José Martín González Nuñez
Expediente 337/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Martín González Nuñez
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 13084/2021 proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado, el contenido del proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de amparo 372/2021-II, de su índice, por el que aceptó la competencia planteada por este juzgado y en ese mismo acuerdo desechó la demanda de amparo promovida por José Martín González Núñez; agréguese a los autos y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente; En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, dentro del juicio de amparo 372/2021 de su índice, no ha informado lo respecto al acuerdo recaído con motivo de la incompetencia declinada por este juzgado federal mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, gírese de inmediato, atento oficio digitalizado vía interconexión, al citado juzgado, para que de no tener inconveniente legal alguno, informe a la brevedad y por el mismo medio, el acuerdo recaído con motivo de la incompetencia declinada por este juzgado federal mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, para estar en posibilidad de acordar lo conducente. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de juez de distrito, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial lo determine o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba titular en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2765/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Visto; el oficio 16637/2021 de la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, encargada del despacho, con residencia en Tuxpan, Veracruz, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 463/2021 (1006/2021), que se envió para que dicha autoridad notificara a la parte quejosa ******; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas, sin necesidad de remitir el acuse respectivo, habida cuenta que la vía por la que se recibió lo generó electrónicamente. Ahora bien, vista la certificación secretarial de cuenta, de donde se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a dicha parte, mediante proveído de dieciséis de julio del año en curso, para que señalara domicilio procesal en esta ciudad, sin que hubiera cumplido con lo requerido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓNVisto el oficio E-2292/2021 y anexos que lo acompañan, remitidos por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el amparo directo 313/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo interpuesta por José Martín González Núñez, en el que dicho Tribunal Colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, declinándola a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, correspondiendo conocer de ella a este órgano jurisdiccional. Fórmese expediente, glósese a los autos el oficio y anexos de mérito, acúsese el recibo de estilo al Tribunal oficiante, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 337/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIAEn el caso particular, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, considera carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo. Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [Lo resaltado es propio]. De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: 1. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, ante el que se presente la demanda cuando si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. 3. Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que, es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para determinar si en el caso se está en alguna de las hipótesis de incompetencia de este juzgado para conocer del presente asunto, debe tenerse presente que el acto reclamado se hizo consistir en: "[.] La RESOLUCIÓN dictada por el C. Magistrado De La Octava Sala En Materia Familiar Del H. Tribunal Superior De Justicia del Estado, dictada en los autos del TOCA CIVIL NÚMERO 585/2020, en FECHA 25 (VEINTICINCO) DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, Y LA CUAL ME FUERA NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA ES DECIR EN FECHA 25 (VEINTICINCO) DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS QUE PUBLICA ESE H. TRIBUNAL, RESOLUCIÓN QUE RESOLVIERA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL SUSCRITO HOY QUEJOSO, CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL C. JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE PANUCO, VERACRUZ, EN FECHA 06 (SEIS) DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 2019, EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO 69/2019-IV, DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PANUCO, VERACRUZ, INSTAURADO EN CONTRA DEL SUSCRITO, REFERENTE A LA REDUCCIÓN DE ALIMENTOS Y OTRAS PRESTACIONES [.]" Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se desprende lo siguiente: "1.- MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA 06 (SEIS) DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 2019, DICTADA POR EL C. JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE PANUCO, VERACRUZ, EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO 69/2019-IV, INSTAURADO EN CONTRA DEL SUSCRITO HOY QUEJOSO SOBRE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y OTRAS PRESTACIONES, el Suscrito hoy quejoso Interpuse Recurso De Apelación, esto mediante escrito de FECHA 04 (CUATRO) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, toda vez que la Resolución antes señalada concluyo de la siguiente manera: "PRIMERO.- HA SUIDO IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES PLANTEADO POR JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ NÚÑEZ, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL CONSIDERANDO DOS DE LA PRESENTE INTERLOCUTORIA; SEGUNDO.- ATENDIENDO AL RESULTADO DESFAVORABLE PARA EL ACTOR INCIDENTAL SOBRE SU PRETENSIÓN, DE ACURDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VERACRUZANO, SE CONDENA A JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ NÚÑEZ, AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS EROGADOS EN EL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL, A FAVOR DE LA DEMANDADA INCIDENTAL, PRESTACIÓN QUE SERÁ MATERIA DE REGULACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ESTA INTERLOCUTORIA; TERCERA. NOTIFÍQUESE ..." Recurso De Apelación, mismo que fuera radicado ante la OCTAVA SALA EN MATERIA FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, BAJO EL NÚMERO DE TOCA 585/2020, EL CUAL SE TRAMITO POR SU SECUELA PROCEDIMENTAL HASTA LLEGAR A DICTAR resolución ESTO EN FECHA 25 (VEINTICINCO) DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, Resolución que me CAUSA AGRAVIOS y que se combate por esta vía." Así las cosas, la suscrita juzgadora considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de Panuco, Veracruz, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. "Registro digital: 186052 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 47/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 49 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos 36, 49, 52 y 55 de la propia ley, así como de lo dispuesto en los acuerdos generales, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía." Lo anterior se determina así, en virtud de que el quejoso reclama la resolución dictada por la autoridad responsable Octava Sala en Materia Familiar del. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dictada en los autos del toca civil número 585/2020, en fecha veinticinco de febrero del año en curso, que modifica la diversa resolución dictada el seis de noviembre de dos mil diecinueve por el Juez del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Panuco, Veracruz, relativa al incidente de nulidad de notificaciones el seis de noviembre de dos mil diecinueve, promovido en el juicio ordinario civil 69/2019-IV, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Panuco, Veracruz, instaurado en contra del aquí quejoso; por lo que dicho acto se materializará en dicho municipio. De modo que, no se está en presencia de un acto declarativo y por ende, no se puede aplicar la regla de lugar de presentación de la demanda de amparo, sino que la competencia se fija con base en las reglas de ejecución, pues el acto reclamado requiere de ejecución material. Cabe señalar que tampoco se está en presencia del acto reclamado tenga ejecución en diversos lugares, pues lo que se reclama es la resolución dictada por la autoridad responsable Octava Sala en Materia Familiar del. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dictada en los autos del toca civil número 585/2020, en fecha veinticinco de febrero del año en curso, resolución que resolviera el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, contra de la resolución dictada por el Juez del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Panuco, Veracruz, el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil 69/2019-IV, de su índice, de ahí que la resolución reclamada que se materializará en ese municipio. Por tanto, los actos reclamados en el presente juicio de amparo tendrán ejecución en un lugar diverso al en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, esto es, se materializará en el municipio de Panuco, Veracruz, pues es en ese lugar donde se encuentra el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Panuco, Veracruz, donde se encuentra radicado el juicio natural; por lo que, es inconcuso que corresponde conocer del presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Tuxpan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Séptima Época Registro: 395560 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 91 Página: 142 COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por lo tanto, este Juzgado Federal es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda que nos ocupa, en atención a las consideraciones expuestas. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el punto Segundo, fracción VII, párrafo quinto, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y estima que resulta competente el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Tuxpan. Resulta aplicable, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Octava Época Registro: 206167 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Mayo de 1992 Materia(s): Común Tesis: 1a. II/92 Página: 94 COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De igual forma, tiene aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 200781 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 13/95 Página: 107 COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En consecuencia, debe remitirse los autos originales que conforman este sumario y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, en turno. Por tanto, recábense las copias de las constancias que resulten necesarias de este expediente, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Por lo que, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, que realice las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, toda vez que en la demanda de amparo el quejoso señala domicilio para citas y notificaciones uno fuera donde reside este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Amparo; 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia; y, artículo 4° del Acuerdo General Conjunto del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación. Gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional y seguro de reciprocidad en casos análogos, notifique de manera persona el presente proveído al quejoso José Martín González Núñez, en el domicilio ubicado en calle Ferrocarril Interoceánico, número 13, despacho número 8, colonia Laureles, en Xalapa, Veracruz. Asimismo, deberá requerirlo para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndolo que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. De igual forma, se solicita al homólogo federal que una vez diligenciada en sus términos la comunicación oficial, se sirva remitir las constancias respectivas por la misma vía y la devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional. Sin que resulte necesario solicitarle acuse de recibo, toda vez que el acuse de envío generado en el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), hace las veces del mismo, ello de conformidad con el artículo 110 del supracitado Acuerdo General Conjunto 1/2015. Finalmente, se faculta al juzgado exhortado para que habilite días y horas inhábiles, acuerde todo tipo de promociones, imponga medidas de apremio, y realice todas las actuaciones tendientes al desahogo de la actuación encomendada. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gamaliel Villegas González, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Ernesto Corona García, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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