Jose Mateo Cuahuey Alonso

Expediente 590/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
590/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Jose Mateo Cuahuey Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 590/2021-IX. Puebla, Puebla, siete de julio de dos mil veintiuno Acuse de recibo. Se agrega al expediente el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, remite acuse de recibo de las constancias relativas al original del toca de apelación 50/2019, en un tomo, y un disco versátil digital. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado en el citado auto. Estado procesal de autos. Por otro lado, del estado de autos, se advierte que, mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se ordenó devolver al Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, el original del proceso * y se le requirió para que en el plazo de tres días remitiera el acuse de recibo correspondiente. Sin embargo a la fecha se carece del mismo, pese a que fue notificado del citado requerimiento el treinta de junio del actual. En ese sentido, se requiere de nueva cuenta al referido juez municipal para que en el plazo de veinticuatro horas, remita el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que en caso de omisión se le hará efectivo el apercibimiento de multa formulado en el referido auto de veintinueve de junio del actual. Notifíquese; por oficio al Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 590/2021. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de once de junio de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Se ordena devolver al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla las siguientes constancias: ? Original del toca de apelación en un tomo, y un disco versátil digital. Al Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, lo siguiente: ? Original del proceso , en un tomo. Por tanto, se requiere a las citadas autoridades para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos el presente auto, acusen de recibo dado que se remiten los originales del referido toca de apelación y proceso. Se apercibe a las autoridades de mérito que de omitir dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una multa, a cada una, de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese, por oficio a las autoridades correspondientes y, cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 590/2021-IX. Puebla, Puebla, once de junio de dos mil veintiuno. Se acepta competencia. Se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. A través de él, remite el juicio de amparo D- 53/2021, promovido por * *; el informe justificado rendido por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; así como el toca de apelación ; causa penal * y un disco compacto. Lo anterior, por la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo, por las razones ahí expuestas que determinan que el conocimiento debe ser de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno en el Estado de Puebla. Competencia que por razón de turno le fue asignada a este órgano federal. se acepta la competencia planteada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que, ante todo, debe examinarse el escrito de demanda y si se encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, de la lectura integral de la demanda de protección de derechos, se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado: "La sentencia de segunda instancia dictada el once de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, ...Por otro lado, del capítulo justificado remitido por la autoridad responsable, se advierte que a los quejosos se les instruye la causa penal *, Seguida la secuela procesal, el veintidós de marzo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia condenatoria. Luego, en ejecutoria de tres de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación , por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se ordenó reponer el procedimiento para que previo al cierre de la instrucción se convocara a una junta de peritos ......., el juez de la causa, mediante auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, determinó que no ha lugar a proveer de conformidad sus peticiones, pues la diligencia en comento fue ordenada en cumplimiento a lo solicitado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Después, contra el acuerdo de trece de mayo de dos mil diecinueve, los quejosos hicieron valer el recurso de apelación y derivado de ello, el once de marzo del actual, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apelación *, resolvió que no se encontraba bien admitida la apelación. Esa resolución constituye el acto aquí reclamado. De lo antes expuesto, se advierte claramente que respecto del acto que se reclama en la demanda de protección de derechos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, ... Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en la apelación 50/2019, por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la cual se declaró mal admito el recurso de apelación. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que, en todo caso, sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de los quejosos. En ese orden, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que los quejosos obtengan una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho sustantivo alguno, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, la sentencia de once de marzo de dos mil veintiuno, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para los quejosos, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se pretende, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala el quejoso en zona conurbada. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dichas vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Nicolás Hernández Martínez, porque así lo solicita el quejoso y la cédula profesional de ésta se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. También se hace saber que desde este momento se les autoriza la toma de fotografías a él y a las personas autorizadas en la demanda, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Notifíquese; en forma personal a los quejosos y cúmplase.

  4. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A PROMOVENTES. JUICIO DE AMPARO 590/2021-IX. Puebla, Puebla, once de junio de dos mil veintiuno. Se acepta competencia. Se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. A través de él, remite el juicio de amparo D- 53/2021, promovido por * *; el informe justificado rendido por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; así como el toca de apelación ; causa penal * y un disco compacto. Lo anterior, por la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo, por las razones ahí expuestas que determinan que el conocimiento debe ser de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno en el Estado de Puebla. Competencia que por razón de turno le fue asignada a este órgano federal. se acepta la competencia planteada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que, ante todo, debe examinarse el escrito de demanda y si se encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, de la lectura integral de la demanda de protección de derechos, se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado: "La sentencia de segunda instancia dictada el once de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, ...Por otro lado, del capítulo justificado remitido por la autoridad responsable, se advierte que a los quejosos se les instruye la causa penal *, Seguida la secuela procesal, el veintidós de marzo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia condenatoria. Luego, en ejecutoria de tres de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación , por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se ordenó reponer el procedimiento para que previo al cierre de la instrucción se convocara a una junta de peritos ......., el juez de la causa, mediante auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, determinó que no ha lugar a proveer de conformidad sus peticiones, pues la diligencia en comento fue ordenada en cumplimiento a lo solicitado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Después, contra el acuerdo de trece de mayo de dos mil diecinueve, los quejosos hicieron valer el recurso de apelación y derivado de ello, el once de marzo del actual, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apelación *, resolvió que no se encontraba bien admitida la apelación. Esa resolución constituye el acto aquí reclamado. De lo antes expuesto, se advierte claramente que respecto del acto que se reclama en la demanda de protección de derechos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, ... Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en la apelación 50/2019, por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la cual se declaró mal admito el recurso de apelación. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que, en todo caso, sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de los quejosos. En ese orden, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que los quejosos obtengan una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho sustantivo alguno, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, la sentencia de once de marzo de dos mil veintiuno, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para los quejosos, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se pretende, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala el quejoso en zona conurbada. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dichas vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Nicolás Hernández Martínez, porque así lo solicita el quejoso y la cédula profesional de ésta se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. También se hace saber que desde este momento se les autoriza la toma de fotografías a él y a las personas autorizadas en la demanda, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Notifíquese; en forma personal a los quejosos y cúmplase.

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