José Martínez Esquivel
Expediente 477/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Martínez Esquivel
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para recurrir el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO instaurada. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido y remítase en la remesa de treinta de junio de dos mil veintidós. El presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurran tres años contados a partir de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del citado acuerdo . Notifíquese. MESA II **
- Principal
Se recibe el oficio signado por el Secretario Auxiliar adscrito a la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual remite a este juzgado la demanda original de amparo, signada por **** y *********, por propio derecho, con cinco juegos de copias simples de la misma, por lo que se provee: Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***** y ********, por propio derecho, quedando como representante común al primero de ellos, contra actos de la Décima Sala y el Juez Cuadragésimo, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 477/2022-II. Desechamiento. El juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro y texto siguientes: La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. Del análisis integral efectuado a la demanda, el ocurso aclaratorio y de las constancias emitidas por las autoridades, se advierte que el promovente reclama en esencia lo siguiente: La sentencia interlocutoria dictada el seis de abril de dos mil veintidós en el toca de apelación 133/2022 dictada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivado de la excepción procesal de incompetencia por declinatoria interpuesta por los exponentes al dar contestación a la demanda dentro de las actuaciones del expediente 426/2021 radicado en el Juzgado Cuadragésimo de lo Civil de esta Ciudad de México. Por otro lado, se hace saber que del escrito que adjuntó a la demanda, señalan los quejosos que la sentencia interlocutoria, les fue notificada el dieciocho de abril del año en curso; sin embargo, de la publicación del Boletín Judicial, se advierte que el acto impugnado le fue notificado el ocho de abril pasado. En tal contexto, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los preceptos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que en su orden establecen. Se concluye que un acto es consentido de manera tácita cuando, entre otros supuestos, no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días a que se refiere la ley de la materia. Ello, ya que el cómputo del lapso establecido en el precepto 18 de la legislación reglamentaria, se realizará a partir del día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, conforme a la ley del acto reclamado. b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c) Al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Como puede verse, dicho numeral prevé las diversas reglas para computar el plazo de quince días en los cuales ha de presentarse la demanda para tenerla oportunamente recibida, según la fecha en que el promovente haya tenido conocimiento de la existencia de los actos reclamados. En el caso, el promovente se ubica en el supuesto del apartado a), puesto que desde el ocho de abril de dos mil veintidós, se le notificó por medio de boletín judicial, por ser parte; pues como se advierte de su escrito de cuenta, el acto que reclama es la resolución de seis del mes y año mencionados. Por ende, al ser parte, el plazo para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado o de su ejecución. Luego, si la resolución reclamada le fue notificada el ocho de la indicada temporalidad, surtiendo sus efectos el dieciocho siguiente; por tanto, el plazo para presentar la demanda transcurrió del diecinueve del mes anterior inmediato al once de los actuales, descontando los días del once al quince de abril por periodo vacacional de semana santa y; del cinco al seis de mayo de esta mensualidad, por haber sido inhábiles acorde a lo previsto en el artículo 19 de la ley de la materia. Por otra parte, el hecho de que la demanda haya sido presentada el nueve pasado, ante la Decima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien posteriormente la envió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el dieciséis de mayo del año en curso, y turnada al día siguiente a este juzgado federal, en virtud que del escrito de demanda se aprecia claramente que el promovente la dirigió al 'C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN TURNO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO', además de cumplir con sus requisitos, elementos que se consideran suficientes para acreditar que conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo, toda vez que los derechos procesales no sólo deben ejercerse en tiempo, sino también en forma. Así, al haberse demostrado que el amparo indirecto que se intenta no fue presentado en el término, ante el Juez de Distrito, sino ante la autoridad responsable, dicha presentación no interrumpió el lapso legal de quince días, de la Ley de Amparo. También es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1004, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196278, cuyo tenor literal es el siguiente: De ahí que si la demanda que se analiza se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México hasta el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, según se advierte del sello de recibido que aparece en el escrito inicial, resulta claro que se hizo en forma extemporánea, al realizarlo fuera del lapso de quince días, por ende, consintió tácitamente dichos actos, por lo que opera de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista, pues se insiste que el plazo no puede ser interrumpido al haberla presentado ante la autoridad responsable. En tales condiciones, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **** *** y ********, por propio derecho. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Fundamental, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento se tienen las listas del juzgado. Por otra parte, se autorizan únicamente para que a través de los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, se entable comunicación no procesal, siguiendo los lineamientos indicados en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Autorizados. Se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a los profesionistas que cuenten con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de lo contrario, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y documentos. Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así´ se practiquen. Por otra parte, se autoriza únicamente para que a través del correo electrónico que proporciona, se entable comunicación no procesal, siguiendo los lineamientos indicados, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Por otra parte, se exhorta a las partes que de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (juicio en línea). Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto. Notifíquese; por lista a los promoventes. MESA II*
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