José Martín García Vega
Expediente 2752/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2752/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/04/2019
Partes del expediente
- José Martín García Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado a la parte quejosa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, y a la autoridad tercera interesada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para que la autoridad responsable Décima Séptima Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, realizara lo siguiente: "De no existir impedimento legal para tal efecto y de no haberlo hecho, acredite que dictó la resolución correspondiente en el incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio laboral 641/2010 de su índice; asimismo, lo haga del conocimiento a las partes, o, en su caso, haga constar los motivos que se lo impidió.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el uno de marzo de dos mil diecinueve, dictó la resolución correspondiente al incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio laboral 641/2010 de su índice, y la notificó a las partes el catorce y el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, respectivamente. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Remite constancias. Visto el contenido del oficio que suscriben los delegados de las autoridades responsables dependientes de la Universidad de Guadalajara, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en proveídos de nueve de noviembre de dos mil dieciocho y ocho de marzo de dos mil diecinueve, y al efecto remite copias simples, certificadas y originales de las constancias que les fueron solicitadas; al respecto, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Principal
Vías de cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, en atención al requerimiento contenido en proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, remite la resolución dictada el uno de marzo de dos mil diecinueve, correspondiente al incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio laboral 641/2010, de su índice; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requerimiento. En razón e lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído: acredite haber notificado a las partes la resolución interlocutoria dictada el uno de marzo de dos mil diecinueve, correspondiente al incidente de liquidación promovido en el juicio laboral 641/2010, de su índice; remitiendo constancia fehaciente de las mismas. III. Requerimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. IV. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Junta responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de dos mil doce, Tomo cuatro, página tres mil quinientos quince, que al rubro dice: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Notifíquese.
- Principal
Agréguese. Se tiene por recibido el oficio signado por el Encargado del Área de Amparos de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, en atención al requerimiento contenido en proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, informa a este órgano jurisdiccional que no le es posible cumplir en el término de veinticuatro horas con el mismo, exponiendo los motivos que le impiden emitir la resolución incidental de mérito, y al efecto, solicita prórroga para cumplir con el fallo protector; al respecto con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. No ha lugar prórroga. En relación a la prórroga que solicita, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que la oficiante no acredita en modo alguno, la necesidad de la ampliación del término que refiere, puesto que únicamente se limita a manifestar, de manera por demás dogmática, que le es imposible cumplir con el fallo protector, dada la falta de estudio del expediente de origen y la valoración del caudal probatorio; sin embargo, dichas circunstancias no constituyen un impedimento legal para desacatar un mandato judicial, y menos aún, los términos procesales establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Estado de Autos. Ahora bien, el estado procesal del presente asunto, revela los siguientes antecedentes: 1. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, en la cual, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: [.] De no existir impedimento legal para tal efecto y de no haberlo hecho, acredite que dictó la resolución correspondiente en el incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio laboral 641/2010 de su índice; asimismo, lo haga del conocimiento a las partes, o, en su caso, haga constar los motivos que se lo impidió. [.] Ello, derivado de la situación, que desde el quince de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso promovió incidente de liquidación ante la responsable, en el juicio laboral de origen, sin que hasta ésta fecha se haya resuelto el mismo -lo cual, dicho sea de paso-, evidencia que la violación procedimental continua. Para ello, este juzgado federal otorgó a la autoridad responsable en cita un término de tres días, y ante tal requerimiento, la responsable remitió el oficio con número de registro 827, el cual contenía adjunto el proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual -en lo que importa-, señaló como fecha para la celebración de la audiencia interlocutoria de liquidación, el catorce de febrero de dos mil diecinueve, (siendo que debió observar los términos procesales a que lo obliga la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 763). Ante ello, el once de enero de dos mil diecinueve, este órgano federal requirió a la autoridad responsable, a fin de que informara lo conducente respecto a la audiencia incidental de liquidación, especificada en el punto anterior; y para ello, se le otorgó un término de tres días. En consecuencia, el uno de febrero del año en curso, este juzgado federal tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, exhibió el proveído de catorce de enero de dos mil dieciocho, en el cual, -en la parte que interesa- se advierte que de nueva cuenta difirió la audiencia incidental de liquidación y señaló para su verificativo el catorce de febrero de dos mil diecinueve; inobservando de nueva cuenta los términos procesales que establece la Ley Federal del Trabajo. Así, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio 08.17-1849/2019, mediante el cual, la responsable exhibió el proveído dictado el catorce de febrero del año en curso, en el juicio laboral de origen, de cuyo contenido se advierte, que tuvo por celebrada la audiencia incidental de liquidación el catorce de febrero de dos mil diecinueve, y al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni promoción alguna por acordarse, ordenó turnar los autos al dictaminador para que pronunciara la resolución que en derecho correspondiera, por lo que este órgano jurisdiccional, otorgó un término de veinticuatro horas, a fin de que acreditara haber cumplido con la ejecutoria de amparo, es decir, acreditara haber emitido la resolución interlocutoria de mérito, siendo que desde el catorce de febrero de dos mil diecinueve, celebró dicha audiencia incidental sin que a la fecha obre en autos dicha resolución. En ese orden de ideas, finalmente la autoridad responsable, como se vio, acude ante este juzgado federal solicitando una prórroga para emitir la resolución interlocutoria de mérito, y con ello, cumplir lo ordenado en la sentencia de amparo, siendo que desde el catorce de febrero de dos mil diecinueve, dilató injustificadamente el procedimiento, desacatando los términos procesales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, así como el mandato judicial emitido por este juzgador. Requerimiento se otorga término prudente. En consecuencia, dígasele a la oficiante que la imposibilidad manifestada, es decir, la necesidad de estudio de la demanda y su contestación, para emitir la resolución correspondiente al incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio laboral de origen 641/2010, no es excusa legal suficiente, toda vez que está incumpliendo con los términos procesales señalados por la Ley Federal del Trabajo, pese a la dilación sobresaltada en el presente proveído. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión antes de remitir los autos en inejecución de sentencia, a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro de un término prudente e improrrogable de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído: acredite haber dictado la resolución correspondiente en el incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio laboral 641/2010, de su índice; remitiendo constancia fehaciente de la misma, así como de las constancias de notificación a las partes de dicha resolución interlocutoria. VI. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene sustento lo anterior, en la siguiente jurisprudencia que reza de la siguiente manera: Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Junta responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de dos mil doce, Tomo cuatro, página tres mil quinientos quince, que al rubro dice: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Notifíquese.
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