José Martín Pérez Domínguez

Expediente 236/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
236/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Encargado o Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente". Villa Aldama. Veracruz.
  • José Martín Pérez Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio 12875/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual este Juzgado de Distrito le remitió el informe rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados concedida en este asunto al quejoso José Martín Pérez Domínguez. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio número 7172/2019, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa, del que se advierte que dicho Tribunal aceptó la competencia que le fue planteada por auto de trece de marzo del año en curso. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no existe diligencia alguna por desahogar, mandato pendiente de cumplimentar, ni promoción alguna por acordar; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito; por tanto, dado que el presente asunto se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el punto primero, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y que no existen documentos originales agregados al expediente, con apoyo en lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo general invocado, podrá ser destruido el presente cuaderno a partir del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, previo el cumplimiento de los requisitos que prevé el punto vigésimo cuarto del propio acuerdo general. Finalmente, en virtud de lo antes acordado, previa copia certificada que se deje en autos, se ordena remitir al juez del conocimiento del asunto, el informe que obra en autos, rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados que le fue otorgada al agraviado José Martín Pérez Domínguez; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, solicitándose atentamente el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 813/2018-IV, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se negaron las medidas cautelares (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados; además a juicio del suscrito, no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse los expedientes al Centro Archivístico Judicial. Por otra parte, toda vez que el incidente de suspensión se formó por duplicado y separado; procédase a su destrucción (del duplicado) a partir del veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo signada por José Martín Pérez Domínguez, a través del cual comparece ante este órgano de control constitucional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 236/2019-VII, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este juzgado. Ahora bien, una vez analizada la demanda con que se da cuenta, se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la misma; para ello, resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Ahora, en el caso particular, el acto reclamado se hace consistir en una orden de traslado del quejoso de un centro de reclusión a otro, en cuya hipótesis, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo y en ese sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en otro centro penitenciario. De lo que se puede apreciar, la situación anterior encuadraría en la segunda hipótesis de las que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando dispone que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; sin embargo, de la lectura de la demanda, no se advierte que el acto reclamado pudiera tener ejecución en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Además, la autoridad señalada como responsable, corresponde al ámbito federal, lo que presupone el traslado del quejoso a un Centro Federal de Readaptación Social; por tanto, ante el dato objetivo que se tiene hasta el momento, que el peticionario de amparo está privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, implica que el acto reclamado podría ejecutarse en un distrito judicial diverso al de esta ciudad, debe atenderse a la primera regla de competencia por territorio, que establece la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado, que en el particular es el estado de Veracruz, que en todo caso será donde empezará a ejecutarse el acto reclamado. En ese contexto, conforme a las reglas que para la fijación de la competencia prevé el artículo 37 en cita, se advierte que en el caso concreto es la ejecución material del acto reprochado la originadora de la competencia jurisdiccional en el amparo, ya que si se trata de un acto que requiere ejecución material, entonces, se atenderá a la primera parte de dicho artículo dándose competencia al Juez de Distrito del lugar donde resida la autoridad responsable ejecutora. Es aplicable en lo substancial el criterio 1.60.P.55 P (10a.), sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2382, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Además, es de resaltarse que si bien en este municipio se encuentra el Centro Federal de Readaptación Social número Tres "Noreste", también es cierto que de conformidad con el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, emitido por el Secretario de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós siguiente, dicho centro penitenciario no se encuentra en funcionamiento y, por ende, no tiene población penitenciaria. Por otra parte, con el criterio aquí sostenido no se controvierte la jurisprudencia 35/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO."; pues de su contenido se desprende que refiere a una hipótesis diversa al presente en el asunto, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, -hipótesis prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo-; por ende, si se ha determinado que en el caso en concreto no se ha ejecutado el mismo y sus consecuencias, irrefutablemente, es inaplicable la jurisprudencia en cita. Por lo expuesto, al ser evidente que este juzgado no tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta, con apoyo en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se declina la competencia para conocer del presente juicio de amparo, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz que por razón de turno corresponda, residente en Xalapa, por lo que de inmediato remítasele el expediente en que se actúa por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esa ciudad, con el propósito de que decida si acepta la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias deducidas de este expediente y autógrafa de este acuerdo. En otro aspecto, con independencia de que se sostiene la incompetencia para conocer de la demanda en comento, con apoyo en los numerales 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, dado que el impetrante pide suspensión de plano contra orden de traslado, se concede la suspensión de plano al quejoso José Martín Pérez Domínguez, a fin de que no sea desplazado del lugar donde actualmente se encuentra (Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco 'Oriente', ubicado en Villa Aldama, Veracruz), según se refiere en la demanda de amparo, a otro centro de reclusión. Es aplicable al caso el criterio sostenido en la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 510, tomo 205-216 Sexta Parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE PLANO, ALCANCES DE LA. TRASLADO DE REOS. Si en la demanda de garantías se reclama la extracción de los quejosos del lugar de su reclusión, en donde se encuentran a disposición del Juez de su causa, para trasladarlos a sitio diferente y en éste causarles molestias sin motivo legal, incomunicarlos y torturarlos para declarar en su contra, fue correcta la determinación del Juez de Amparo de suspender de plano los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República y para evitar que éstos se realizaran, que también suspendiera de plano el traslado citado, pues de no haberlo hecho así, sería nugatorio y sin ningún efecto jurídico su mandato, por existir la posibilidad de que el mismo no fuera acatado y, por ende se actuó conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo en vigor." La suspensión de plano concedida respecto al traslado que se reclama, no surtirá efectos si el acto reclamado fue emitido por autoridad jurisdiccional; pues de lo contrario, al ser emitida solo por la autoridad administrativa, se está ante la presencia de un acto que afecta la libertad personal fuera de procedimiento, ante el cual, sí es procedente la medida cautelar. Por contener consideraciones aplicables al caso, se cita la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2013066, visible en la página 865, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." En el mismo orden de ideas, la suspensión que hoy se concede no surte efectos en el supuesto de que la orden de desplazamiento obedezca a medidas de seguridad en las prisiones, en atención a lo que dispone la legislación procesal que sea aplicable o bien en lo relativo a la Ley Nacional de Ejecución Penal en su caso; esto es, que no se pueda garantizar la integridad del aquí agraviado, dentro del Centro donde permanece. Supuestos éstos últimos en los que quedará bajo la más estricta responsabilidad de la responsable, salvaguardar en todo momento la integridad física del quejoso. Téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Guadalupe Ávila Ruiz, cuya cédula se encuentra capturada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el número de registro único 147009, del cual se anexa copia simple para los efectos legales a que haya lugar; por lo que hace a Eusebio Guadalupe Cerino González y Rafaela Domínguez Zamorano, se les faculta únicamente para imponerse de los autos en el presente asunto, como se aprecia de la demanda de mérito. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente acuerdo, previa razón de recibido que se deje en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

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