José Martínez Córdova

Expediente 1083/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1083/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • José Martínez Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ...archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, ...no tiene relevancia documental para su conservación. ...destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación....

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, mediante el cual remite por incompetencia la demanda promovida por el quejoso********************, contra el acto del Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, que hizo consistir en el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** de su índice. Al efecto, se acepta la competencia planteada, remítase acuse de recibo a dicho juzgado. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el expediente 1083/2023-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto recién trascrito, tenemos que es obligación del órgano de control constitucional examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis, del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así, este órgano de control constitucional, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." La hipótesis invocada prevé que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando se reclamen resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esto es, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución. En ese orden, las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales es improcedente, son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite o resuelva con motivo de aquel. Ahora, la promovente se duele del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el diverso juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, mediante el cual le previnieron para que aclarara su demanda de garantías. Así, en la medida que dicha prevención deriva de un diverso juicio de amparo, este juicio de amparo se torna improcedente de acuerdo con el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, ya que implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. Por tanto, en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece. Se cita por ilustrativa la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Común, Página: 886, Registro: 332230, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA ACTOS PROVENIENTES DE OTRO. Bien o mal dictada la resolución de un Juez de Distrito, si emana de un juicio de amparo, el que se presente contra ella es improcedente, de acuerdo con la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo". Asimismo, la diversa tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Informe 1941, Materia(s): Común, Página: 41, Registro: 814243, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 73 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales, en su fracción II, determina que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esta disposición debe interpretarse limitativamente, es decir, en el sentido de que las partes que intervinieron en un juicio de garantías, como son el quejoso y el tercero perjudicado, no pueden promover otro juicio de esa naturaleza contra la resolución dictada en el primero. Así, pues, si al tercero perjudicado se le reconoció esa personalidad y se le admitió el recurso de revisión contra la parte de la sentencia relativa que afectaba sus intereses, el amparo que por separado, haya promovido contra esa resolución, es improcedente de acuerdo con esa disposición legal, y debe sobreseerse, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la misma Ley de Amparo". Finalmente, la diversa tesis aislada XII.1o.4 K, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia(s): Común, Página: 305, Registro: 203421, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo". En las relatadas circunstancias, al actualizarse en el caso concreto la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta dable DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque las causales de improcedencia establecidas en la ley de amparo corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Es aplicable la Jurisprudencia número I.13º.A. J/6, visible en la página 1631, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la promovente en el escrito de demanda de amparo. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito. Asimismo, se pone a disposición de las partes el teléfono (961) 6170207, extensión 1241 -en horario de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas, para comunicaciones no procesales; por lo que respecta de las personas que acudan a este Juzgado, podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispongan para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Por otra parte, se colocará en el área de atención al público de cada órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. La atención al público en general será en un horario de 9:30 a 14:30 horas. Fuera del horario de oficinas de correspondencia común, la recepción de los asuntos nuevos y promociones de término que no tengan carácter de urgente se realizará a través del buzón judicial; mismo que funcionará de las 8:30 a las 23:59 horas en días hábiles. Las urgentes se deberán depositar en el buzón judicial de lunes a jueves hasta las 14:30 horas y a partir de las 14:31, los viernes y fines de semana, deberán presentarse directamente ante el órgano jurisdiccional de guardia, debiendo generar la promovente su acuse en el reloj fechador integrado al buzón referido, mismo que se encuentra en la entrada del edificio sede. A fin de impulsar el uso de medios tecnológicos y servicios digitales para fortalecerla Estrategia de Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible continúen la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea, mediante el registro de su usuario, contraseña y firma electrónica. Asimismo, en el caso de que, aun cuando los citados medios tecnológicos estén disponibles, sea indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional o cuando sea su deseo asistir, tomando en consideración las potenciales dificultades que pudieran tener para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, la revisión de promociones, acuerdos, resoluciones, sentencias, listas de acuerdos, entre otros, que se encuentren integrados de manera electrónica, podrán ser consultados en las instalaciones de este juzgado por medio de equipos de cómputo designados para tal fin; además, éstos equipos estarán disponibles para actuaciones en el Portal de Servicios en Línea o para la participación de videoconferencias. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/juicioenlinea, podrán encontrar información, tutoriales y soporte técnico vía telefónica o por correo electrónico, para solicitar su firma electrónica, presentación de promociones, consulta del expediente electrónico, consulta de notificaciones electrónicas, entre otras cuestiones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales correspondientes, practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Asimismo, se solicita a los actuarios adscritos: Deben privilegiar la entrega de oficios vía correo electrónico, solicitando el acuse respectivo o, en su caso, el acuse de entrega correspondiente. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Se hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con los artículos 1, 5 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo provee y firman de manera electrónica, el licenciado Felipe Sifuentes Servín, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, quien actúa con el licenciado Omar Maldonado Villafuerte, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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