Jose Martin Luviano Lopez

Expediente 578/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
578/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Jose Martin Luviano Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad en cita, por medio del cual acusa recibo del Toca de Apelación número -, asimismo, como lo pide, remítasele copia certificada del auto de archivo dictado dentro del presente asunto en veintitrés de octubre de dos mil veinte, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, una vez que el presente proveído se encuentre debidamente listado y publicado, devuélvase el presente asunto al archivo de este juzgado de donde fue extraído. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada con fecha veintitrés de septiembre del año en curso, en la que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial de cuenta de donde se desprende que el actuario adscrito a este juzgado federal, asentó la imposibilidad que tuvo a fin de notificar el auto de fecha veintitrés de septiembre pasado a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto, por tanto, en términos del artículo 27 fracción lll, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del proveído de veintitrés de septiembre del año en curso y las subsecuentes se le realicen por medio de lista. Notifíquese.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite las constancias relativas a la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, contra actos del Ciudadano Magistrado de la Primera Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; Acúsese recibo de estilo correspondiente y hágase del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, que con esta fecha éste órgano jurisdiccional de control constitucional, se avoca al conocimiento de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número l-578/2020-D. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: " IV. ACTOS RECLAMADOS. La resolución emitida en fecha 26 veintiséis de febrero del año en curso, dentro de las actuaciones integrantes del expediente número de Toca -, mediante el cual resuelve el recurso de apelación interpuesto por el suscrito, en el cual se confirma el auto impugnado de fecha 4 cuatro de diciembre del año 2019, dictado por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán." En atención al acto reclamado el suscrito advierte un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en la resolución emitida en fecha veintiséis de febrero del año en curso, dentro de las actuaciones que integran el expediente número de Toca -, mediante el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, y se confirma el auto impugnado de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán, mediante el cual el Juez primario declaró improcedente el litisconsorcio pasivo necesario, derivado del Juicio Ordinario Civil número -. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que la decisión del órgano responsable, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al aquí quejoso, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. Sirve de sustento la jurisprudencia número 1086, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación con el 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Por otra parte, se tiene a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, autorizando para tal efecto a Ana Georgina Galván Méndez, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, virtud a que como se desprende de la constancia secretarial, se encontró su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así respecto de las restantes personas que indica, a quienes se faculta únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, por no cumplir con el requisito en mención. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente."; LO ANTERIOR, POR ESTAR ASÍ ORDENADO EN PROVEÍDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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