José Matilde Hernández Méndez
Expediente 109/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Matilde Hernández Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo, téngase recibido el escrito signado por el quejoso, y atento a su contenido, dígase al promovente que se esté a lo acordado en proveído de quince de abril del año en curso, en el que se dejó a su disposición el documento que refiere. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 109/2019-I-A, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Finalmente, toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que recoja tal documento dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...el auto de quince de abril del año en curso que dice:"Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 109/2019-I-A, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Finalmente, toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que recoja tal documento dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso."
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Téngase recibido el escrito de cuenta signado por ************* mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y al efecto precisa el acto reclamado y autoridades responsables. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida ************* contra actos del Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Valles, San Luis Potosí como Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; la cual quedó registrada en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 109/2019-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda y del escrito aclaratorio, de los que se advierte que como autoridades responsables señaló al Presidente Municipal Constitucional como Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Inspector o Notificador habilitado de su adscripción, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Subdirector Operativo de la Policía Ministerial, todos con residencia en esta ciudad; asimismo, señaló como actos reclamados la determinación como crédito o adeudo a su cargo por la cantidad de $33,056.50 (treinta y tres mil cincuenta y seis pesos 50/100 moneda nacional) por la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, contenido en el recibo de cobro identificado bajo el folio *************, respecto de la cuenta *************, respecto del inmueble *************en esta ciudad; así como, la orden de corte, suspensión o restricción del suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, decretada por la referida autoridad. Bien, quien esto resuelve, advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: ************* Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, el quejoso señaló como actos reclamados la determinación como crédito o adeudo a su cargo por la cantidad de $33,056.50 (treinta y tres mil cincuenta y seis pesos 50/100 moneda nacional), contenida en el recibo de cobro identificado bajo el folio 0193748; así como, la orden de corte, suspensión o restricción del suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, atribuida a la autoridad en cita. Expuesto lo anterior, conviene citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, página 18, de rubro y texto siguientes: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. ************* De la jurisprudencia invocada, de carácter obligatorio para este Juzgado Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que tratándose de la prestación del servicio de agua potable de conformidad con contratos de adhesión, el prestador del servicio no actúa como autoridad, sino en un plano de particular y las consecuencias de ese contrato de adhesión serían dependiendo de su cumplimiento o incumplimiento, de conformidad con los efectos que se hubieran establecido en el propio acuerdo de voluntades. Por otra parte, en los artículos 136, 137 y 183 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, se dispone: ************* De los numerales transcritos se obtiene que los propietarios o poseedores por cualquier título de predios edificados están obligados a contratar los servicios de agua potable, alcantarillado y el de tratamiento de aguas residuales; que los modelos de contratos de prestación de los servicios públicos que celebren los prestadores de los servicios con los usuarios y los requisitos que establezcan los prestadores del servicio, deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y, que toda persona usuaria está obligada al pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En esa medida, si derivado de la obligación de pago de los servicios de agua, drenaje y saneamiento que el quejoso tiene contratado con el organismo operador intermunicipal, este último emitió un estado de cuenta, en el que se consignan cuarenta y nueve meses de atraso, con un importe de $33,056.50 (treinta y tres mil cincuenta y seis pesos 50/100 moneda nacional), respecto de la cuenta 45655 a nombre del impetrante, así como una orden de suspensión de servicios, es claro que tales actos no son impugnables a través del juicio constitucional, en términos del criterio jurisprudencial emitido por el Alto Tribunal, pues no pueden considerarse como actos de autoridad, dado que tales actos derivan del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se actualiza el incumplimiento del contrato. En efecto, al llevar a cabo la determinación de adeudo por la prestación del servicio de agua, drenaje y saneamiento al presentar el usuario cuarenta y nueve meses de atraso, así como la orden verbal de corte, suspensión o restricción de esos servicios, la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad y demás autoridades señaladas como responsables, no actuaron como autoridades, sino en un plano de igualdad con el gobernado, a virtud del contrato de adhesión que se tiene celebrado con dicho organismo, el cual a su vez se encuentra sujeto a la aprobación de la Junta de Gobierno de este último. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos del aludido ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de febrero de dos mil diecinueve, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. ************* Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes
- José Martín Torres Cárdenas422/2017
- José Martínez Galaviz369/2021
- José Martínez Galaviz159/2022
- José Martínez Rucoba409/2018
- José Martínez Salazar277/2017
- José Matías Pozos Torres400/2020
- José Matilde Mata Hernández90/2019
- José Max Virgen Villalobos302/2023
- José Max Virgen Villalobos92/2023
- José Max Virgen Villalobos y Otros.103/2023
- José Méndez Díaz62/2015
- José Merced Otero Tello y Otros.96/2023