José Martín Ramírez Rojas
Expediente 452/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Martín Ramírez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el treinta de septiembre de dos mil quince, se declaró concluido el expediente principal relativo. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados del Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, en acatamiento al punto Tercero del artículo Vigésimo Primero, del acuerdo general invocado, dado que se negó la suspensión respecto del acto reclamado y el duplicado, se considera susceptible de destrucción, en el término de seis meses, en atención a la fracción III, del artículo Vigésimo del referido acuerdo. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de nueve de septiembre de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Finalmente, de autos se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, por tanto, devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en El Rosario, Sinaloa, las copias certificadas que adjunto al su informe justificado, consistentes en las constancias que respaldaron el acto de autoridad, reclamado en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de cuenta. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, presentó pedimento. A lo que el juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, y en vista de que las partes no expresaron alegatos ni la representación social exhibió pedimento, se cierra dicho período. En vista de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 452/2015 promovido por José Martín Ramírez Rojas, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: Presentación de demanda y contenido. Por escrito presentado el once de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado a este Juzgado de Distrito de Distrito en el Estado (fojas 02 a 09) José Martín Ramírez Rojas, promovió demanda solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos que otorgan los artículos 14 y 16 Constitucionales, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Mixto de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa. Agente Único del Ministerio Público del Fuero Común de El Rosario, Sinaloa. Actuario Primero del Juzgado Mixto de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa. Actuario Segundo del Juzgado Mixto de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa. Comandante de la Partida de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, en El Rosario, Sinaloa. Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, en esta ciudad. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del El Rosario, Sinaloa. ACTO RECLAMADO "1.-De las autoridades ordenadoras. La orden de desposesión dictada en mi contra. 2.-De las ejecutoras. El cumplimiento que pretenden dar a dicha orden." II. Admisión y trámite. Mediante auto el quince de junio del presente año, este Juzgado de Distrito, admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, dar la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. III. Audiencia constitucional, La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el acuerdo general 3/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mencionado año, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, robustece a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 55/98, correspondiente a la Novena Época aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998 página 227, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También, es de invocarse la Tesis aislada identificada con la clave P. VI/2004, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por ello, después del minucioso examen a la demanda de amparo, este juzgador fija como acto reclamado, el siguiente: "La orden de desposesión y ejecución de la misma". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables 1) Juez Mixto de Primera Instancia, 2) Agente Único del Ministerio Público del Fuero Común, 3) Actuario Primero del Juzgado Mixto de Primera Instancia, 4) Actuario Segundo del Juzgado Mixto de Primera Instancia y 5) Comandante de la Partida de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, todos con residencia en El Rosario, Sinaloa, 6) Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, en esta ciudad y 7) Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del El Rosario, Sinaloa, consistente en la orden de desposesión y ejecución de la misma dictada en contra del quejoso Luis Antonio González Martínez. Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir su informe justificado negaron la existencia de ese acto que se le atribuye y, al constituir dicho informe documental pública, se le concede valor probatorio pleno, al ser emitido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º (fojas 33, 35, 26, 29, 23, 19 y 21 ). Aunado al valor referido, el quejoso no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dicha documental, no obstante que con fecha veinte de agosto del año en curso (foja 57), se le dio vista con el informe circunstanciado y pruebas remitidos por la autoridad responsable 1) Juez Mixto de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa, quien además de la negativa del acto del acto reclamado, precisó que en ese juzgado existe radicado el expediente 348/2003, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Cecilia Rojas Palomino, en el que el quejoso interviene como coheredero, y que existe un proyecto de partición suscrito y aceptado por el quejoso de referencia y el resto de los coherederos, sobre los bienes que conforman la masa hereditaria; sin embargo, también refiere que ninguno (de los inmuebles), coinciden con los datos del inmueble que señala el quejoso se le pretende desposeer y no existe constancia de que se haya emitido alguna orden que constituya el acto reclamado (foja 33). En consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados, al no haberse aportado pruebas que lo desvirtúe o que demuestren su existencia. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, se sobresee el presente juicio de garantías, respecto a los actos reclamados por el quejoso José Martín Ramírez Rojas, consistente en la orden de aprehensión y su ejecución librada en su contra. CUARTO. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época de inicio de la demanda, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; sin supresión de datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la ley en mención; asimismo, que en su caso se atenderá lo que específicamente señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por José Martín Ramírez Rojas, respecto de los actos de autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Leonor González Hernández, secretaria del juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, trece de agosto de dos mil quince. Vistos los autos, se advierte que no existe constancia de que se hubiera notificado a la parte quejosa el proveído de seis de julio del año en curso, donde se le dio vista con las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia de Rosario, Sinaloa. En consecuencia, se comisiona al actuario adscrito a fin de que notifique personalmente a la parte quejosa el proveído de seis de julio del año en curso. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE SEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes
- José Martín Meza Arellano940/2017
- José Martín Morales Vega579/2023
- Jose Martín Morales Vera91/2023
- José Martín Morales Vera288/2023
- José Martín Morales Vera172/2023
- José Martín Moreno Juárez280/2016
- José Martin Rodriguez Morales604/2016
- José Mayorquín Castañeda676/2015
- José Mendez Esquivel458/2018
- José Miguel Castañeda Osuna761/2023
- José Miguel Castañeda Osuna828/2023
- José Miguel Coronel Hernández648/2016