José Martínez Rivera

Expediente 1097/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1097/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • José Martínez Rivera y Otros.
  • Nicolás Estevan Aguirre Bravo
  • José Martínez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por medio del cual informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "(.) - Dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral J.3/877/2019, de su índice, y lo notifique a las partes en el domicilio procesal designado.. (.)" Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En la inteligencia que para dar celeridad a la integración de este asunto, la información puede ser enviada al correo 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando en el número telefónico 5553870500, extensión 1231. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. En la inteligencia que no basta con que haga manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que debe acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberá remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento de la autoridad que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentra compelida a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 1097/2023-III; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez (fojas 2 a 8), y remitido el veintinueve siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional (foja 2), José Martínez Rivera y Nicolás Estevan Aguirre Bravo, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por el acto que se indicará más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de treinta de agosto de la presente anualidad (fojas 13 a 17), este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, a la que le correspondió el número de expediente 1097/2023-III, dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal adscrita, requirió a la autoridad responsable su informe justificado y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35, párrafo primero y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado emana de un procedimiento en materia laboral tramitado ante una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Definición del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reprochado que se advierte del análisis del expediente íntegramente considerado, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que los peticionarios de amparo reclaman: - La omisión de dictar y notificar el laudo correspondiente en el juicio laboral *** dentro de los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco al rendir su informe justificado (foja 23) aceptó la existencia del acto que se le atribuye, razón por la cual se tiene probada su existencia. La certeza de que se habla se corrobora además con la constancia que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, consistente en copia certificada del auto emitido el diecinueve de octubre de la anualidad pasada en el juicio laboral J.3/877/2019 (foja 24); documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de una actuación que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad de la omisión combatida, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Medularmente, los solicitantes del amparo manifiestan que el tribunal obrero ha transgredido en su perjuicio el principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, al no haber emitido el laudo en el juicio de origen y en consecuencia notificarlo dentro del plazo que fija la ley. Es fundado el motivo de disenso hecho valer, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 17 de la Constitución General de la República señala: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" Conforme al texto constitucional trascrito, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo establece que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, apercibiéndoles que de no hacer manifestación alguna y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas y por tanto el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. A su vez, el numeral 886 del ordenamiento legal invocado refiere que una vez realizado el proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta y dentro de los cinco días hábiles siguientes harán las observaciones que consideren pertinentes. Mientras que el artículo 887 establece que una vez transcurrido el término a que se refiere el diverso precepto 886, el presidente citará a los miembros de la Junta para su discusión y votación en sesión que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. Finalmente, en el diverso precepto 889 de la ley obrera se estipula que si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta; asimismo, que si éste tuviese modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, por lo que una vez engrosado, ese funcionario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta y turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique a las partes. Ahora, de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que una vez agotado el procedimiento laboral en todas y cada una de sus etapas procesales, por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós (foja 24) la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al auxiliar dictaminador para que emitiera el proyecto de resolución, sin que a la fecha obre el laudo correspondiente. De ahí que haya transcurrido en exceso el plazo a que se refieren los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, se estima que el tribunal responsable vulneró en perjuicio de los quejosos el derecho a una administración de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues las autoridades deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, independientemente de las cargas de trabajo o la falta de personal, ya que si bien debe tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de concretar el juicio. Sustenta lo anterior la jurisprudencia IV.3o.T. J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de contenido: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, una vez que quede firme esta sentencia, realice lo siguiente: - Dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral J.3/877/2019, de su índice, y lo notifique a las partes en el domicilio procesal designado. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Martínez Rivera y Nicolás Estevan Aguirre Bravo, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con residencia en Tlalnepantla de Baz y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable la documental que adjunta; sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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