José Martín González Zagal
Expediente 550/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2017
Partes del expediente
- José Martín González Zagal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la ley en la materia, se provee: Como lo solicita el compareciente, expídanse las copias certificadas a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, teniéndose por autorizada para recibirla a las personas que designa, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir preferentemente a este juzgado dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a los terceros interesados *****, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hayan hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (fojas 113 a 115), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíqueseles por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada de las constancias relativas del expediente *****, de su índice, promovido por *****. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el que solicita se envíe oficios a los Directores de Tránsito del Estado y Municipal, de esta ciudad, para la localización, detención, aseguramiento y presentación de las unidades que le fueron embargadas a la parte demandada, en el expediente *****. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de dar contestación al escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el que solicita se envíe oficios a los Directores de Tránsito del Estado y Municipal, de esta ciudad, para la localización, detención, aseguramiento y presentación de las unidades que le fueron embargadas a la parte demandada, en el expediente *****. Al rendir informe justificado la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de veintiséis de mayo del año en curso (fojas 134 y 135), dictado en el expediente laboral *****, donde dio contestación al escrito de mérito y se advierte que previo a proveer lo solicitado por la parte quejosa, requirió a la Secretaría de Transportes del Estado de Chiapas si los vehículos embargados se encuentran a nombre de la parte demandada, a fin de que tenga la certeza jurídica que dichos bienes son propiedad de los demandados. Lo expuesto permite evidenciar que en este asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo dio contestación a la petición formulada mediante escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente *****; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, el Presidente de la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión de dar contestación al escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el que solicita se envíe oficios a los Directores de Tránsito del Estado y Municipal, de esta ciudad, para la localización, detención, aseguramiento y presentación de las unidades que le fueron embargadas a la parte demandada, en el expediente *****, lo que en el caso se subsana con el proveído dictado por la autoridad. De ese modo, se concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de dar contestación al escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el que solicita se envíe oficios a los Directores de Tránsito del Estado y Municipal, de esta ciudad, para la localización, detención, aseguramiento y presentación de las unidades que le fueron embargadas a la parte demandada, en el expediente *****, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil diecisiete. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese; personalmente al quejoso, terceros interesados y agente del Ministerio Público Federal adscrita; por oficio a la autoridad responsable y cúmplase.
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