(s) el(los) informe(s) justificado(s). Prueba(s). Se admite(n) la(s) prueba(s) ofrecida(s). Litis constitucional. Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. De las normas señaladas se advierte que el juicio de amparo indirecto, contra actos en el juicio, sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen ni genera su paralización total, circunstancias que si actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral número 892/2020. Es así, que para el momento en que se presentó la demanda (esto es, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós), la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente la Junta debió pronunciarse respecto del laudo correspondiente. Ello, atento a que el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que el tres de agosto de dos mil veintidós se llevó a cabo el desahogo de la última prueba; el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (veintiocho de noviembre de dos mil veintidós), no revela la existencia de una abierta dilación en la resolución del juicio y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal respectivo. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de acuerdos, de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria de su parte, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto no se trate de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. --- De dichos numerales se desprenden los plazos y términos para que los tribunales laborales dicten laudo, siendo que a partir de que se cierre la instrucción: 1. Diez días para formular el proyecto. 2. Cinco días que se otorgan a los miembros de la Junta para ordenar el desahogo de diligencias. 3. Ocho días para su desahogo. 4. Diez días más, para citar a la discusión, votación y aprobación del proyecto, que será elevado a la categoría de laudo; esto último, deberá hacerse en una sola sesión. El cómputo de todo lo anterior, da un total de 33 días hábiles. Empero; no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos encargados de gobierno, así como los órganos facultados impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador, así como la suspensión de labores y plazos que han tenido dichos órganos. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador considera que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de las autoridades responsables. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto es, después de concluidos los treinta y tres días hábiles, que tenía para dictar el laudo. Ahora bien, en el caso concreto y, según lo manifestado por la parte quejosa, el tres de agosto de dos mil veintidós son existían pruebas que desahogas; sin embargo, de la constancia remitida por la responsable se advierte que el veinticinco de octubre del año en curso, declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos al Auxiliar dictaminador a efecto de que emitiera el proyecto de laudo; razón por la cual los 33 días hábiles establecidos para el dictado del laudo se cumplieron el nueve de diciembre de dos mil veintidós. Por lo que resulta inconcuso que a la fecha en que se presentó la demanda -veintiocho de noviembre de dos mil veintidós- no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos - nueve de diciembre de dos mil veintidós-. Lo anterior es así, habida cuenta que el término de cuarenta y cinco días inició el doce de diciembre de dos mil veintidós, y a la fecha en que se presentó la demanda de amparo - veintiocho de noviembre de dos mil veintidós- han transcurrido aun no transcurrían. En efecto, los días naturales se empiezan a contar a partir del doce de diciembre de dos mil veintidós, que corresponde al día siguiente al en que concluyeron los treinta y tres días con los que contaba la Junta responsable para dictar el laudo respectivo, a partir del cierre de instrucción. Lo cual se puede contabilizar en el calendario siguiente: --- De lo anterior se visualiza que del veintiséis de octubre al veintiocho de noviembre del año en curso, no es posible tomarse aún como retardo en la impartición de justicia, como lo hace valer el ocursante (omisión de la que se duele). En consecuencia, al no haber trascurrido los cuarenta y cinco días (naturales) de la omisión de la que se duele la parte quejosa, es innegable que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa al quejoso. En ese sentido, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley que rige la materia. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las trece horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Tercero interesado. Finalmente, no es óbice a lo anterior que no se haya reconocido y emplazado a la parte tercera interesada, toda vez que el presente auto no le perjudica.2
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO POR TAL MOTIVO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 25DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL TENOR SIGUIENTE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes para desahogar la vista que se les mandó dar mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, respecto de las constancias exhibidas por la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, y al ser éste una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. Sentencia. Con fecha siete de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la cual se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante auto de veintiséis de julio del año en curso, se tuvo al tercero interesado interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual fue admitido en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, radicándolo con el número ********************, de su índice. En este orden de ideas, mediante testimonio recibido en este Juzgado Federal el tres de octubre del año en curso, se tuvo al Tribunal de alzada, resolviendo el recurso de revisión cuyos puntos resolutivos son los siguientes En consecuencia, mediante el proveído de mérito se le requirió a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, cuyos efectos son: Cumplimiento de la autoridad. En cumplimiento a lo anterior, el juez responsable, manifestó mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito en fecha trece de octubre del año en curso, haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y adjuntó al mismo copia certificada de diversas constancias dictadas en el expediente ********************, de su índice, de las que se advierte que la responsable realizó lo siguiente: El diez de octubre del año en curso, dejo insubsistente el auto de fecha veintitrés de febrero del año en curso y en esa misma data emitió una diversa resolución referente a las convivencias con la menor. Vista Con lo anterior se mandó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, término que transcurrió conforme a la certificación secretarial de cuenta. Desahogo Las partes no desahogaron la vista. Valoración Este juzgado federal encuentra que la autoridad responsable satisfizo los efectos del fallo protector, en virtud de que el diez de octubre del año en curso, dejo insubsistente el auto de fecha veintitrés de febrero del año en curso y en esa misma data emitió una diversa resolución referente a las convivencias con la menor. Declaración de cumplimiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la autoridad responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, restituyendo así al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Inconformidad. Ahora bien, por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y electrónicamente al tercero interesado.
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