José Martínez Grajales
Expediente 1071/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Martínez Grajales
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del acuerdo de treinta de noviembre de la presente anualidad, en el cual se desechó la demanda que dio origen a los presentes autos; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/1124/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la Jueza Daniela María León Linarte a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; en ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, estos últimos de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, de la citada certificación de cuenta se advierte que, a las once horas con cincuenta minutos del cuatro de noviembre del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto número 169/2021, en el cual está pendiente de dictarse el fallo correspondiente; en consecuencia, con copia simple de dicha audiencia, fórmese cuadernillo. En otro orden de ideas, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución emitida el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el incidente de modificación de guarda y custodia, así como de diversas constancias, todo ello relativo al juicio ordinario civil 1072/2018/IV, de su índice; mismas que se ordena tomar en consideración al momento de dictarse la sentencia correspondiente en el juicio de amparo en el que se actúa. Por otro parte, atendiendo al contenido de las constancias que envía el juez responsable, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de que sea notificado del presente acuerdo, remita copia certificada de la resolución emitida en el toca 746/2021 del índice de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, del auto recurrido que dio origen al citado toca y, del auto por el cual tuvo por recibida la resolución del referido toca; así como los autos relativos al cumplimiento que se esté dando o se dio a la citada resolución de segunda instancia; o en su caso, informe la imposibilidad legal que tenga para ello. Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior el hecho de que ya se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, ya que la suscrita tiene la convicción de que las constancias requeridas pueden tener relación directa o inmediata con una causa de improcedencia. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia".
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA PO RLISTA LO SIGUIENTE: Vista la demanda de amparo...se desecha por notoriamente improcedente...en su oportunidad...archivese
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