José Martin Oliva Ruiz

Expediente 847/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 43 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
847/2016
Año
2016
Actuaciones
43
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • José Martin Oliva Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Incidental

    Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso ...., y en atención a su contenido se provee: En términos del escrito de cuenta, y como lo solicita el promovente, ....., devuélvase el billete de depósito ...., previa razón respectiva que por su recibo asiente en autos persona autorizada para tal efecto. ......

  2. Incidental

    Agréguese a sus autos el escrito suscrito por el quejoso y en atención a su contenido se provee: En términos del ocurso de cuenta, dígasele al quejoso que no ha lugar a la devolución del billete de depósito .....

  3. Incidental

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que dentro del término legal no se interpuso el recurso de queja, en contra de la resolución del incidente de pago de daños y perjuicios ... se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes....

  4. Incidental

    Acto seguido, la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se planteó la incidencia que nos ocupa, el auto que la admitió, y el de veintidós de enero del año en curso, por el cual se fijó fecha de esta audiencia; al mismo tiempo, se da cuenta con el escrito registrado con el número 1072, mediante el cual el quejoso José Martín Oliva Ruiz, realiza manifestaciones en vía de alegatos y hace constar que el tercero interesado no formuló alegatos y el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, no presentó pedimento. A lo que la Juez acuerda: Se tiene al quejoso realizando manifestaciones en vía de alegatos y por perdido el derecho del tercero interesado para formularlos y del agente del Ministerio Público Federal de la adscripción para presentar pedimento, con lo que se declara cerrada la etapa de alegatos. Acto continuo se procede a dictar la resolución en el presente asunto. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de daños y perjuicios promovido por Beatriz Eugenia Hernández García, por conducto de su mandatario judicial Miguel Francisco Jiménez Hernández, dentro del juicio de amparo 847/2016, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil dieciséis, José Martín Oliva Ruiz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y actos que enseguida se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tiene el carácter de autoridades responsables en el presente juicio las siguientes: COMO AUTORIDAD ORDENADORA: Señaló a la Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo: La FALTA DE EMPLAZAMIENTO, ASÍ COMO TODO EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE LA SENTENCIA DEFINITIVA que en su caso se haya dictado en el juicio de controversia de arrendamiento Inmobiliario, expediente número 16/2014, Secretaria 'B', promovido por al hoy TERCERO INTERESADA BEATRIZ EUGENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, ante la autoridad señalada como responsable ordenadora, así como la ejecución de dicha sentencia que se pretenda dar y que trasciendan en actos que afecten al suscrito en su carácter de fiador del señor Rogelio Meza Ballesteros y la señora Angélica María Martínez Alejandri, en el contrato de arrendamiento de fecha nueve de diciembre del año 2012, que estos últimos celebraron con la señora Beatriz Eugenia Hernández García, por el término de DOCE MESES FORZOSOS para ambas partes, respecto del inmueble ubicado en el número 3 de la Calle de Oniquina, número 6207, Colonia Tres Estrellas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07820, de la Ciudad de México. Reclamo también todos los actos de ejecución que se hayan realizado, o se pretendan realizar respecto de mi persona, y que a la fecha bajo protesta de decir verdad me son totalmente desconocidos, por lo que me reservo el derecho de señalar nuevos actos reclamados, una vez que se tenga conocimiento de las constancias que rinda la responsable." (fojas 3 y 4) SEGUNDO. La demanda de amparo se recibió en este Juzgado Sexto de Distrito en la Ciudad de México, en donde se registró bajo el orden 847/2016; y por auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis se admitió a trámite; además, entre otras cosas, previa solicitud de la quejosa, se ordenó formar el incidente de suspensión por separado, en el cual se fijó fecha y hora para la audiencia incidental respectiva y se concedió la medida cautelar de manera provisional solicitada. (fojas 34 a 40 del cuaderno incidental) TERCERO. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 34 a 40 del cuaderno incidental), tuvo lugar la audiencia incidental respectiva, en la que se determinó conceder de manera definitiva la medida cautelar, para el efecto para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y por el momento, no se realicen gestiones con el fin de ejecutar en contra de la parte quejosa las resoluciones dictadas en la controversia de origen, se condicionó a la exhibición por parte de la quejosa de una garantía por la cantidad de $24,847.13 (veinticuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos 13/100 moneda nacional). Por auto de once de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo al quejoso exhibiendo el billete de depósito N-059977, por la cantidad de $24,847.13 (veinticuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos 13/100 moneda nacional), y con ello se ordenó hacer del conocimiento de las autoridades responsables que la suspensión definitiva continuaba surtiendo efectos. (foja 46 del cuaderno en que se actúa) TERCERO. Por sentencia de catorce de junio de dos mil diecisiete, se NEGÓ el amparo solicitado Contra dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se radicó ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el toca R.C. 236/2017, en el que mediante ejecutoria de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se confirmó la sentencia pronunciada por este juzgado federal. CUARTO. Beatriz Eugenia Hernández García, por conducto de su mandatario judicial Miguel Francisco Jiménez Hernández, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de enero de dos mil dieciocho, promovió incidente de daños y perjuicios. (foja 51 a 56 del incidente en que se actúa) El incidente en comento se admitió a trámite (foja 57 del incidente en que se actúa), ordenándose correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. Una vez que el quejoso desahogó la vista ordenada se fijó fecha para la celebración de la audiencia respectiva, la cual se llevó a cabo en términos del tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 156 de la Ley de Amparo vigente, en atención a que se trata de un incidente de daños y perjuicios relativo al incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo radicado ante este órgano de control constitucional. SEGUNDO. El incidente de daños y perjuicios que promueve la tercera interesada Beatriz Eugenia Hernández García, por conducto de su mandatario judicial Miguel Francisco Jiménez Hernández, es infundado por las siguientes consideraciones. En principio se precisa que el presente incidente de daños y perjuicios previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo vigente constituye el procedimiento mediante el cual el tercero interesado solicita la entrega del monto de la garantía que exhibió la quejosa para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida; ello, como una indemnización por haber paralizado la ejecución del acto reclamado como lo establece el párrafo primero del artículo 132 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.80/2011 ha señalado lo que debe entenderse por daños y perjuicios, y lo que debe acreditar el actor incidentista para hacer efectiva a su favor la garantía o garantías otorgadas para la suspensión de los actos reclamados, criterio que al no contraponerse en los aspectos indicados a la actual Ley de Amparo, se considera vigente, y el cual señala: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista". Acorde con la jurisprudencia transcrita los daños se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante, o sea, del tercero interesado, y los perjuicios corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido, a cuyo efecto, el promovente debe: i) Manifestar en los hechos del escrito incidental en qué consistieron los daños o los perjuicios causados, o ambos, así como justificar la relación directa de éstos con la suspensión de los actos reclamados. ii) Demostrar sus afirmaciones, ya que de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Respecto a los daños se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador estará en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida; en tanto, que para demostrar los perjuicios basta que se realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado ganancias, y probar su cuantificación. No obstante, la tercera interesada, en ninguno de los apartados que integran el escrito relativo realizó manifestación alguna en torno a las causas y motivos por los cuales se produjeron los daños y perjuicios que reclama; lo que impide a este juzgado emitir pronunciamiento alguno al respecto, pues no invoca, al menos la causa de pedir. Es así, pues del análisis del libelo relativo al incidente, se advierte que la incidentista, luego de referirse a la forma en que se emitió la suspensión definitiva, se limitó a narrar algunos antecedentes relevantes del juicio de origen, como lo es sentencia definitiva dictada en aquél controvertido, señalando que por virtud de la concesión de la suspensión no ha podido ejecutar y en su caso embargar bienes a fin de que el quejoso garantice la cantidad que le adeuda, para después hace una relatoría de las cantidades que le adeuda la parte quejosa. Así, con base en tales antecedentes, el actor incidentista refiere que con motivo de la suspensión definitiva concedida se le causaron daños y perjuicios a su patrimonio, al no poder ejecutar y en su caso embargar bienes del quejoso para garantizar la suma de $731,527.20 (setecientos treinta y un mil quinientos veintisiete pesos 20/100 moneda nacional). Luego, a fin de acreditar sus afirmaciones, el actor incidentista, ofreció la prueba instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el juicio controversia de arrendamiento de origen, y el juicio de amparo en que se actúa; y la presuncional legal y humana. No obstante, dichas manifestaciones y pruebas resultan inconducentes a efectos de acreditar que se le causaron daños y perjuicios, dado que: 1) Omitió manifestar en su escrito incidental en qué consistieron los daños y perjuicios que afirma se le ocasionaron con motivo de la substanciación del juicio de amparo. 2) Respecto a los daños no demostró el hecho, acto o situación concreta que los generó para constatar que se produjeron y el vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida; y 3) Con relación a los perjuicios no expuso los hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de haber tenido la disposición del inmueble, por lo que tampoco probó la cuantificación de los perjuicios ni el vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. Es así, porque el hecho de que se concediera al quejoso la suspensión definitiva y se fijara el monto de la garantía que debía otorgarse con motivo de la concesión de esa medida cautelar, no implica que desde ese momento se aceptara la existencia de los daños y perjuicios a la parte tercero interesada, ni que el parámetro considerado por este órgano de control constitucional para fijar su importe constituyera el monto que habría de considerarse en un incidente de reclamación de daños y perjuicios como infundadamente lo pretende hacer valer el incidentista, pues, como se ha dicho, corresponde a éste manifestar en qué consistieron los daños y perjuicios que afirma se causaron y probarlos. No genera diverso criterio en este juzgado el argumento vertido por el actor incidentista en el sentido de que con motivo de la suspensión, no ha podido ejecutar y en su caso embargar bienes del quejoso para garantizar la suma de $731,527.20 (setecientos treinta y un mil quinientos veintisiete pesos 20/100 moneda nacional). Se afirma lo anterior, porque -como se mencionó- en el caso era necesario que manifestara en qué consistieron los daños y perjuicios que afirma se le ocasionaron con motivo de la substanciación del juicio de amparo, aunado a que no el hecho, acto o situación concreta que le generó algún daño, estrictamente vinculado con la medida cautelar concedida. En consecuencia, al no haberse acreditado que la tercera interesada Beatriz Eugenia Hernández García, sufrió algún daño o perjuicio con motivo de la medida cautelar durante el tiempo que fue concedida al quejoso, se declara infundado el presente incidente de daños y perjuicios. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. Es infundado el incidente de daños y perjuicios, promovido por Beatriz Eugenia Hernández García, por conducto de su mandatario judicial Miguel Francisco Jiménez Hernández, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 847/2016. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma María Luisa Cervantes Ayala, Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la ciudad de México, ante Azucena Espinoza Chá, Secretaria que da fe. Doy fe. 'aec. En la Ciudad de México, a las nueve horas del 02/02/2018, se notificó por medio de lista la resolución que antecede, en términos de los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo vigente. Doy fe. El Actuario En 06/02/2018, surtió efectos legales la notificación que refiere la razón que antecede, conforme a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo vigente. Doy fe. El Actuario

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